Según el directivo, el art. 114 y la transitoria décimo-séptima del proyecto gubernamental "perjudicarían al turismo, pues en un plazo de dos años las empresas turísticas tendrían que convertirse en empresas mixta, en las que el Estado manejaría el 51%".
El documento legal menciona: "Las aguas termales y medicinales serán utilizadas por personas naturales, jurídicas, empresas públicas y comunitarias en alianza con Gobiernos locales".
Esta disposición, según Égüez, es contradictoria pues el art. 318 de la Constitución garantiza todo tipo de propiedad. "Y si se llegara a aprobar esta ley, empresas como spas y balnearios quebrarían, ya que muchos de ellos son emprendimientos pequeños y medianos", dijo el titular del gremio.
Según datos del Ministerio de Turismo, existen a escala nacional 68 organizaciones que trabajan con estas aguas. De estas, unas 22 están explotadas por el sector privado, como es el caso del complejo turístico Termas de Papallacta.
Las demás están en manos de comunidades y municipios, como el caso de las piscinas municipales de Baños de Agua Santa (Tungurahua).
Estos establecimientos generan al menos 2 496 fuentes de empleo y tienen una inversión total de $48 millones.
Frente a esto, la cartera de Turismo remitió a la Asamblea una carta firmada por la secretaria del ramo, Verónica Sión, destacando los beneficios turísticos que las aguas termales tienen para el bien del país.
En dicho comunicado, el Ministerio solicita priorizar el desarrollo de estas actividades turísticas considerando los objetivos del plan de sostenibilidad que lleva esta cartera de Estado.
Raúl Jaramillo, propietario del spa Agua Santa, en Baños, coincidió con Sión y añadió: "Si la balneoterapia es excluida como actividad turística, retrocederíamos en temas de turismo sostenible".
Finalmente, la posición de la Fenacaptur será presentada hoy al pleno de la Asamblea para el primer debate.
El documento legal menciona: "Las aguas termales y medicinales serán utilizadas por personas naturales, jurídicas, empresas públicas y comunitarias en alianza con Gobiernos locales".
Esta disposición, según Égüez, es contradictoria pues el art. 318 de la Constitución garantiza todo tipo de propiedad. "Y si se llegara a aprobar esta ley, empresas como spas y balnearios quebrarían, ya que muchos de ellos son emprendimientos pequeños y medianos", dijo el titular del gremio.
Según datos del Ministerio de Turismo, existen a escala nacional 68 organizaciones que trabajan con estas aguas. De estas, unas 22 están explotadas por el sector privado, como es el caso del complejo turístico Termas de Papallacta.
Las demás están en manos de comunidades y municipios, como el caso de las piscinas municipales de Baños de Agua Santa (Tungurahua).
Estos establecimientos generan al menos 2 496 fuentes de empleo y tienen una inversión total de $48 millones.
Frente a esto, la cartera de Turismo remitió a la Asamblea una carta firmada por la secretaria del ramo, Verónica Sión, destacando los beneficios turísticos que las aguas termales tienen para el bien del país.
En dicho comunicado, el Ministerio solicita priorizar el desarrollo de estas actividades turísticas considerando los objetivos del plan de sostenibilidad que lleva esta cartera de Estado.
Raúl Jaramillo, propietario del spa Agua Santa, en Baños, coincidió con Sión y añadió: "Si la balneoterapia es excluida como actividad turística, retrocederíamos en temas de turismo sostenible".
Finalmente, la posición de la Fenacaptur será presentada hoy al pleno de la Asamblea para el primer debate.
