La Contraloría General del Estado tiene listo el informe del examen especial realizado a los rastrillos del Regimiento Quito, tras los hechos del 30 de septiembre.
Según trascendió no existían controles de armas, municiones y bombas lacrimógenas.
La Contraloría quiso determinar el uso ilegal de armas de fuego, municiones, vehículos, motocicletas y demás por parte de los policías sublevados, pero no pudo, no hay inventarios ni un control adecuado de lo que los policías utilizan.
"Los informes se concluyeron y son informes reveladores", dijo Carlos Polit, contralor General del Estado.
Lo que ya se conoce es el monto del perjuicio económico que estableció la Contraloría por la ocupación de la pista aérea por parte de informados de la FAE durante el 30 de septiembre.
La Contraloría determinó responsabilidad civil culposa para 138 uniformado quienes deberán pagar el perjuicio económico que causaron por más de $210 mil.
"Es un monto que ha señalado la Contraloría por más de 210 mil dólares, todos los que actuaron tendrían que responder", indicó Pólit.
El informe fue solicitado por el fiscal Jorge Cano, que tiene a su cargo la investigación contra los miembros de FFAA.
Según trascendió no existían controles de armas, municiones y bombas lacrimógenas.
La Contraloría quiso determinar el uso ilegal de armas de fuego, municiones, vehículos, motocicletas y demás por parte de los policías sublevados, pero no pudo, no hay inventarios ni un control adecuado de lo que los policías utilizan.
"Los informes se concluyeron y son informes reveladores", dijo Carlos Polit, contralor General del Estado.
Lo que ya se conoce es el monto del perjuicio económico que estableció la Contraloría por la ocupación de la pista aérea por parte de informados de la FAE durante el 30 de septiembre.
La Contraloría determinó responsabilidad civil culposa para 138 uniformado quienes deberán pagar el perjuicio económico que causaron por más de $210 mil.
"Es un monto que ha señalado la Contraloría por más de 210 mil dólares, todos los que actuaron tendrían que responder", indicó Pólit.
El informe fue solicitado por el fiscal Jorge Cano, que tiene a su cargo la investigación contra los miembros de FFAA.
