Rectores temen que la nueva Ley permita la injerencia del Ejecutivo sobre el manejo de las universidades. Los estudiantes convocan, mañana, a una movilización
El anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) presentado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) generó malestar entre los rectores universitarios.
Luego de varias reuniones, las autoridades de los centros de educación superior determinaron que al menos 22 de los 236 artículos que contiene el documente son inconstitucionales y necesitan rectificaciones.
A decir de Carlos Cedeño, rector de la Universidad de Guayaquil, "atentan contra la autonomía de las universidades los artículos relacionados con las rentas, las limitaciones que se establecen en áreas académicas y la organización interna" de los centros educativos.
Entre ellos está la creación de la Secretaría Técnica del Organismo de Planificación, Regulación y Coordinación del Sistema y del Organismo Público Técnico de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, entidades que asumirían las actuales competencias del Conesup y Conea, respectivamente.
"Esos organismos, tal y como están planteados, tendrán atribuciones con orientación política", advierte Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).
El criterio es compartido por Antonio Posso, rector de la Universidad Técnica del Norte, quien manifiesta que "nadie ha señalado la necesidad de crear un Ministerio de Educación Superior, pues eso significaría eliminar la autonomía universitaria".
Pues, como explica Cedeño, "la pretensión de que el Ejecutivo sea quien designe al representante de esa secretaría significa que el sistema de educación superior esté regido, coordinado y controlado por una instancia del poder Ejecutivo, en este caso con el nivel de ministerio".
Otra de las preocupaciones que plantea Espinosa es la categorización de los títulos de tercer nivel.
"Los dividen en tres tipos: uno académico, uno profesional y otro politécnico. Esto es absurdo, porque se pretende que los jóvenes, apenas terminan el bachillerato, escojan si van a ser investigadores o profesionales", comenta.
Posso, en cambio, critica "la eliminación del fondo de desarrollo universitario que permite a las instituciones de educación superior mantener una autonomía financiera".
Mientras tanto, los estudiantes organizan una marcha en rechazo del anteproyecto.
"Existe la necesidad de una ley consensuada porque el proyecto de Senplades es retrógrado", dijo Marcelo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).
El anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) presentado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) generó malestar entre los rectores universitarios.
Luego de varias reuniones, las autoridades de los centros de educación superior determinaron que al menos 22 de los 236 artículos que contiene el documente son inconstitucionales y necesitan rectificaciones.
A decir de Carlos Cedeño, rector de la Universidad de Guayaquil, "atentan contra la autonomía de las universidades los artículos relacionados con las rentas, las limitaciones que se establecen en áreas académicas y la organización interna" de los centros educativos.
Entre ellos está la creación de la Secretaría Técnica del Organismo de Planificación, Regulación y Coordinación del Sistema y del Organismo Público Técnico de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, entidades que asumirían las actuales competencias del Conesup y Conea, respectivamente.
"Esos organismos, tal y como están planteados, tendrán atribuciones con orientación política", advierte Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).
El criterio es compartido por Antonio Posso, rector de la Universidad Técnica del Norte, quien manifiesta que "nadie ha señalado la necesidad de crear un Ministerio de Educación Superior, pues eso significaría eliminar la autonomía universitaria".
Pues, como explica Cedeño, "la pretensión de que el Ejecutivo sea quien designe al representante de esa secretaría significa que el sistema de educación superior esté regido, coordinado y controlado por una instancia del poder Ejecutivo, en este caso con el nivel de ministerio".
Otra de las preocupaciones que plantea Espinosa es la categorización de los títulos de tercer nivel.
"Los dividen en tres tipos: uno académico, uno profesional y otro politécnico. Esto es absurdo, porque se pretende que los jóvenes, apenas terminan el bachillerato, escojan si van a ser investigadores o profesionales", comenta.
Posso, en cambio, critica "la eliminación del fondo de desarrollo universitario que permite a las instituciones de educación superior mantener una autonomía financiera".
Mientras tanto, los estudiantes organizan una marcha en rechazo del anteproyecto.
"Existe la necesidad de una ley consensuada porque el proyecto de Senplades es retrógrado", dijo Marcelo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).
