Este proyecto es la piedra angular de la política territorial de Ecuador y esencial para el desarrollo y la reducción de la pobreza en zonas rurales. Casi 60 por ciento de las propiedades rurales en Ecuador no tienen registros de propiedad actualizados, y 12 por ciento de las propiedades no están tituladas. Al final de este proyecto, el catastro actualizará unas 800.000 propiedades rurales de las 2,7 millones que se calcula existen en el país. Se reforzará la seguridad jurídica de la tenencia de unas 314.000 propiedades.
El proyecto proporcionará seguridad jurídica a los derechos de propiedad para miles de productores rurales, allanando el camino para aumentar las inversiones y el acceso al crédito, que pueden ayudar a los agricultores tradicionales a mejorar la productividad de sus fincas. La agricultura representa 9 por ciento del producto interno bruto de Ecuador y emplea a más de una cuarta parte de su fuerza laboral.
El proyecto financiará la producción de fotografías aéreas digitales y mapas temáticos para la evaluación de propiedades de todo el territorio nacional, la actualización de registros de propiedades rurales y sistemas catastrales en 50 municipios, la prestación de asistencia técnica y legal para regularizar la propiedad de tierras, en particular en comunidades indígenas y afro-ecuatorianas.
Por otra parte, el BID apoyará la implementación y mejora de los sistemas de información para vincular en tiempo real las bases de datos de catastros municipales y las oficinas registro de propiedades. Estos dos sistemas se vincularán a una base de datos nacional y se capacitará al personal para utilizarlos. El proyecto generará información para la gestión de tierras y el ordenamiento territorial en zonas rurales, así como una mejor estimación de los valores de las propiedades, que podría mejorar los ingresos fiscales municipales.
El BID ha venido apoyando los esfuerzos de Ecuador para regularizar la tenencia de tierras desde el 2002, cuando aprobó un préstamo de US$15,2 millones para ayudar al gobierno a desarrollar una metodología viable para la regularización a gran escala de propiedades físicas y jurídicas. Este proyecto se completó el año pasado.
El nuevo préstamo del BID tendrá un plazo de 25 años, un período de gracia de cuatro años y una tasa de interés basada en LIBOR. Los fondos locales de contrapartida totalizan 38 millones de dólares./BID.