El ministro de Agricultura Ganadería y Pesca (Magap), Walter Poveda, podría ser el primer ministro fiscalizado por la nueva Asamblea Nacional.
Ello porque a través de su cartera de Estado se aprobó una excesiva importación de maíz amarillo, a inicios de la cosecha de la producción nacional, lo que sería un claro beneficio al sector industrial y cuantioso perjuicio a los grandes y pequeños productores nacionales, que hoy no tienen a quien vender la cosecha y anuncian una medida de hecho para presionar la compra.
La denuncia
Galo Lara, asambleísta por Sociedad Patriótica (SP), expresó que las acciones del ministro Poveda se han ejecutado en desmedro de los maiceros.
“No hace falta más que visitar los silos para constatar como se encuentran inundados de maíz importado y del producido localmente”, dijo.
Señaló que por información documentada, sabe que el subsecretario de Direccionamiento del Magap, Manuel Andrade, en una de las sesiones del Consejo Consultivo Cadena Maíz realizada el 6 de marzo anterior, informó que entre enero y marzo de este mismo año, el Ministerio estaba autorizado a importar 188 mil 500 toneladas métricas de este producto.
Sin embargo, señala Lara, de acuerdo con cifras oficiales, hasta el 14 de marzo de este año, se autorizó el ingreso de 257 millones 668 mil 904 toneladas, por lo que existió un excedente de 69 mil 168 toneladas que ingresó sin justificativo técnico alguno.
Grano nacionalizado
“El grano importado que ingresó y se nacionalizó fuera del tiempo establecido se unió a la producción local, provocando una sobreoferta que a su vez ha originado que al pequeño y mediano productor se les pague entre nueve y diez dólares la saca pese a que el Gobierno había establecido un precio mínimo de sustentación de 12,60 dólares, con pagos de hasta tres semanas”, sostuvo.
Lara indicó que por versiones de los mismos campesinos de Ventanas, Quevedo y Buena Fe pudo conocer de la existencia de los silos de la Unidad de Almacenaje (UNA), los cuales compran maíz a 12,60 dólares, pero siempre y cuando tenga el 13 por ciento de humedad y dos por ciento de impureza.
“Pese a que el producto es comercializado por el Banco Nacional de Fomento (BNF), la compra es restringida, en algunos casos sólo reciben a productores menores de 200 quintales”, denunció.
Frontera
Lara indicó que una de las soluciones a este problema, sería la apertura de fronteras para que en forma controlada, los productores puedan exportar el excedente de la producción de maíz y evacuar de esta forma el mercado interno.
El asambleísta dijo que gracias al Gobierno de la “robailusión ciudadana”, muchos agricultores no saben dónde vender su producción.
650 dólares se invierten para producir una hectárea de maíz.
54 jornales se gastan para cosechar tres hectáreas.
Ello porque a través de su cartera de Estado se aprobó una excesiva importación de maíz amarillo, a inicios de la cosecha de la producción nacional, lo que sería un claro beneficio al sector industrial y cuantioso perjuicio a los grandes y pequeños productores nacionales, que hoy no tienen a quien vender la cosecha y anuncian una medida de hecho para presionar la compra.
La denuncia
Galo Lara, asambleísta por Sociedad Patriótica (SP), expresó que las acciones del ministro Poveda se han ejecutado en desmedro de los maiceros.
“No hace falta más que visitar los silos para constatar como se encuentran inundados de maíz importado y del producido localmente”, dijo.
Señaló que por información documentada, sabe que el subsecretario de Direccionamiento del Magap, Manuel Andrade, en una de las sesiones del Consejo Consultivo Cadena Maíz realizada el 6 de marzo anterior, informó que entre enero y marzo de este mismo año, el Ministerio estaba autorizado a importar 188 mil 500 toneladas métricas de este producto.
Sin embargo, señala Lara, de acuerdo con cifras oficiales, hasta el 14 de marzo de este año, se autorizó el ingreso de 257 millones 668 mil 904 toneladas, por lo que existió un excedente de 69 mil 168 toneladas que ingresó sin justificativo técnico alguno.
Grano nacionalizado
“El grano importado que ingresó y se nacionalizó fuera del tiempo establecido se unió a la producción local, provocando una sobreoferta que a su vez ha originado que al pequeño y mediano productor se les pague entre nueve y diez dólares la saca pese a que el Gobierno había establecido un precio mínimo de sustentación de 12,60 dólares, con pagos de hasta tres semanas”, sostuvo.
Lara indicó que por versiones de los mismos campesinos de Ventanas, Quevedo y Buena Fe pudo conocer de la existencia de los silos de la Unidad de Almacenaje (UNA), los cuales compran maíz a 12,60 dólares, pero siempre y cuando tenga el 13 por ciento de humedad y dos por ciento de impureza.
“Pese a que el producto es comercializado por el Banco Nacional de Fomento (BNF), la compra es restringida, en algunos casos sólo reciben a productores menores de 200 quintales”, denunció.
Frontera
Lara indicó que una de las soluciones a este problema, sería la apertura de fronteras para que en forma controlada, los productores puedan exportar el excedente de la producción de maíz y evacuar de esta forma el mercado interno.
El asambleísta dijo que gracias al Gobierno de la “robailusión ciudadana”, muchos agricultores no saben dónde vender su producción.
650 dólares se invierten para producir una hectárea de maíz.
54 jornales se gastan para cosechar tres hectáreas.