El fiscal de Delitos Contra la Administración Pública, José Miguel Jiménez, realizó ayer un reconocimiento en el Hospital de la Policía para observar el estado de la puerta que lo conecta al Regimiento Quito, escenario de la sublevación policial del 30 de septiembre.
La diligencia se dio dentro de la investigación contra el ex director del hospital, coronel César Carrión, acusado por el presidente Rafael Correa de haberse negado a abrirle este ingreso ese día.
Jiménez dijo que como evidencia se tomó el candado de la puerta, cuya llave fue entregada por Carrión cuando rindió su primera versión.
La Fiscalía había solicitado la presencia de Carrión. “Para ello se envió un oficio al Director de Rehabilitación Social para que disponga la custodia policial para el traslado, pero finalmente no acudió”, señaló Jiménez, aunque aseguró que la ausencia no invalida el reconocimiento, porque estuvo presente la defensa del uniformado, los peritos y la Fiscalía.
El abogado Stalin López dijo que el oficio para el traslado de Carrión nunca llegó a la Cárcel 4, esto a pesar que su defendido estaba listo para formar parte del reconocimiento.
Agregó que tiene videos caseros que demostrarían que el oficial no se negó al ingreso del Mandatario y que, al contrario, lo ayudó en momentos que era vejado por los policías.
Dentro del proceso, Jiménez ha tomado declaraciones de asambleístas, generales de la Policía y en los próximos días recibirá la versión de camarógrafos y periodistas que estuvieron presentes en el hospital policial.
Ayer al menos diez agentes rindieron su versión a pedido de la capitana Paola Mafla. La oficial es investigada desde el 7 de octubre por el delito de rebelión junto a 65 uniformados más. Esto, pues los sindicados tienen la posibilidad legal de pedir la comparecencia de testigos como prueba de descargo a su favor.
Por el mismo caso acudió a declarar el actual director general de Inteligencia de la Policía, coronel Claudio Guerra.
Para hoy se tiene prevista la comparecencia del mayor Freddy Sarzosa, jefe de la Unidad de Investigación de Antinarcóticos; y el coronel Ernesto Solano de la Sala Brown, quien se desempeñaba como director general de Inteligencia de la Policía el día de la revuelta.
Mientras que el juez de Garantías Penales, Juan Pablo Hernández, dictó la noche del martes orden de prisión preventiva contra el militar en servicio pasivo y simpatizante de Sociedad Patriótica, Max Marín. Pasadas las 20:30 se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de Marín, quien fue detenido al igual que el catedrático, David Camacho, investigados por ingresar violentamente en Ecuador TV, y causar destrozos.
Hoy el juez 15º de Garantías Penales de Pichincha, Freddy San Martín, resolverá el pedido de sustitución de la prisión preventiva contra Rolando Tapia, ex jefe de la escolta legislativa, acusado de atentar contra la seguridad del Estado.
La diligencia se dio dentro de la investigación contra el ex director del hospital, coronel César Carrión, acusado por el presidente Rafael Correa de haberse negado a abrirle este ingreso ese día.
Jiménez dijo que como evidencia se tomó el candado de la puerta, cuya llave fue entregada por Carrión cuando rindió su primera versión.
La Fiscalía había solicitado la presencia de Carrión. “Para ello se envió un oficio al Director de Rehabilitación Social para que disponga la custodia policial para el traslado, pero finalmente no acudió”, señaló Jiménez, aunque aseguró que la ausencia no invalida el reconocimiento, porque estuvo presente la defensa del uniformado, los peritos y la Fiscalía.
El abogado Stalin López dijo que el oficio para el traslado de Carrión nunca llegó a la Cárcel 4, esto a pesar que su defendido estaba listo para formar parte del reconocimiento.
Agregó que tiene videos caseros que demostrarían que el oficial no se negó al ingreso del Mandatario y que, al contrario, lo ayudó en momentos que era vejado por los policías.
Dentro del proceso, Jiménez ha tomado declaraciones de asambleístas, generales de la Policía y en los próximos días recibirá la versión de camarógrafos y periodistas que estuvieron presentes en el hospital policial.
Ayer al menos diez agentes rindieron su versión a pedido de la capitana Paola Mafla. La oficial es investigada desde el 7 de octubre por el delito de rebelión junto a 65 uniformados más. Esto, pues los sindicados tienen la posibilidad legal de pedir la comparecencia de testigos como prueba de descargo a su favor.
Por el mismo caso acudió a declarar el actual director general de Inteligencia de la Policía, coronel Claudio Guerra.
Para hoy se tiene prevista la comparecencia del mayor Freddy Sarzosa, jefe de la Unidad de Investigación de Antinarcóticos; y el coronel Ernesto Solano de la Sala Brown, quien se desempeñaba como director general de Inteligencia de la Policía el día de la revuelta.
Mientras que el juez de Garantías Penales, Juan Pablo Hernández, dictó la noche del martes orden de prisión preventiva contra el militar en servicio pasivo y simpatizante de Sociedad Patriótica, Max Marín. Pasadas las 20:30 se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de Marín, quien fue detenido al igual que el catedrático, David Camacho, investigados por ingresar violentamente en Ecuador TV, y causar destrozos.
Hoy el juez 15º de Garantías Penales de Pichincha, Freddy San Martín, resolverá el pedido de sustitución de la prisión preventiva contra Rolando Tapia, ex jefe de la escolta legislativa, acusado de atentar contra la seguridad del Estado.
