651 millones de dólares. Esa es la cifra que los bancos deberán repatriar hasta el 31 de mayo.
La orden que recibieron cinco bancos para repatriar 651 millones de dólares, hasta el 31 de mayo próximo, los enfrenta a un dilema: dónde colocar ese dinero en el mercado local.
Según el ministro coordinador de la Política Económica, Diego Borja, los recursos de las entidades financieras deberían ser destinados a la entrega de créditos. “¿Cuál es sino el negocio de la banca?”, preguntó.
Pero los banqueros ven dos inconvenientes con esa sugerencia gubernamental. El primero es que, “la actividad económica ha caído de manera importante. No hay demanda de crédito”, según el presidente del Directorio de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), Fernando Pozo.
Para los representantes de la banca, la entrega de préstamos está debilitada por el escaso nivel de crecimiento de la economía y la incertidumbre que vive el sector privado. “No hay demanda de crédito ni a nivel personal ni empresarial”, dijo el director ejecutivo de la ABPE, César Robalino.
Pero en declaraciones a un medio local, Robalino fue más allá, pues explicó que la resolución del Banco Central del Ecuador (BCE) obliga a las entidades financieras a traer de vuelta el dinero con el único fin de conformar la reserva de liquidez doméstica. “Y liquidez no significa prestar a 180 días, eso no es liquidez. Liquidez es tener la plata en contante y sonante”, expresó.
¿En dónde invertir entonces? Los banqueros piden instrumentos de corto plazo en los sectores público y privado. “En el Ecuador no hay ese mercado, no hay”, refutó.
En junio anterior, cuando se creó el coeficiente de liquidez doméstica, el entonces presidente del Directorio del BCE, Carlos Vallejo, se comprometió a crear los instrumentos -bonos o papeles- para que los bancos compren, algo que no llegó a concretarse.
Ahora, la única alternativa que plantea el Gobierno es la colocación de recursos en papeles del mercado de valores. La última resolución del Central -de febrero pasado- establece plazos y porcentajes mínimos de inversión en este tipo de papeles.
Así, los bancos deben mantener el 0,5% de sus recursos líquidos en el mercado de valores hasta el 31 de agosto; el monto debe subir al 1% hasta el 31 de diciembre.
Según las cifras de la Superintendencia de Bancos, hasta febrero pasado, los 25 bancos que conforman el sistema financiero privado tenían 7.553,8 millones de dólares en recursos líquidos. De ese monto, 4.422 millones están depositados en el exterior, según el ministro Borja.
El temor de los banqueros es que tengan que depositar sus recursos líquidos en el BCE.
A este panorama se suma otro ingrediente, pues los bancos también tendrán que competir con la banca pública para captar clientes. Las cinco entidades financieras públicas tienen todavía disponibles 235 millones de dólares para la entrega de préstamos.
La aspiración es que, en los próximos 90 días, sean colocados 82 millones de dólares. Estos recursos son parte de los 845 millones de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) que el Gobierno destinó a las instituciones financieras del Estado.
La orden que recibieron cinco bancos para repatriar 651 millones de dólares, hasta el 31 de mayo próximo, los enfrenta a un dilema: dónde colocar ese dinero en el mercado local.
Según el ministro coordinador de la Política Económica, Diego Borja, los recursos de las entidades financieras deberían ser destinados a la entrega de créditos. “¿Cuál es sino el negocio de la banca?”, preguntó.
Pero los banqueros ven dos inconvenientes con esa sugerencia gubernamental. El primero es que, “la actividad económica ha caído de manera importante. No hay demanda de crédito”, según el presidente del Directorio de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), Fernando Pozo.
Para los representantes de la banca, la entrega de préstamos está debilitada por el escaso nivel de crecimiento de la economía y la incertidumbre que vive el sector privado. “No hay demanda de crédito ni a nivel personal ni empresarial”, dijo el director ejecutivo de la ABPE, César Robalino.
Pero en declaraciones a un medio local, Robalino fue más allá, pues explicó que la resolución del Banco Central del Ecuador (BCE) obliga a las entidades financieras a traer de vuelta el dinero con el único fin de conformar la reserva de liquidez doméstica. “Y liquidez no significa prestar a 180 días, eso no es liquidez. Liquidez es tener la plata en contante y sonante”, expresó.
¿En dónde invertir entonces? Los banqueros piden instrumentos de corto plazo en los sectores público y privado. “En el Ecuador no hay ese mercado, no hay”, refutó.
En junio anterior, cuando se creó el coeficiente de liquidez doméstica, el entonces presidente del Directorio del BCE, Carlos Vallejo, se comprometió a crear los instrumentos -bonos o papeles- para que los bancos compren, algo que no llegó a concretarse.
Ahora, la única alternativa que plantea el Gobierno es la colocación de recursos en papeles del mercado de valores. La última resolución del Central -de febrero pasado- establece plazos y porcentajes mínimos de inversión en este tipo de papeles.
Así, los bancos deben mantener el 0,5% de sus recursos líquidos en el mercado de valores hasta el 31 de agosto; el monto debe subir al 1% hasta el 31 de diciembre.
Según las cifras de la Superintendencia de Bancos, hasta febrero pasado, los 25 bancos que conforman el sistema financiero privado tenían 7.553,8 millones de dólares en recursos líquidos. De ese monto, 4.422 millones están depositados en el exterior, según el ministro Borja.
El temor de los banqueros es que tengan que depositar sus recursos líquidos en el BCE.
A este panorama se suma otro ingrediente, pues los bancos también tendrán que competir con la banca pública para captar clientes. Las cinco entidades financieras públicas tienen todavía disponibles 235 millones de dólares para la entrega de préstamos.
La aspiración es que, en los próximos 90 días, sean colocados 82 millones de dólares. Estos recursos son parte de los 845 millones de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) que el Gobierno destinó a las instituciones financieras del Estado.
