El presidente de la República, Rafael Correa, remitió este jueves al pleno de la Asamblea Nacional, un proyecto de reformas al Código de Procedimiento Penal y Normas penales.
En dicho documento se plantea sanciones para el empleador que intencionalmente no afiliare al trabajador al seguro social obligatorio del IESS. Para ello se propone una pena de seis meses a cinco años de prisión.
Para que la sanción se haga efectiva, se remitirá a la Fiscalía General el informe del inspector de trabajo que corresponda para el inicio de la acción penal pública en contra del empleador.
El miembro de la Comisión de Justicia y estructura del Estado de la Asamblea, Mauro Andino (PAIS), señaló que una vez que ha llegado este proyecto, le corresponderá al Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) calificar esta propuesta y remitirla a la mencionada comisión para que inicie el análisis en dos instancias, y elabore el informe para que se debata en el pleno.
"Personalmente considero la propuesta muy importante, porque hay muchos empleadores inescrupulosos que se aprovechan del trabajo de hombres y mujeres, inclusive de niños y adolescentes, para evadir el cumplimiento de sus obligaciones patronales, como los fondos de reserva, las aportaciones al seguro, pago de los beneficios de ley, entre otros", acotó Andino.
El proyecto establece además una sanción con pena de tres meses a un año de prisión correccional, para el que alterare o manipulare la información que el fabricante de un equipo de telefonía celular haya grabado con fines de seguridad y registro.
Se estipula también prisión de seis meses a cinco años, y una multa de 16 dólares, a quienes almacenen objetos o parte de ellos, cuya procedencia o tenencia no puedan justificarla directamente.
En dicho documento se plantea sanciones para el empleador que intencionalmente no afiliare al trabajador al seguro social obligatorio del IESS. Para ello se propone una pena de seis meses a cinco años de prisión.
Para que la sanción se haga efectiva, se remitirá a la Fiscalía General el informe del inspector de trabajo que corresponda para el inicio de la acción penal pública en contra del empleador.
El miembro de la Comisión de Justicia y estructura del Estado de la Asamblea, Mauro Andino (PAIS), señaló que una vez que ha llegado este proyecto, le corresponderá al Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) calificar esta propuesta y remitirla a la mencionada comisión para que inicie el análisis en dos instancias, y elabore el informe para que se debata en el pleno.
"Personalmente considero la propuesta muy importante, porque hay muchos empleadores inescrupulosos que se aprovechan del trabajo de hombres y mujeres, inclusive de niños y adolescentes, para evadir el cumplimiento de sus obligaciones patronales, como los fondos de reserva, las aportaciones al seguro, pago de los beneficios de ley, entre otros", acotó Andino.
El proyecto establece además una sanción con pena de tres meses a un año de prisión correccional, para el que alterare o manipulare la información que el fabricante de un equipo de telefonía celular haya grabado con fines de seguridad y registro.
Se estipula también prisión de seis meses a cinco años, y una multa de 16 dólares, a quienes almacenen objetos o parte de ellos, cuya procedencia o tenencia no puedan justificarla directamente.
