Las empresas Petroriental y Andes Petroleum presentaron una notificación de controversia ante la Procuraduría del Estado. A criterio del experto Luis Calero, esta sería una estrategia de negociación
Cuando falta una semana para que venza el plazo para que los contratos de las compañías petroleras que operan en el Ecuador migren de la modalidad de Participación a la de Prestación de Servicios, las chinas Andes Petroleum y Petroriental presentaron ante la Procuraduría General del Estado, una notificación de controversia que podría desembocar en un arbitraje.
Esto, con el argumento de que existe "poca transparencia y gran presión del Gobierno" en la renegociación. De esta forma, las compañías revelaron que el proceso es conflictivo aunque la notificación no podría llegar a afectar directamente a la renegociación.
En este contexto, el sábado anterior el presidente Rafael Correa volvió a recordar a las petroleras que deben firmar nuevos contratos bajo la normativa aprobada en julio.
"Que les vaya bonito, les pagamos sus inversiones y hasta luego. Podemos operar con las estatales Petroecuador y Petroamazonas", advirtió oficialmente el mandatario en su último enlace. Por su parte, el Ministerio de Recursos No Renovables encargado de la renegociación ha evitado emitir un pronunciamiento al respecto.
En medio de esto, el procurador del Estado, Diego García, dijo a la agencia gubernamental de noticias Andes que las compañías continúan las tratativas con el Ministerio, para la firma de los nuevos contratos petroleros.
"No se han roto los diálogos. Han asistido a las negociaciones en los días pasados y la aspiración del Ecuador es que esa posible controversia se solucione hasta el 23 de noviembre", manifestó el funcionario.
Asimismo, indicó que existe un tiempo para que se llegue a solucionar la controversia, y solamente de no darse un arreglo se iniciaría un proceso arbitral en la instancia que las petroleras chinas decidan.
Petroriental y Andes Petroleum han sido las únicas compañías participantes del proceso que han presentado notificaciones.
A criterio del especialista en Derecho Petrolero Luis Calero, la presentación del documento de notificación en la Procuraduría es una estrategia de negociación de las compañías chinas, ante la presión del Estado, como respuesta a la amenaza del Gobierno en el sentido de que tendrán que irse del país si no renegocian.
Es decir, "buscan hacer valer sus derechos ante las instancias de solución de conflictos", señaló.
Además, con la notificación, las compañías dejan abierta la posibilidad de que se lleve a cabo un arbitraje que podría llegar a organismos internacionales de Derecho.
Andes Petroleum opera el campo Tarapoa, del cual extrae unos 39 mil barriles de crudo por día; mientras que Petroriental tiene a su cargo los bloques 14 y 17, que producen unos 14 mil barriles en conjunto, según datos oficiales.
Son 33 los contratos petroleros que deberán ser renegociados hasta el próximo 23 de noviembre, según lo estipulado por la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, aprobada por la vía del Ministerio de la Ley en julio pasado, y que les dio 90 días a las compañías extranjeras que operen en el país para negociar y cambiar su modalidad contractual.
Cuando falta una semana para que venza el plazo para que los contratos de las compañías petroleras que operan en el Ecuador migren de la modalidad de Participación a la de Prestación de Servicios, las chinas Andes Petroleum y Petroriental presentaron ante la Procuraduría General del Estado, una notificación de controversia que podría desembocar en un arbitraje.
Esto, con el argumento de que existe "poca transparencia y gran presión del Gobierno" en la renegociación. De esta forma, las compañías revelaron que el proceso es conflictivo aunque la notificación no podría llegar a afectar directamente a la renegociación.
En este contexto, el sábado anterior el presidente Rafael Correa volvió a recordar a las petroleras que deben firmar nuevos contratos bajo la normativa aprobada en julio.
"Que les vaya bonito, les pagamos sus inversiones y hasta luego. Podemos operar con las estatales Petroecuador y Petroamazonas", advirtió oficialmente el mandatario en su último enlace. Por su parte, el Ministerio de Recursos No Renovables encargado de la renegociación ha evitado emitir un pronunciamiento al respecto.
En medio de esto, el procurador del Estado, Diego García, dijo a la agencia gubernamental de noticias Andes que las compañías continúan las tratativas con el Ministerio, para la firma de los nuevos contratos petroleros.
"No se han roto los diálogos. Han asistido a las negociaciones en los días pasados y la aspiración del Ecuador es que esa posible controversia se solucione hasta el 23 de noviembre", manifestó el funcionario.
Asimismo, indicó que existe un tiempo para que se llegue a solucionar la controversia, y solamente de no darse un arreglo se iniciaría un proceso arbitral en la instancia que las petroleras chinas decidan.
Petroriental y Andes Petroleum han sido las únicas compañías participantes del proceso que han presentado notificaciones.
A criterio del especialista en Derecho Petrolero Luis Calero, la presentación del documento de notificación en la Procuraduría es una estrategia de negociación de las compañías chinas, ante la presión del Estado, como respuesta a la amenaza del Gobierno en el sentido de que tendrán que irse del país si no renegocian.
Es decir, "buscan hacer valer sus derechos ante las instancias de solución de conflictos", señaló.
Además, con la notificación, las compañías dejan abierta la posibilidad de que se lleve a cabo un arbitraje que podría llegar a organismos internacionales de Derecho.
Andes Petroleum opera el campo Tarapoa, del cual extrae unos 39 mil barriles de crudo por día; mientras que Petroriental tiene a su cargo los bloques 14 y 17, que producen unos 14 mil barriles en conjunto, según datos oficiales.
Son 33 los contratos petroleros que deberán ser renegociados hasta el próximo 23 de noviembre, según lo estipulado por la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, aprobada por la vía del Ministerio de la Ley en julio pasado, y que les dio 90 días a las compañías extranjeras que operen en el país para negociar y cambiar su modalidad contractual.
