Desde el 2000, la inseguridad que vive el país, especialmente Guayaquil, ha sido un tema recurrente de las autoridades locales y de Gobierno. Como medida han implementado una serie de planes de seguridad, algunos repetitivos, que con el tiempo se han diluido y no han combatido de raíz el problema de la delincuencia.
En julio de ese año, por ejemplo, el Gobierno lanzó oficialmente el plan antidelictivo nacional que, en cierta forma, tenía que ver con el Plan Colombia (erradicar el narcotráfico). El general Paco Urrutia, entonces jefe del IV Distrito, anunció la creación de un grupo dedicado tácticamente a la lucha contra la delincuencia en Guayas, Los Ríos, Manabí y Galápagos, con 3.700 policías.
Dos semanas después de los ofrecimientos, la Policía no recibía la ayuda económica y el equipamiento prometido.
La exigencia y el clamor ciudadano hicieron que el alcalde Jaime Nebot implementará en agosto de ese año, el plan Más Seguridad, en Guayaquil. Una operación que se ejecutó en tres fases, combinada entre las policías Metropolitana y Nacional con vehículos, comunicación y armamento. La urbe fue dividida en 38 zonas y dos unidades satélites. La acción fue acogida en otras ciudades como Cuenca y Sucumbíos.
En enero de 2001, se unieron al proyecto fuerzas especiales como el GOE, GIR y GAO (actualmente desaparecido). Se establecieron recompensas de 5.000 dólares para los 10 delincuentes más buscados. En junio de 2002, la Policía adquirió un nuevo helicóptero para combatir la delincuencia en Guayas. Sin embargo, decisiones políticas, denuncias por abusos del personal uniformado llevaron al plan Más Seguridad a su fin.
Según el coronel Mario Acosta, jefe de la Policía Judicial de Guayas, “los operativos policiales no es que no estén encaminados a neutralizar los delitos. Están para eso, de acuerdo con las incidencias por días, sectores y horas”.
Asegura que diariamente las unidades salen a realizar ese tipo de trabajo en forma puntual. “Que ocurran delitos pese a la presencia policial siempre va a ocurrir. Si usted cubre un sector, el delincuente se mueve a otro sitio. Aprovechan ese espacio de tiempo de la presencia policial para delinquir en otro sitio. Ellos levantan información, también realizan inteligencia”. Afirma que actualmente existen 68 puntos de control en la ciudad.
En un análisis e interpretación de la delincuencia en el Ecuador (entre el período enero-agosto de 2010), la Policía Nacional se fundamenta en cifras de denuncias y detenidos para “dar recomendaciones razonables sobre el fenómeno de la delincuencia y con el objeto de elaborar planes y políticas de control, prevención y tratamiento del delito”.
No obstante, temas como el sicariato o las mafias de pandillas, que en los últimos años han disparado la violencia delictiva no son analizados dentro de ese estudio, para tomar soluciones estructurales.
La exigencia por más seguridad ha hecho que en determinados tiempos no solo se activen nuevos planes policiales, sino además que salgan a patrullar las calles fuerzas de tarea conjunta de las FF.AA.
Pero otro problema que se presenta, según el coronel Acosta, es que cuando los elementos policiales toman un procedimiento y detienen al autor de un delito deben ir hasta las instalaciones de la PJ y esperar 4, 6, 8 y hasta 12 horas para que se realice la audiencia, “y en muchas de las ocasiones el trabajo policial queda minimizado. El patrullero entonces abandona su sector y esa zona queda a merced del hampa”. (Expreso)
En julio de ese año, por ejemplo, el Gobierno lanzó oficialmente el plan antidelictivo nacional que, en cierta forma, tenía que ver con el Plan Colombia (erradicar el narcotráfico). El general Paco Urrutia, entonces jefe del IV Distrito, anunció la creación de un grupo dedicado tácticamente a la lucha contra la delincuencia en Guayas, Los Ríos, Manabí y Galápagos, con 3.700 policías.
Dos semanas después de los ofrecimientos, la Policía no recibía la ayuda económica y el equipamiento prometido.
La exigencia y el clamor ciudadano hicieron que el alcalde Jaime Nebot implementará en agosto de ese año, el plan Más Seguridad, en Guayaquil. Una operación que se ejecutó en tres fases, combinada entre las policías Metropolitana y Nacional con vehículos, comunicación y armamento. La urbe fue dividida en 38 zonas y dos unidades satélites. La acción fue acogida en otras ciudades como Cuenca y Sucumbíos.
En enero de 2001, se unieron al proyecto fuerzas especiales como el GOE, GIR y GAO (actualmente desaparecido). Se establecieron recompensas de 5.000 dólares para los 10 delincuentes más buscados. En junio de 2002, la Policía adquirió un nuevo helicóptero para combatir la delincuencia en Guayas. Sin embargo, decisiones políticas, denuncias por abusos del personal uniformado llevaron al plan Más Seguridad a su fin.
Según el coronel Mario Acosta, jefe de la Policía Judicial de Guayas, “los operativos policiales no es que no estén encaminados a neutralizar los delitos. Están para eso, de acuerdo con las incidencias por días, sectores y horas”.
Asegura que diariamente las unidades salen a realizar ese tipo de trabajo en forma puntual. “Que ocurran delitos pese a la presencia policial siempre va a ocurrir. Si usted cubre un sector, el delincuente se mueve a otro sitio. Aprovechan ese espacio de tiempo de la presencia policial para delinquir en otro sitio. Ellos levantan información, también realizan inteligencia”. Afirma que actualmente existen 68 puntos de control en la ciudad.
En un análisis e interpretación de la delincuencia en el Ecuador (entre el período enero-agosto de 2010), la Policía Nacional se fundamenta en cifras de denuncias y detenidos para “dar recomendaciones razonables sobre el fenómeno de la delincuencia y con el objeto de elaborar planes y políticas de control, prevención y tratamiento del delito”.
No obstante, temas como el sicariato o las mafias de pandillas, que en los últimos años han disparado la violencia delictiva no son analizados dentro de ese estudio, para tomar soluciones estructurales.
La exigencia por más seguridad ha hecho que en determinados tiempos no solo se activen nuevos planes policiales, sino además que salgan a patrullar las calles fuerzas de tarea conjunta de las FF.AA.
Pero otro problema que se presenta, según el coronel Acosta, es que cuando los elementos policiales toman un procedimiento y detienen al autor de un delito deben ir hasta las instalaciones de la PJ y esperar 4, 6, 8 y hasta 12 horas para que se realice la audiencia, “y en muchas de las ocasiones el trabajo policial queda minimizado. El patrullero entonces abandona su sector y esa zona queda a merced del hampa”. (Expreso)
