La discusión que ocupó mayor atención refiere al artículo 29 de este cuerpo legal. En él se establece que todos los ecuatorianos mayores de 18 años al fallecer se convierten en donantes, a menos de que en vida hayan manifestado su negativa.
En el caso de menores de edad fallecidos, los padres decidirán la donación.
Para esto se establece la obligatoriedad de que el Registro Civil pregunte al ciudadano la voluntad de donar cuando este saque su nueva cédula. Así, según el Organismo Nacional de Órganos y Tejidos (ONTOT) desde agosto a diciembre de 2010, 7 152 mayores de edad se registraron como donantes por esta modalidad. Mientras, otros 9 837 se inscribieron vía web, y en las jornadas de carnetización realizadas por el ONTOT en diferentes lugares del pais.
Asismismo, la normativa dispone la prohibición expresa del turismo de trasplantes. Esto se da cuando un extranjero viene al país con el único objetivo de recibir un órgano.
"Primero debemos abastecer la demanda del país para poder donar a otros", dijo Juan Serpa, cirujano hepático. Señaló también que en ningún país del mundo hay una cantidad de donantes mayor a la cantidad de pacientes en espera de un órgano para ser trasplantados.
También, se establecen sanciones para el tráfico de órganos. Así, se conciben desde multas de 100 salarios mínimos hasta la suspensión de la licencia profesional para ejercer la medicina en cualquier parte del mundo, además de la prisión.
A criterio de Serpa, el tráfico de órganos es imposible por varios factores. "La extracción de un órgano es de alta complejidad y para eso es necesario equipo técnico y médico especializado. Además, un órgano tiene un tiempo de vida muy corto y para que sea trasplantado debe mantener una compatibilidad con el paciente", explicó.
De su parte, Diana Almeida, Directora del ONTOT, señaló que esta ley representa un instrumento importante para crear una conciencia de donación en el país.
"Es importante hablar el tema con la familia y expresar la voluntad de donar , porque al morir esos órganos que ya no le sirven a la persona pueden dar vida a otra", indicó.
La normativa también garantiza el financiamiento del transplante y la medicación inmunosupresora de por vida para el trasplantado.
"Todos los pacientes que necesitan un trasplante se registran en una lista de espera y el programa de protección social (PPS) impulsado por las carteras de Salud y de Inclusión Económica y Social brinda asistencia financiera para la cirugía y la medicación", señaló Almeida.
Así, por ejemplo, en 2010 se realizaron 19 trasplantes hepáricos, cuyo costo unitario varía entre los $50 mil y los $75 mil que fueron cubiertos por el Estado.