El fiscal general Washington Pesántez avivó la llama de la pugna con la Corte Nacional de Justicia y no dejó “títere con cabeza” cuando se refirió a ciertos jueces con los que ha mantenido serias discrepancias por fallos judiciales que no
comparte.
La ceremonia de acreditación de los mil 26 nuevos policías judiciales fue el escenario, para que el funcionario demostrara su animadversión contra los jueces a los que les ha iniciado procesos penales por un presunto prevaricato.
Pagos
El Fiscal hizo especial mención al caso de los tres jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional que se han negado a rendir su versión en la instrucción que se les inició por prevaricato, por haberle dado la razón a un “mal auditor” que trabajaba en la Fiscalía y al que se le debería pagar, por concepto de la sentencia a su favor, más de 700 mil dólares.
Washington Pesántez se permitió ironizar sobre este caso y dijo que dudaba que los 700 mil dólares sean solo para el funcionario reclamante.
“Esa sentencia es inmoral e ilegal, y por ello les inicié una indagación previa, y como no van a declarar en dos ocasiones, he dispuesto que se los haga comparecer con la fuerza pública”, afirmó el Fiscal, al tiempo de mencionar la normativa legal que le faculta a llamar a cualquier persona para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.
Mal precedente
Agregó que sería un pésimo precedente concederles a los jueces el derecho al silencio cuando estos sean motivo de una investigación procesal.
Jueces restan autoridad al Fiscal para imputarlos
La respuesta de los jueces no se hizo esperar y dicen que no ven razón para su enjuiciamiento penal y mucho menos para que se les haga comparecer con la fuerza pública.
Los jueces Freddy Ordóñez, Juan Morales y Manuel Yépez se defienden señalando que la fiscalía pretende evitar el cumplimiento de una sentencia que le es adversa y que por ello ha iniciado la instrucción en su contra.
Manuel Yépez, uno de los jueces imputados, dice que el Fiscal tiene la obligación primero de solicitar al juez de garantías penales cualquier medida de apremio o cautelar, y no por sí y ante sí ordenar ilegal y arbitrariamente a la Policía para que se les conduzca a declarar , sin respetar la magistratura, la investidura que tienen.
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La ceremonia de acreditación de los mil 26 nuevos policías judiciales fue el escenario, para que el funcionario demostrara su animadversión contra los jueces a los que les ha iniciado procesos penales por un presunto prevaricato.
Pagos
El Fiscal hizo especial mención al caso de los tres jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional que se han negado a rendir su versión en la instrucción que se les inició por prevaricato, por haberle dado la razón a un “mal auditor” que trabajaba en la Fiscalía y al que se le debería pagar, por concepto de la sentencia a su favor, más de 700 mil dólares.
Washington Pesántez se permitió ironizar sobre este caso y dijo que dudaba que los 700 mil dólares sean solo para el funcionario reclamante.
“Esa sentencia es inmoral e ilegal, y por ello les inicié una indagación previa, y como no van a declarar en dos ocasiones, he dispuesto que se los haga comparecer con la fuerza pública”, afirmó el Fiscal, al tiempo de mencionar la normativa legal que le faculta a llamar a cualquier persona para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.
Mal precedente
Agregó que sería un pésimo precedente concederles a los jueces el derecho al silencio cuando estos sean motivo de una investigación procesal.
Jueces restan autoridad al Fiscal para imputarlos
La respuesta de los jueces no se hizo esperar y dicen que no ven razón para su enjuiciamiento penal y mucho menos para que se les haga comparecer con la fuerza pública.
Los jueces Freddy Ordóñez, Juan Morales y Manuel Yépez se defienden señalando que la fiscalía pretende evitar el cumplimiento de una sentencia que le es adversa y que por ello ha iniciado la instrucción en su contra.
Manuel Yépez, uno de los jueces imputados, dice que el Fiscal tiene la obligación primero de solicitar al juez de garantías penales cualquier medida de apremio o cautelar, y no por sí y ante sí ordenar ilegal y arbitrariamente a la Policía para que se les conduzca a declarar , sin respetar la magistratura, la investidura que tienen.
