Con la finalidad de que las inversiones de las compañías petroleras que operan en el país se incrementen, la semana anterior, el Estado firmó los nuevos contratos de prestación de servicios con estas compañías, en los que se proyecta un crecimiento tanto en las colocaciones de capital, como en la producción.
Así, mediante el pago de una tarifa por barril de petróleo extraído, las empresas petroleras recuperarán las inversiones que realicen.
En cuatro de los ocho contratos suscritos, las tarifas bajan en relación a las que el Estado pagaba con los contratos que tenía con las compañías hasta el pasado 23 de noviembre; mientras que en otros cuatro, la cifra es positiva.
Por otra parte, la producción petrolera se incrementaría en cada uno de los campos, puesto que pasará de los 170 millones de barriles proyectados para este año, a 246 millones dentro de los próximos tres a cuatro años.
Asimismo, las inversiones crecerán en $852 millones, con compañías como la chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que en el campo PBHI no invertía en exploración y ahora lo hará con un monto de $12 millones.
"La renegociación es absolutamente conveniente para el país", dijo Pástor, a lo que añadió que "si no hay esfuerzos en aumentar la producción, no tendría sentido el cambio del modelo contractual".
Sin embargo, el analista petrolero Fernando Villavicencio sostiene que la renegociación "es económicamente perjudicial e ilegal".
"Es una pésima negociación económica, haber reconocido tarifas entre los $35 y $41 por barril en bloques viejos, con crudos pesados y por pequeñas inversiones", indicó el experto. (JR)
Otros datos
La participación del Estado en la renta petrolera subió del 70% al 80% como promedio.
Los contratos con ENAP son los que cuentan con un mayor beneficio para el Estado.
Las empresas Agip, Andes Petroleum, Petrooriental y Repsol recibirán pagos en especies.
La producción comercializable por Petroecuador llegará a 35 mil barriles diarios.
Por cada dólar que aumente el precio del petróleo WTI, el Estado recibirá $245 millones.
Si el petróleo baja, el Estado se reserva el 25% de ese valor por margen de soberanía.