Los 26 días que tiene el caso ‘Huracán de la Frontera’ para que prescriba, pusieron en apuros la mañana y noche del martes a la justicia del País en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.
La audiencia preliminar se cumplió en una jornada maratónica de 10:30 a 23:00 del martes anterior, en el Juzgado Sexto de Garantías Penales del fronterizo cantón esmeraldeño, ubicado en la avenida Eloy Alfaro e Isidro Ayora.
La diligencia la presidió el juez sexto de Garantías Penales, Segundo Caicedo Nazareno; el fiscal cuarto de Antinarcóticos del Guayas, Carlos Solórzano Ferrando, y los abogados defensores de los implicados.
Cronología
‘Huracán de la Frontera’ nació el 15 de septiembre de 2008, cuando la Policía de Antinarcóticos confiscó 4,7 toneladas de clorhidrato de cocaína en una hacienda de la localidad ‘Campanita’ de San Lorenzo, de propiedad de los hermanos Ostaiza.
Fueron detenidos Miguel y Édison Ostaiza y se implicó de manera indirecta a 25 personas más, entre ellos el ex subsecretario de Seguridad Interna y Externa del Ministerio de Gobierno, José Ignacio Chauvín.
De vuelta a la audiencia, Ramiro Román Márquez, tras pedir la nulidad del proceso que imputa a su defendido, Ignacio Chauvín, aseguró que Solórzano Ferrando tiene una estrecha relación con la DEA de Estados Unidos.
Pedido
“Aquí está el delegado del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), así que señor Juez inicie una investigación sobre mi actuación ante esa instancia”, respondió el Fiscal al terminar su intervención el abogado de Chauvín.
Los cuestionamientos sobre ese aspecto siguieron e incluso el abogado de Rodolfo Amburgo Coloma (implicado), Jaime Rivera Endara, coincidió con lo aseverado por su colega Ramiro Román.
“El Fiscal violó el procedimiento al llevar el juicio a Guayaquil y por su puesto que fue por pedido de la DEA. Seguramente en los juzgados de Guayaquil tienen más control con los jueces”, comentó Rivera Endara.
Lo más fuerte de esta etapa judicial fue hasta las 16:30 cuando 11 de los 27 implicados que asistieron a la dirigencia fueron devueltos a sus celdas en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.
Sobreseimiento y nulidad
De allí en adelante, los argumentos de los abogados defensores del resto de los investigados, incluso de los hermanos Ostaiza, versaron sobre su sobreseimiento y nulidad del proceso. Cuarenta minutos cada abogado demoró en sus intervenciones.
El defensor público de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, Sergio Díaz Díaz, cerca de las 22:15 fue el último en intervenir a favor de Jesús Enríquez Rivera, Ángel Reascos Enríquez, Yuri Zavala Moreira, Rosa Noboa Pumatoca y Édgar Reascos, como cómplices, y Zoila Barragán Romero, encubridora.
Cansancio primó
Cinco minutos antes de las 23:00 los rostros de cansancio y sueño de los presentes fueron evidentes, incluso, el Fiscal por un instante ‘cabeceó’ como sinónimo de la larga jornada judicial.
“Queremos evitar que este juicio llegue a su caducidad el 15 de septiembre. Por ello no paramos la audiencia”, expresó al final el delegado del Consejo Nacional de la Judicatura, Alejandro Cevallos Calero.
De acuerdo con el artículo 230 del Código de Procedimiento Penal, el Juez tenía 72 horas para sobreseer o llamar a juicio a los imputados, aunque Caicedo Nazareno dijo que se pronunciará el viernes.
La audiencia preliminar se cumplió en una jornada maratónica de 10:30 a 23:00 del martes anterior, en el Juzgado Sexto de Garantías Penales del fronterizo cantón esmeraldeño, ubicado en la avenida Eloy Alfaro e Isidro Ayora.
La diligencia la presidió el juez sexto de Garantías Penales, Segundo Caicedo Nazareno; el fiscal cuarto de Antinarcóticos del Guayas, Carlos Solórzano Ferrando, y los abogados defensores de los implicados.
Cronología
‘Huracán de la Frontera’ nació el 15 de septiembre de 2008, cuando la Policía de Antinarcóticos confiscó 4,7 toneladas de clorhidrato de cocaína en una hacienda de la localidad ‘Campanita’ de San Lorenzo, de propiedad de los hermanos Ostaiza.
Fueron detenidos Miguel y Édison Ostaiza y se implicó de manera indirecta a 25 personas más, entre ellos el ex subsecretario de Seguridad Interna y Externa del Ministerio de Gobierno, José Ignacio Chauvín.
De vuelta a la audiencia, Ramiro Román Márquez, tras pedir la nulidad del proceso que imputa a su defendido, Ignacio Chauvín, aseguró que Solórzano Ferrando tiene una estrecha relación con la DEA de Estados Unidos.
Pedido
“Aquí está el delegado del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), así que señor Juez inicie una investigación sobre mi actuación ante esa instancia”, respondió el Fiscal al terminar su intervención el abogado de Chauvín.
Los cuestionamientos sobre ese aspecto siguieron e incluso el abogado de Rodolfo Amburgo Coloma (implicado), Jaime Rivera Endara, coincidió con lo aseverado por su colega Ramiro Román.
“El Fiscal violó el procedimiento al llevar el juicio a Guayaquil y por su puesto que fue por pedido de la DEA. Seguramente en los juzgados de Guayaquil tienen más control con los jueces”, comentó Rivera Endara.
Lo más fuerte de esta etapa judicial fue hasta las 16:30 cuando 11 de los 27 implicados que asistieron a la dirigencia fueron devueltos a sus celdas en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.
Sobreseimiento y nulidad
De allí en adelante, los argumentos de los abogados defensores del resto de los investigados, incluso de los hermanos Ostaiza, versaron sobre su sobreseimiento y nulidad del proceso. Cuarenta minutos cada abogado demoró en sus intervenciones.
El defensor público de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, Sergio Díaz Díaz, cerca de las 22:15 fue el último en intervenir a favor de Jesús Enríquez Rivera, Ángel Reascos Enríquez, Yuri Zavala Moreira, Rosa Noboa Pumatoca y Édgar Reascos, como cómplices, y Zoila Barragán Romero, encubridora.
Cansancio primó
Cinco minutos antes de las 23:00 los rostros de cansancio y sueño de los presentes fueron evidentes, incluso, el Fiscal por un instante ‘cabeceó’ como sinónimo de la larga jornada judicial.
“Queremos evitar que este juicio llegue a su caducidad el 15 de septiembre. Por ello no paramos la audiencia”, expresó al final el delegado del Consejo Nacional de la Judicatura, Alejandro Cevallos Calero.
De acuerdo con el artículo 230 del Código de Procedimiento Penal, el Juez tenía 72 horas para sobreseer o llamar a juicio a los imputados, aunque Caicedo Nazareno dijo que se pronunciará el viernes.
