La Asamblea aprobó el jueves reforma legal y transitoria para cobrar por infracciones cometidas desde agosto de 2008, sin prever prescripción alguna
Uno de los incumplimientos más notorios de la Ley de Tránsito es que en estos dos años y medio de vigencia no se han creado los juzgados de contravenciones, previsto en el capítulo XI del cuerpo legal, que deberían ser los encargados de juzgar y sancionar ese tipo de infracciones de tránsito.
Por ese incumplimiento, el asambleísta Rafael Dávila denunció en el Pleno de la Asamblea que desde agosto de 2008 no han sido sancionadas aproximadamente un millón de infracciones, por lo que también el Estado habría dejado de recibir unos $40 millones.
Para el asambleísta, en la reforma aprobada el jueves pasado, ese incumplimiento se lo pretende cubrir ahora con otro error al no respetar el principio de prescripción.
En la transitoria vigésima cuarta de la reforma legal se establece que las contravenciones de tránsito, cometidas a partir de 7 de agosto de 2008, que se encontraren en trámite en los juzgados correspondientes y que hubieren sido impugnadas se entenderán efectivamente cometidas y, por lo tanto, se interpondrán inmediatamente las sanciones pecuniarias correspondientes.
Para ese efecto, se señala que las boletas de citación constituirán título de crédito suficiente para que realice el cobro la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que reemplazará como ejecutor a la Comisión de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (CNTTTSV). "En estos casos, no operará prescripción alguna", dice expresamente la norma transitoria.
De acuerdo a unos datos estadísticos expuestos en el Pleno, las contravenciones a escala nacional (sin Guayas) suman 908 027. Han sido juzgadas 196 658 e impugnadas 9 898. Mientras están pendientes de juzgar 701 471 que representarían valores por $31 741 740 begin_of_the_skype_highlighting 31 741 740 end_of_the_skype_highlighting y otros $7 149 444 de infracciones juzgadas pero no cobradas.
El sistema de juzgamiento de contravenciones y delitos apuntaba a brindar celeridad en la fijación de sanciones y tratar de que eso sirva como un medio disuasivo para bajar el alto índice de siniestralidad en el país.
Licencias profesionales otorgadas a alumnos que nunca asistieron a los cursos obligatorios o la venta abierta de cupos y frecuencias del Estado, son -entre otras- las prácticas que han generado polémica en el sector del transporte público.
Uno de los incumplimientos más notorios de la Ley de Tránsito es que en estos dos años y medio de vigencia no se han creado los juzgados de contravenciones, previsto en el capítulo XI del cuerpo legal, que deberían ser los encargados de juzgar y sancionar ese tipo de infracciones de tránsito.
Por ese incumplimiento, el asambleísta Rafael Dávila denunció en el Pleno de la Asamblea que desde agosto de 2008 no han sido sancionadas aproximadamente un millón de infracciones, por lo que también el Estado habría dejado de recibir unos $40 millones.
Para el asambleísta, en la reforma aprobada el jueves pasado, ese incumplimiento se lo pretende cubrir ahora con otro error al no respetar el principio de prescripción.
En la transitoria vigésima cuarta de la reforma legal se establece que las contravenciones de tránsito, cometidas a partir de 7 de agosto de 2008, que se encontraren en trámite en los juzgados correspondientes y que hubieren sido impugnadas se entenderán efectivamente cometidas y, por lo tanto, se interpondrán inmediatamente las sanciones pecuniarias correspondientes.
Para ese efecto, se señala que las boletas de citación constituirán título de crédito suficiente para que realice el cobro la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que reemplazará como ejecutor a la Comisión de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (CNTTTSV). "En estos casos, no operará prescripción alguna", dice expresamente la norma transitoria.
De acuerdo a unos datos estadísticos expuestos en el Pleno, las contravenciones a escala nacional (sin Guayas) suman 908 027. Han sido juzgadas 196 658 e impugnadas 9 898. Mientras están pendientes de juzgar 701 471 que representarían valores por $31 741 740 begin_of_the_skype_highlighting 31 741 740 end_of_the_skype_highlighting y otros $7 149 444 de infracciones juzgadas pero no cobradas.
El sistema de juzgamiento de contravenciones y delitos apuntaba a brindar celeridad en la fijación de sanciones y tratar de que eso sirva como un medio disuasivo para bajar el alto índice de siniestralidad en el país.
Licencias profesionales otorgadas a alumnos que nunca asistieron a los cursos obligatorios o la venta abierta de cupos y frecuencias del Estado, son -entre otras- las prácticas que han generado polémica en el sector del transporte público.
