La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional llamará a la Ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, para que responda sobre las acusaciones de irregularidades en la distribución de tierras en la comuna Kichwa Pañacocha.
A esta decisión llegó la Comisión después de escuchar las versiones de los pobladores de la comuna Pañacocha que se sienten afectados, según informó la Asamblea Nacional.
El presidente de la comuna, Marco Sanmiguel, junto con otros dirigentes señalaron que el funcionario del Ministerio de Ambiente, Camilo González, no respetó los derechos de los socios para la adjudicación de tierras en el Bosque Protector Pañacoha.
Los afectados dijeron que existió una manipulación en los documentos entregados a las autoridades del Ministerio, aseguran que se les quitó el plan de manejo ambiental, se les sacó del listado de socios y se les ha perjudicó en la adjudicación de tierras. Por esta razón solicitaron a la Comisión ayudar a solucionar este problema.
Entre tanto, el asambleísta Alfredo Ortiz, del Movimiento Municipalista, indicó que, al revisar la documentación presentada por los pobladores, se evidenció que varios documentos estaban alterados, firmas suplantadas, por lo que se presume que existen irregularidades en esta adjudicación, al mismo tiempo pidió que se realice una investigación para establecer las responsabilidades de todos los involucrados.
La Secretaria de Estado también deberá responder por la ilegal explotación maderera de la empresa Botrosa S.A y problemas de medio ambiente en la provincia de Galápagos.
A esta decisión llegó la Comisión después de escuchar las versiones de los pobladores de la comuna Pañacocha que se sienten afectados, según informó la Asamblea Nacional.
El presidente de la comuna, Marco Sanmiguel, junto con otros dirigentes señalaron que el funcionario del Ministerio de Ambiente, Camilo González, no respetó los derechos de los socios para la adjudicación de tierras en el Bosque Protector Pañacoha.
Los afectados dijeron que existió una manipulación en los documentos entregados a las autoridades del Ministerio, aseguran que se les quitó el plan de manejo ambiental, se les sacó del listado de socios y se les ha perjudicó en la adjudicación de tierras. Por esta razón solicitaron a la Comisión ayudar a solucionar este problema.
Entre tanto, el asambleísta Alfredo Ortiz, del Movimiento Municipalista, indicó que, al revisar la documentación presentada por los pobladores, se evidenció que varios documentos estaban alterados, firmas suplantadas, por lo que se presume que existen irregularidades en esta adjudicación, al mismo tiempo pidió que se realice una investigación para establecer las responsabilidades de todos los involucrados.
La Secretaria de Estado también deberá responder por la ilegal explotación maderera de la empresa Botrosa S.A y problemas de medio ambiente en la provincia de Galápagos.
