Miami Vice, 30 años después. Corrupción en Miami, versión siglo XXI. En el pasado, la droga acaparó el protagonismo en la capital turística floridana. Hoy, sigue circulando como en tantas capitales del mundo, pero la delincuencia se ha diversificado hasta tal punto que los despilfarros monetarios y el tráfico de influencias han pasado al primer plano.
Esta vez, la crisis ha dado la puntilla a una ciudad que ya vivía de las reservas pese a los multimillonarios ingresos por los impuestos del boom inmobiliario, bruscamente cortado.
Tampoco puede soportar los inflados sueldos y pensiones de políticos y funcionarios, una carga tan pesada como el cemento para las grandes obras públicas, siempre muchísimo más caras de lo presupuestado.
Los acontecimientos se han precipitado la última semana con la elección del nuevo alcalde de Miami, Tomás Regalado, periodista y veterano político, comisionado (equivalente a concejal) desde 1996. Su rotundo triunfo en las urnas sobre Joe Sánchez -71,67% frente a un 28,33%-, más joven y también de origen cubano, ha sido un claro mensaje de los votantes hacia la moderación en los sueldos -él mismo se lo ha bajado- y en el malgasto en obras que teóricamente embellecen Miami, pero a costa de unos ciudadanos que malamente resisten la crisis.
Los delirios de grandeza de Miami cuestan muy caros cuando la ciudad tiene dos caras, luces y sombras.
Por un lado, la imagen de la jet, un tanto difusa, y por otro, la más real de una mayoría que habita en una de las urbes más pobres del país. Sin trabajo y con elevados impuestos, cada vez más personas dejan la ciudad.
Mientras tanto, la mitad de los funcionarios cobran sueldos que superan $100.000 al año y llega a ser impactante en el caso de policías y bomberos, hasta en escalas inferiores, que actúan, a veces, como choferes de los comisionados. Estos tienen sueldos bajos, pero muchos y discutibles gastos de representación, y grandes pensiones al final de las carreras.
En agosto estalló el escándalo en el condado de Miami Dade, cuando en plena crisis y con la amenaza de subir los impuestos, el alcalde, Carlos Álvarez, tras pedir austeridad, subió aún más sus suculentos sueldos a colaboradores. Se pidió hasta su dimisión.
Lo último en el condado ha sido la pasarela de viajes de los comisionados por el mundo, con más de $200.000 gastados desde 2007 sin que hubiera una gestión concreta.
Nada más tomar posesión Regalado el 11 de noviembre, dos de los cinco comisionados cayeron al ser acusados de distintos delitos por la fiscalía.
Ángel González, comisionado desde 2001, tuvo que renunciar por pactar un sueldo sin trabajar para su hija en la empresa de un constructor de obras municipales. González, quien cuenta con un historial de condenas por fraude electoral y evasión fiscal, se declaró culpable y llegó a un acuerdo con la fiscalía para colaborar. Está en libertad provisional, como Michellle Spence-Jones, elegida hace unos días con el 82,7% de los votos de su distrito, mayoritariamente de raza negra. Spence-Jones ha retado a la ética y a la justicia.
Fue suspendida por el gobernador del Estado, Charlie Crist, tras ser arrestada por robo y falsificación de identidad. Según la fiscalía, imitó la firma de una ex comisionada, también acusada en su día de recibir sobornos, y se llevó $50.000 para un negocio familiar y gastos personales. Crist, criticado y también viajero sin una gestión concreta de por medio, se ha negado a nombrar un suplente temporal, por lo que deberá haber una elección en enero que costará cerca de $200.000.
Para completar la carambola, Spence-Jones, objeto de numerosas investigaciones anteriores, ha anunciado que se volverá a presentar como candidata. La ley se lo permite mientras no sea declarada culpable.
Ante la proliferación de políticos así, la participación en las elecciones es paupérrima, apenas la cuarta parte del censo.
“Solo van los amigos, los que sacan tajada. ¿Para qué votar si todos roban?”, resume Nelson, empleado de mantenimiento en un edificio. El País
Esta vez, la crisis ha dado la puntilla a una ciudad que ya vivía de las reservas pese a los multimillonarios ingresos por los impuestos del boom inmobiliario, bruscamente cortado.
Tampoco puede soportar los inflados sueldos y pensiones de políticos y funcionarios, una carga tan pesada como el cemento para las grandes obras públicas, siempre muchísimo más caras de lo presupuestado.
Los acontecimientos se han precipitado la última semana con la elección del nuevo alcalde de Miami, Tomás Regalado, periodista y veterano político, comisionado (equivalente a concejal) desde 1996. Su rotundo triunfo en las urnas sobre Joe Sánchez -71,67% frente a un 28,33%-, más joven y también de origen cubano, ha sido un claro mensaje de los votantes hacia la moderación en los sueldos -él mismo se lo ha bajado- y en el malgasto en obras que teóricamente embellecen Miami, pero a costa de unos ciudadanos que malamente resisten la crisis.
Los delirios de grandeza de Miami cuestan muy caros cuando la ciudad tiene dos caras, luces y sombras.
Por un lado, la imagen de la jet, un tanto difusa, y por otro, la más real de una mayoría que habita en una de las urbes más pobres del país. Sin trabajo y con elevados impuestos, cada vez más personas dejan la ciudad.
Mientras tanto, la mitad de los funcionarios cobran sueldos que superan $100.000 al año y llega a ser impactante en el caso de policías y bomberos, hasta en escalas inferiores, que actúan, a veces, como choferes de los comisionados. Estos tienen sueldos bajos, pero muchos y discutibles gastos de representación, y grandes pensiones al final de las carreras.
En agosto estalló el escándalo en el condado de Miami Dade, cuando en plena crisis y con la amenaza de subir los impuestos, el alcalde, Carlos Álvarez, tras pedir austeridad, subió aún más sus suculentos sueldos a colaboradores. Se pidió hasta su dimisión.
Lo último en el condado ha sido la pasarela de viajes de los comisionados por el mundo, con más de $200.000 gastados desde 2007 sin que hubiera una gestión concreta.
Nada más tomar posesión Regalado el 11 de noviembre, dos de los cinco comisionados cayeron al ser acusados de distintos delitos por la fiscalía.
Ángel González, comisionado desde 2001, tuvo que renunciar por pactar un sueldo sin trabajar para su hija en la empresa de un constructor de obras municipales. González, quien cuenta con un historial de condenas por fraude electoral y evasión fiscal, se declaró culpable y llegó a un acuerdo con la fiscalía para colaborar. Está en libertad provisional, como Michellle Spence-Jones, elegida hace unos días con el 82,7% de los votos de su distrito, mayoritariamente de raza negra. Spence-Jones ha retado a la ética y a la justicia.
Fue suspendida por el gobernador del Estado, Charlie Crist, tras ser arrestada por robo y falsificación de identidad. Según la fiscalía, imitó la firma de una ex comisionada, también acusada en su día de recibir sobornos, y se llevó $50.000 para un negocio familiar y gastos personales. Crist, criticado y también viajero sin una gestión concreta de por medio, se ha negado a nombrar un suplente temporal, por lo que deberá haber una elección en enero que costará cerca de $200.000.
Para completar la carambola, Spence-Jones, objeto de numerosas investigaciones anteriores, ha anunciado que se volverá a presentar como candidata. La ley se lo permite mientras no sea declarada culpable.
Ante la proliferación de políticos así, la participación en las elecciones es paupérrima, apenas la cuarta parte del censo.
“Solo van los amigos, los que sacan tajada. ¿Para qué votar si todos roban?”, resume Nelson, empleado de mantenimiento en un edificio. El País
