Analistas poliíticos advierten que la prolongación del período de transición resta legitimidad a las instituciones dirigidas por autoridades encargadas y que son aspirantes a integrar los organismos de control del estadoPara Santiago Basabe, director del Centro de Investigaciones de Política de la Universidad Andina Simón Bolívar, "la transición es solo un membrete utilizado con la clara intención de afianzar el proyecto político hegemónico, excluyente y poco democrático del presidente Rafael Correa".
Basabe advierte que mientras más tiempo se tenga a funcionarios transitorios, la inseguridad jurídica y política irán en aumento. Además, atribuye el problema a la poca legitimidad democrática que tiene el CPCCS.
"Las siete personas (miembros del Consejo), responsables de la designación de autoridades de control, no representan la opinión popular", dijo el analista.
Según informó Miranda, para junio del año próximo, el Consejo prevé concluir el proceso de designación del nuevo fiscal general y de los nueve miembros de la Judicatura, mientras las restantes autoridades de control como procurador, contralor y superintendentes se cumpliría hasta fines de ese año.
El constitucionalista Gustavo Medina agregó que la transición prolongada genera inestabilidad. "No es lo mismo contar con con una autoridad electa que con una encargada. Eso explica el estado de crisis de la institucionalidad que se vive en el país", agregó.
En contraste, el asambleísta por el movimiento oficialista Alianza País (AP), César Rodríguez, dijo que si el período de transición ha durado más de dos años, esperar no es problema alguno.
"Lo importante es que, mediante los concursos, se pueda dotar al país de autoriades con absoluta legitimidad y sin ningún cuestionamiento", señaló.
