En el marco del Foro de Análisis hacia la aprobación participativa de la pro forma 2010, organizado por la Comisión de Régimen Económico, Cristian Munduate, en representación del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dijo que la inversión social es un instrumento fundamental para lograr, a través de políticas públicas con enfoque de derechos, la universalización y el desarrollo humano.
Destacó que en el 2010 se prevé un crecimiento importante en la carga tributaria favoreciendo la progresividad a través de una mayor recaudación del Impuesto a la Renta; se estima mantener la tendencia positiva de crecimiento de la inversión pública en el sector social, frente al gasto corriente.
Agregó que en la pro forma 2010 el sector social mantiene su prioridad fiscal respecto al año anterior y que si bien es cierto que se ha incrementado la participación de la educación y salud en el PIB, es necesario incrementar los esfuerzos fiscales para cumplir los objetivos constitucionales.
Además dijo que es necesario apoyar, presupuestariamente, los objetivos constitucionales, a través de políticas contracíclicas, para impedir que el sector social sufra recortes al momento de enfrentar una crisis. “Un pacto fiscal es imprescindible para el uso eficiente de los recursos y un manejo adecuado de las finanzas públicas”.
Añadió que con la nueva Constitución de la República, el presupuesto del Gobierno Central pasa a ser el presupuesto del Estado Central donde se incluyen: instituciones descentralizadas, el financiamiento por importaciones de derivados –CFDID (incluye venta interna) y algunas preasignaciones por compensaciones de Ley.
Sostuvo que el financiamiento del sector social depende principalmente de los recursos fiscales, asociados en tasas y contribuciones y venta de bienes y servicios. Relacionado con el pasado, se evidencia una reducción del uso de preasignaciones en el financiamiento de la inversión social, señaló.
Aunque el sector educación mantiene un peso prioritario dentro del sector social, para el 2010 reduce ligeramente su participación, beneficiándose los sectores de salud y bienestar social, recalcó.
En representación de la Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades, Grupo FARO, Carlos Díaz precisó que la misión es apoyar la participación activa de la sociedad civil, el sector empresarial y las instituciones públicas en la propuesta, implementación y monitoreo de las políticas públicas locales, nacionales e internacionales, para lograr un Estado más eficiente, equitativo, incluyente y democrático, a través del diálogo plural, la investigación, la acción ciudadana y la interacción con redes globales orientadas a promover el bien público.
Sobre la composición del gasto educación y salud señaló que es un factor altamente positivo en el proceso de bienestar; además garantizar la rendición de cuentas sobre los deberes y derechos constitucionales.
Manifestó que “es la oportunidad histórica, que tenemos como país de generar una pro forma que nos aliente a superar el coyunturalismo y a pensar en largo plazo, con un presupuesto realmente democrático, transparente y orientado al desarrollo”.
Destacó que en el 2010 se prevé un crecimiento importante en la carga tributaria favoreciendo la progresividad a través de una mayor recaudación del Impuesto a la Renta; se estima mantener la tendencia positiva de crecimiento de la inversión pública en el sector social, frente al gasto corriente.
Agregó que en la pro forma 2010 el sector social mantiene su prioridad fiscal respecto al año anterior y que si bien es cierto que se ha incrementado la participación de la educación y salud en el PIB, es necesario incrementar los esfuerzos fiscales para cumplir los objetivos constitucionales.
Además dijo que es necesario apoyar, presupuestariamente, los objetivos constitucionales, a través de políticas contracíclicas, para impedir que el sector social sufra recortes al momento de enfrentar una crisis. “Un pacto fiscal es imprescindible para el uso eficiente de los recursos y un manejo adecuado de las finanzas públicas”.
Añadió que con la nueva Constitución de la República, el presupuesto del Gobierno Central pasa a ser el presupuesto del Estado Central donde se incluyen: instituciones descentralizadas, el financiamiento por importaciones de derivados –CFDID (incluye venta interna) y algunas preasignaciones por compensaciones de Ley.
Sostuvo que el financiamiento del sector social depende principalmente de los recursos fiscales, asociados en tasas y contribuciones y venta de bienes y servicios. Relacionado con el pasado, se evidencia una reducción del uso de preasignaciones en el financiamiento de la inversión social, señaló.
Aunque el sector educación mantiene un peso prioritario dentro del sector social, para el 2010 reduce ligeramente su participación, beneficiándose los sectores de salud y bienestar social, recalcó.
En representación de la Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades, Grupo FARO, Carlos Díaz precisó que la misión es apoyar la participación activa de la sociedad civil, el sector empresarial y las instituciones públicas en la propuesta, implementación y monitoreo de las políticas públicas locales, nacionales e internacionales, para lograr un Estado más eficiente, equitativo, incluyente y democrático, a través del diálogo plural, la investigación, la acción ciudadana y la interacción con redes globales orientadas a promover el bien público.
Sobre la composición del gasto educación y salud señaló que es un factor altamente positivo en el proceso de bienestar; además garantizar la rendición de cuentas sobre los deberes y derechos constitucionales.
Manifestó que “es la oportunidad histórica, que tenemos como país de generar una pro forma que nos aliente a superar el coyunturalismo y a pensar en largo plazo, con un presupuesto realmente democrático, transparente y orientado al desarrollo”.
