Tarifa. En la prestación de servicios, el Estado pagará a las compañías privadas una tarifa por cada barril de crudo extraído; hoy se aplica una participación porcentual.
Las negociaciones con las compañías petroleras Ecuador TLC, Repsol YPF, Andes Petroleum y Petroriental, para cambiar la modalidad de sus contratos vigentes con el Estado, avanzan.
El nuevo modelo de contrato que se aplicará en el país desde este año será el de prestación de servicios. Bajo esta modalidad, el Estado pagaría a las empresas petroleras privadas un valor promedio de 30 dólares por cada barril de crudo entregado a Petroecuador, para que sea refinado o comercializado en el mercado internacional, tomando en cuenta los precios actuales del petróleo.
La tarifa variará con cada compañía, ya que dentro de la negociación se tomarán en cuenta parámetros como la ubicación de los pozos, la calidad de crudo que extraen, la tecnología que ocupan, entre otros. Pero la diferencia no será más de 1 dólar por barril, entre una y otra empresa, según los técnicos.
Augusto Tandazo, experto petrolero, sostiene que “la modalidad de prestación de servicios es buena en la medida en que los precios del crudo estén altos. Pero si los precios del petróleo caen, este modelo será perverso para los intereses del Estado”, añade.
Frente a esta eventualidad, el Gobierno pretende aplicar el denominado margen de soberanía petrolera, que equivale a un porcentaje del 20%.
Esto significa que del precio del barril de crudo, el 20% es fijo para el Estado y sobre el 80% restante se aplican los costos de producción, transporte y otros para establecer la tarifa de la prestación de servicios.
Tandazo considera que para concretar los nuevos contratos hay que hacer una reforma a la Ley de Hidrocarburos.
En el seminario sobre “manejo de recursos”, Jorge Regalado, funcionario de Petroecuador, precisó que el proceso de negociación con las petroleras privadas se está efectuando bajo el marco de la Ley de Hidrocarburos vigente. No obstante, los contratos suscritos bajo la figura de prestación de servicios tendrán que ajustarse a la nueva ley, una vez que sea aprobada por la Asamblea.
Los nuevos contratos petroleros estarán definidos a finales de abril, si se cumple el plazo de 45 días que ha establecido el Gobierno.
Las negociaciones con las compañías petroleras Ecuador TLC, Repsol YPF, Andes Petroleum y Petroriental, para cambiar la modalidad de sus contratos vigentes con el Estado, avanzan.
El nuevo modelo de contrato que se aplicará en el país desde este año será el de prestación de servicios. Bajo esta modalidad, el Estado pagaría a las empresas petroleras privadas un valor promedio de 30 dólares por cada barril de crudo entregado a Petroecuador, para que sea refinado o comercializado en el mercado internacional, tomando en cuenta los precios actuales del petróleo.
La tarifa variará con cada compañía, ya que dentro de la negociación se tomarán en cuenta parámetros como la ubicación de los pozos, la calidad de crudo que extraen, la tecnología que ocupan, entre otros. Pero la diferencia no será más de 1 dólar por barril, entre una y otra empresa, según los técnicos.
Augusto Tandazo, experto petrolero, sostiene que “la modalidad de prestación de servicios es buena en la medida en que los precios del crudo estén altos. Pero si los precios del petróleo caen, este modelo será perverso para los intereses del Estado”, añade.
Frente a esta eventualidad, el Gobierno pretende aplicar el denominado margen de soberanía petrolera, que equivale a un porcentaje del 20%.
Esto significa que del precio del barril de crudo, el 20% es fijo para el Estado y sobre el 80% restante se aplican los costos de producción, transporte y otros para establecer la tarifa de la prestación de servicios.
Tandazo considera que para concretar los nuevos contratos hay que hacer una reforma a la Ley de Hidrocarburos.
En el seminario sobre “manejo de recursos”, Jorge Regalado, funcionario de Petroecuador, precisó que el proceso de negociación con las petroleras privadas se está efectuando bajo el marco de la Ley de Hidrocarburos vigente. No obstante, los contratos suscritos bajo la figura de prestación de servicios tendrán que ajustarse a la nueva ley, una vez que sea aprobada por la Asamblea.
Los nuevos contratos petroleros estarán definidos a finales de abril, si se cumple el plazo de 45 días que ha establecido el Gobierno.
