Los jueces Sabett Chamoun Villacrés y Carlos Abad Garcés, del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Pichincha, que resolvieron recientemente el caso de Teleamazonas, le salieron al paso al presidente de Conartel, Jorge Glass, y le pidieron que investigue casa adentro antes de hablar en contra de los operadores de justicia.
Los dos señalaron que en todo caso si existe alguna irregularidad o corrupción, no es responsabilidad de los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, sino más bien debería investigarse por qué se permitió caer en silencio administrativo.
Obligados a responder
Chamoun y Abad exponen que se han visto en la obligación de hacer algunas aclaraciones, en razón de las informaciones y comentarios que ponen lamentablemente en duda la correcta administración de justicia y la honorabilidad de los jueces que vienen actuando en estricto apego al derecho y con ello tratar de rescatar la confianza ciudadana.
Aseguran que las dos sentencias en los juicios que sigue Cratel C.A. (Teleamazonas) contra Conartel son claras, amplias, fundamentadas en derecho con vistas del proceso aplicando la ley, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Nacional y la doctrina.
Silencio administrativo
Aclaran que su actuación se limitó a analizar la demanda que por silencio administrativo se siguió contra Conartel, sin entrar a considerar, ni calificar la legalidad o ilegalidad de las multas impuestas a Teleamazonas.
“Probado como se encuentra en los juicios referidos, los funcionarios de Conartel no resolvieron las peticiones formuladas por la demandante dentro del término de 15 días que impone el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, aplicable al caso, y con la certificación del instrumento notarial que al 31 de julio del 2009 Conartel no había dado contestación en legal forma a sus peticiones y basados en dicho instrumento público que por sí solo hace fe se dictaronó las correspondientes sentencias, declarando que se había configurado el silencio administrativo, ocurrido en sede administrativa, con los efectos de la Ley”.
“Nuestra actuación es correcta, sin presión, ni intervención de nadie, demostrando nuestra independencia en el conocimiento y resolución de las causas”, concluyen.
Descuido de las autoridades de Conartel
En los dos juicios, la Sala no ha emitido pronunciamiento alguno respecto de la legalidad o ilegalidad de las sanciones impuestas a Teleamazonas, pero sí determinó el silencio administrativo por el cual dichas penas se extinguieron.
Para los jueces que responden a Jorge Glass, la administración no tuvo el cuidado en dar contestación oportuna, mediante resoluciones, a las peticiones de la empresa Cratel C.A.
Estiman que en los dos casos, por tratarse de un juicio de ejecución y de acuerdo por la unánime jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Nacional de Justicia, en esta clase de juicios la decisión debe tomarse de puro derecho, es decir sin aperturar prueba pues el fondo de este tema es solamente determinar si se ha cumplido con el Art 28 de la Ley de Modernización.
Los dos señalaron que en todo caso si existe alguna irregularidad o corrupción, no es responsabilidad de los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, sino más bien debería investigarse por qué se permitió caer en silencio administrativo.
Obligados a responder
Chamoun y Abad exponen que se han visto en la obligación de hacer algunas aclaraciones, en razón de las informaciones y comentarios que ponen lamentablemente en duda la correcta administración de justicia y la honorabilidad de los jueces que vienen actuando en estricto apego al derecho y con ello tratar de rescatar la confianza ciudadana.
Aseguran que las dos sentencias en los juicios que sigue Cratel C.A. (Teleamazonas) contra Conartel son claras, amplias, fundamentadas en derecho con vistas del proceso aplicando la ley, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Nacional y la doctrina.
Silencio administrativo
Aclaran que su actuación se limitó a analizar la demanda que por silencio administrativo se siguió contra Conartel, sin entrar a considerar, ni calificar la legalidad o ilegalidad de las multas impuestas a Teleamazonas.
“Probado como se encuentra en los juicios referidos, los funcionarios de Conartel no resolvieron las peticiones formuladas por la demandante dentro del término de 15 días que impone el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, aplicable al caso, y con la certificación del instrumento notarial que al 31 de julio del 2009 Conartel no había dado contestación en legal forma a sus peticiones y basados en dicho instrumento público que por sí solo hace fe se dictaronó las correspondientes sentencias, declarando que se había configurado el silencio administrativo, ocurrido en sede administrativa, con los efectos de la Ley”.
“Nuestra actuación es correcta, sin presión, ni intervención de nadie, demostrando nuestra independencia en el conocimiento y resolución de las causas”, concluyen.
Descuido de las autoridades de Conartel
En los dos juicios, la Sala no ha emitido pronunciamiento alguno respecto de la legalidad o ilegalidad de las sanciones impuestas a Teleamazonas, pero sí determinó el silencio administrativo por el cual dichas penas se extinguieron.
Para los jueces que responden a Jorge Glass, la administración no tuvo el cuidado en dar contestación oportuna, mediante resoluciones, a las peticiones de la empresa Cratel C.A.
Estiman que en los dos casos, por tratarse de un juicio de ejecución y de acuerdo por la unánime jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Nacional de Justicia, en esta clase de juicios la decisión debe tomarse de puro derecho, es decir sin aperturar prueba pues el fondo de este tema es solamente determinar si se ha cumplido con el Art 28 de la Ley de Modernización.
