El Plan Nacional Anticorrupción está listo y empezará aplicarse inmediatamente. Así lo anunció el Presidente de la república, Rafael Correa, durante el enlace radial Nº133 que se transmitió desde la ciudad de Cuenca.
De acuerdo a lo que explicó el Primer Mandatario, el plan está sustentado en tres ejes: Transparencia de Gestión, Proyectos y Reformas de Ley e Investigación de Actos de Corrupción.
En cada uno de estos ejes se incluyen acciones concretas que permitirían combatir actos irregulares como el peculado, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, etc.
“La lucha contra la corrupción es una obsesión de este Gobierno. Ya se han dado grandes pasos, pero todavía falta mucho por hacer”, afirmó el gobernante, quien señaló que en lo que se refiere a Transparencia de Gestión se prevén acciones como la formación de los servidores públicos en materia de ética pública; el fortalecimiento de la rendición de cuentas; y la institucionalización de políticas de autocontrol de las instancias del Gobierno central.
En ese contexto, citó que posiblemente cada seis meses se requerirá a los funcionarios públicos que presenten su declaración de bienes, para determinar si alguien tiene enriquecimiento ilícito.
En el segundo eje, el Mandatario destacó los logros que su administración ha alcanzado en este tema a través de la creación del Sistema de Compras Públicas (que reduce las posibilidades de peculado en la adquisición y provisión de bienes y servicios del Estado); la creación de la Secretaría de Transparencia de Gestión; y la aplicación de la Ley de Transparencia.
“Tal vez nos ha faltado concretar ese Plan Anticorrupción, pero en esto ningún Gobierno ha hecho tanto como nosotros”, indicó el Jefe de Estado, quien habló de algunos de los proyectos de Ley en los que trabajará el Gobierno para combatir la impunidad y lograr sanciones para los responsables de los casos que han causado grandes perjuicios económicos al Estado.
Mencionó como ejemplo, la Ley de Extinción de Dominio mediante la cual los bienes incautados a personas acusadas de delitos como el narcotráfico pasarán a administración estatal temporal aún cuando no exista sentencia definitiva.
Esta propuesta legal determinará que una vez comprobada la responsabilidad del acusado, sus bienes serán de propiedad definitiva del Estado, sin más trámites ni juicios.
De igual forma, el Gobierno propondrá una Ley contra el Tráfico de Influencias; Reformas a la Ley de Lavado de Activos; Reformas a la Ley General del Sistema de Instituciones Financieras (para regular el sigilo bancario); Reformas al Código de Procedimiento Penal; y Reformas al Código Penal.
En cuanto a la investigación de actos de corrupción, el gobernante recordó que este no es un asunto que solo le compete al Gobierno, sino que se trata de un proceso en el cual están involucradas instituciones como la Fiscalía, la Contraloría y la Función Judicial.
De todas formas, indicó que en este aspecto el Gobierno promoverá alternativas como la Implementación de un Sistema Informático de Investigación Civil, Societaria, Mercantil, Tributaria, Financiera, etc; así como mecanismos de coordinación de resultados con el Consejo de participación Ciudadana y Control Social; y la aplicación de reformas legales que sancionen el enriquecimiento ilícito en el sector privado. Prensa Presidencial
De acuerdo a lo que explicó el Primer Mandatario, el plan está sustentado en tres ejes: Transparencia de Gestión, Proyectos y Reformas de Ley e Investigación de Actos de Corrupción.
En cada uno de estos ejes se incluyen acciones concretas que permitirían combatir actos irregulares como el peculado, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, etc.
“La lucha contra la corrupción es una obsesión de este Gobierno. Ya se han dado grandes pasos, pero todavía falta mucho por hacer”, afirmó el gobernante, quien señaló que en lo que se refiere a Transparencia de Gestión se prevén acciones como la formación de los servidores públicos en materia de ética pública; el fortalecimiento de la rendición de cuentas; y la institucionalización de políticas de autocontrol de las instancias del Gobierno central.
En ese contexto, citó que posiblemente cada seis meses se requerirá a los funcionarios públicos que presenten su declaración de bienes, para determinar si alguien tiene enriquecimiento ilícito.
En el segundo eje, el Mandatario destacó los logros que su administración ha alcanzado en este tema a través de la creación del Sistema de Compras Públicas (que reduce las posibilidades de peculado en la adquisición y provisión de bienes y servicios del Estado); la creación de la Secretaría de Transparencia de Gestión; y la aplicación de la Ley de Transparencia.
“Tal vez nos ha faltado concretar ese Plan Anticorrupción, pero en esto ningún Gobierno ha hecho tanto como nosotros”, indicó el Jefe de Estado, quien habló de algunos de los proyectos de Ley en los que trabajará el Gobierno para combatir la impunidad y lograr sanciones para los responsables de los casos que han causado grandes perjuicios económicos al Estado.
Mencionó como ejemplo, la Ley de Extinción de Dominio mediante la cual los bienes incautados a personas acusadas de delitos como el narcotráfico pasarán a administración estatal temporal aún cuando no exista sentencia definitiva.
Esta propuesta legal determinará que una vez comprobada la responsabilidad del acusado, sus bienes serán de propiedad definitiva del Estado, sin más trámites ni juicios.
De igual forma, el Gobierno propondrá una Ley contra el Tráfico de Influencias; Reformas a la Ley de Lavado de Activos; Reformas a la Ley General del Sistema de Instituciones Financieras (para regular el sigilo bancario); Reformas al Código de Procedimiento Penal; y Reformas al Código Penal.
En cuanto a la investigación de actos de corrupción, el gobernante recordó que este no es un asunto que solo le compete al Gobierno, sino que se trata de un proceso en el cual están involucradas instituciones como la Fiscalía, la Contraloría y la Función Judicial.
De todas formas, indicó que en este aspecto el Gobierno promoverá alternativas como la Implementación de un Sistema Informático de Investigación Civil, Societaria, Mercantil, Tributaria, Financiera, etc; así como mecanismos de coordinación de resultados con el Consejo de participación Ciudadana y Control Social; y la aplicación de reformas legales que sancionen el enriquecimiento ilícito en el sector privado. Prensa Presidencial
