Las cinco personas detenidas este martes en la provincia del Azuay durante la protesta indígena contra la Ley de Aguas salieron la tarde de ayer en libertad. Sin embargo, en su contra se mantiene la acusación de terrorismo y sabotaje a los servicios públicos, de agresión a vehículos y a policías, por lo cual podrían tener una pena de hasta 12 años de cárcel, informó ayer su abogado, Luis Guerrero y desmintió las acusaciones.
Carlos Pérez, Reinando Arpi, Ángel Guzmán, Pablo Quezada e Isaac Lojano estaban detenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Cuenca, luego de que el Fiscal de Garantías Penales, Guillermo Neira les dictara orden de detención preventiva.
Pero el presidente de la Corte Provincial de Justicia, José Vicente Andrade, en su decisión de dejarlos en libertad argumentó que los elementos presentados para la detención no fueron suficientes. El juicio continuará y la Fiscalía tiene 30 días para realizar las investigaciones correspondientes.
Ayer, la asambleísta indígena Lourdes Tibán, repudió esa situación. "Rechazamos la forma en que han sido tratados los indígenas en Azuay y fuera de la Asamblea. La coordinación indígena presentará una demanda de inconstitucionalidad por violar el derecho a la resistencia, garantizado en la Constitución. Es injusto que se pretenda acusar de sabotaje y terrorismo a cinco compañeros en Azuay", enfatizó.
Tibán también cuestionó "el doble discurso del presidente de la Asamblea (Fernando Cordero). Hoy dice que no hay condiciones para dialogar, cuando ayer (martes) se comprometió a convocar a una reunión de las bancadas, pese a que dijo que no cabía que el proyecto vuelva a la comisión y que podíamos llegar a un consenso", agregó.
La legisladora por PK deslindó responsabilidad del movimiento indígena sobre un grupo de colegiales que lanzaron piedras en las afueras de la Asamblea.
"Los indígenas se replegaron al parque El Arbolito, y nadie puso en riesgo a nadie como dice el presidente de la Asamblea", acotó.
De otro lado, en la provincia del Cañar, la Unión Provincial de Cooperativas de esa provincia anunció el cierre de vías desde esta madrugada en respaldo a los indígenas. "Vamos a hacernos escuchar y que el gobierno sepa que estamos defendiendo lo nuestro", dijo Alfonso Morquecho, dirigente.
De igual forma, en Loja campesinos se organizaban para volver a las vías. "Si el Gobierno quiere pelea la va a tener", manifestó la dirigente Carmen Lozano.
En cambio, miembros del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi permanecieron ayer en Quito, tras la protesta en la Asamblea. Maritza Salazar, dijo que está coordinando el abastecimiento de alimentos.
Esto, mientras Abraham Salazar, mantuvo reuniones en Latacunga para definir otras acciones de protesta. (RMT-PC).
Indígenas radicalizarán hoy su protesta por el agua
El parque de El Arbolito, en el centro-norte de Quito, albergó ayer a cientos de indígenas, que se mantienen en vigilia desde el martes, a la espera de que la Asamblea incluya sus propuestas en la Ley de Aguas.
En ese contexto, Marlon Santi, presidente de la Conaie, advirtió que hoy la protesta se radicalizará si no son escuchados.
Delfín Tenesaca, principal de la Ecuarunari, acotó que esperan el arribo a la capital de entre 5 y 6 mil indígenas de las bases provinciales.
Hasta el parque acudieron para respaldar a los indígenas organizaciones como Acción Ecológica, que llevó tres borregos cubiertos con banderas verdes de AP, que representan a los legisladores oficialistas.
Esto, mientras el vicepresidente Lenín Moreno y los ministros de Gobierno, Gustavo Jalkh y de la Política, Doris Soliz, cuestionaron las movilizaciones. Moreno evidenció su preocupación por los enfrentamientos del martes por la noche entre indígenas y policías fuera de la Asamblea y advirtió con sanciones. Jalkh dijo que iniciaron acciones penales, pues aseguró que habría 15 policías heridos. Advirtió además que no permitirá el cierre de vías. "El cierre de carreteras está tipificado como delito penal", expresó. Soliz desestimó la manifestación y aseguró que la Conaie busca "reivindicarse políticamente".
Tenesaca respondió: "Otra vez quieren culparnos de acciones violentas, como lo ocurrido en Morona Santiago, aún cuando los indios estábamos desarmados", puntualizó.
Carlos Pérez, Reinando Arpi, Ángel Guzmán, Pablo Quezada e Isaac Lojano estaban detenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Cuenca, luego de que el Fiscal de Garantías Penales, Guillermo Neira les dictara orden de detención preventiva.
Pero el presidente de la Corte Provincial de Justicia, José Vicente Andrade, en su decisión de dejarlos en libertad argumentó que los elementos presentados para la detención no fueron suficientes. El juicio continuará y la Fiscalía tiene 30 días para realizar las investigaciones correspondientes.
Ayer, la asambleísta indígena Lourdes Tibán, repudió esa situación. "Rechazamos la forma en que han sido tratados los indígenas en Azuay y fuera de la Asamblea. La coordinación indígena presentará una demanda de inconstitucionalidad por violar el derecho a la resistencia, garantizado en la Constitución. Es injusto que se pretenda acusar de sabotaje y terrorismo a cinco compañeros en Azuay", enfatizó.
Tibán también cuestionó "el doble discurso del presidente de la Asamblea (Fernando Cordero). Hoy dice que no hay condiciones para dialogar, cuando ayer (martes) se comprometió a convocar a una reunión de las bancadas, pese a que dijo que no cabía que el proyecto vuelva a la comisión y que podíamos llegar a un consenso", agregó.
La legisladora por PK deslindó responsabilidad del movimiento indígena sobre un grupo de colegiales que lanzaron piedras en las afueras de la Asamblea.
"Los indígenas se replegaron al parque El Arbolito, y nadie puso en riesgo a nadie como dice el presidente de la Asamblea", acotó.
De otro lado, en la provincia del Cañar, la Unión Provincial de Cooperativas de esa provincia anunció el cierre de vías desde esta madrugada en respaldo a los indígenas. "Vamos a hacernos escuchar y que el gobierno sepa que estamos defendiendo lo nuestro", dijo Alfonso Morquecho, dirigente.
De igual forma, en Loja campesinos se organizaban para volver a las vías. "Si el Gobierno quiere pelea la va a tener", manifestó la dirigente Carmen Lozano.
En cambio, miembros del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi permanecieron ayer en Quito, tras la protesta en la Asamblea. Maritza Salazar, dijo que está coordinando el abastecimiento de alimentos.
Esto, mientras Abraham Salazar, mantuvo reuniones en Latacunga para definir otras acciones de protesta. (RMT-PC).
Indígenas radicalizarán hoy su protesta por el agua
El parque de El Arbolito, en el centro-norte de Quito, albergó ayer a cientos de indígenas, que se mantienen en vigilia desde el martes, a la espera de que la Asamblea incluya sus propuestas en la Ley de Aguas.
En ese contexto, Marlon Santi, presidente de la Conaie, advirtió que hoy la protesta se radicalizará si no son escuchados.
Delfín Tenesaca, principal de la Ecuarunari, acotó que esperan el arribo a la capital de entre 5 y 6 mil indígenas de las bases provinciales.
Hasta el parque acudieron para respaldar a los indígenas organizaciones como Acción Ecológica, que llevó tres borregos cubiertos con banderas verdes de AP, que representan a los legisladores oficialistas.
Esto, mientras el vicepresidente Lenín Moreno y los ministros de Gobierno, Gustavo Jalkh y de la Política, Doris Soliz, cuestionaron las movilizaciones. Moreno evidenció su preocupación por los enfrentamientos del martes por la noche entre indígenas y policías fuera de la Asamblea y advirtió con sanciones. Jalkh dijo que iniciaron acciones penales, pues aseguró que habría 15 policías heridos. Advirtió además que no permitirá el cierre de vías. "El cierre de carreteras está tipificado como delito penal", expresó. Soliz desestimó la manifestación y aseguró que la Conaie busca "reivindicarse políticamente".
Tenesaca respondió: "Otra vez quieren culparnos de acciones violentas, como lo ocurrido en Morona Santiago, aún cuando los indios estábamos desarmados", puntualizó.
