La Habana (Cuba).- Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, reunidos en su VIII Cumbre, celebrada en La Habana, Cuba, convinieron reafirmar la Declaración Especial sobre Cambio Climático adoptada en la VII Cumbre del ALBA-TCP, efectuada en Cochabamba, Bolivia, el 17 de octubre de 2009, y reconocieron particularmente, que la iniciativa “Yasuní ITT de uno de sus países miembros, el Ecuador, debe ser reconocida, compensada financieramente y promovida a nivel mundial por ser “innovadora y vanguardista en el enfrentamiento del problema del cambio climático”.
Con la presencia de los presidentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, el Canciller del Ecuador, Fander Falconí, y la presencia de la legítima Canciller de Honduras, Patricia Rodas, los participantes se mostraron preocupados porque los países desarrollados, principales responsables del cambio climático y de sus impactos adversos, no tienen la intención de alcanzar resultados justos y balanceados en la cumbre que se realiza en Copenhague.
Los Jefes de Estado y Cancilleres miembros que celebran los primeros cinco años de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra Américas (ALBA), ratificaron que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto representan el régimen jurídico vinculante vigente que norma la respuesta y la cooperación internacional para el enfrentamiento al calentamiento global, y rechazaron categóricamente los intentos de hacer fenecer esto instrumentos, anularlos o sustituirlos por nuevos acuerdos que erosionen o alteren las obligaciones jurídicamente vinculantes que en ellos contrajeron.
Constataron una vez más, que la crisis ambiental, resultante del incremento de la temperatura en la atmósfera es consecuencia del prolongado e insostenible patrón de producción y de consumo de los países ricos, de la aplicación e imposición al resto del mundo de un modelo de desarrollo depredador, y de la falta de voluntad política para el cumplimiento pleno y efectivo de los compromisos y obligaciones previstas en la Convención y el Protocolo de Kyoto. Por lo que enfatizaron la necesidad de cambiar los patrones de consumo y estilos de vida en los países ricos y de reformar el sistema económico, comercial y financiero internacional.
Además destacaron que los países ricos deben comprometerse a la reabsorción de emisiones de gases de efecto invernadero de tal forma que se garantice el derecho al desarrollo de los países pobres; al cumplimiento de sus compromisos de transferencia efectiva de tecnología, asegurando que sea accesible, asequible, adaptable y eliminando todas las barreras relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, para que los países del Sur puedan emprender un proceso de desarrollo que no siga los patrones de consumo y contaminación del Norte; y a cumplir y garantizar en la provisión efectiva de recursos financieros públicos adicionales, adecuados, previsibles y sostenible, así para evitar una catástrofe climática mayor, los países desarrollados deben proveer del 6% por ciento de su GDP a favor de los países en desarrollo haciendo una contribución medible (notificable y verificable) hacia el pago total de su deuda climática.
Con la presencia de los presidentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, el Canciller del Ecuador, Fander Falconí, y la presencia de la legítima Canciller de Honduras, Patricia Rodas, los participantes se mostraron preocupados porque los países desarrollados, principales responsables del cambio climático y de sus impactos adversos, no tienen la intención de alcanzar resultados justos y balanceados en la cumbre que se realiza en Copenhague.
Los Jefes de Estado y Cancilleres miembros que celebran los primeros cinco años de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra Américas (ALBA), ratificaron que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto representan el régimen jurídico vinculante vigente que norma la respuesta y la cooperación internacional para el enfrentamiento al calentamiento global, y rechazaron categóricamente los intentos de hacer fenecer esto instrumentos, anularlos o sustituirlos por nuevos acuerdos que erosionen o alteren las obligaciones jurídicamente vinculantes que en ellos contrajeron.
Constataron una vez más, que la crisis ambiental, resultante del incremento de la temperatura en la atmósfera es consecuencia del prolongado e insostenible patrón de producción y de consumo de los países ricos, de la aplicación e imposición al resto del mundo de un modelo de desarrollo depredador, y de la falta de voluntad política para el cumplimiento pleno y efectivo de los compromisos y obligaciones previstas en la Convención y el Protocolo de Kyoto. Por lo que enfatizaron la necesidad de cambiar los patrones de consumo y estilos de vida en los países ricos y de reformar el sistema económico, comercial y financiero internacional.
Además destacaron que los países ricos deben comprometerse a la reabsorción de emisiones de gases de efecto invernadero de tal forma que se garantice el derecho al desarrollo de los países pobres; al cumplimiento de sus compromisos de transferencia efectiva de tecnología, asegurando que sea accesible, asequible, adaptable y eliminando todas las barreras relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, para que los países del Sur puedan emprender un proceso de desarrollo que no siga los patrones de consumo y contaminación del Norte; y a cumplir y garantizar en la provisión efectiva de recursos financieros públicos adicionales, adecuados, previsibles y sostenible, así para evitar una catástrofe climática mayor, los países desarrollados deben proveer del 6% por ciento de su GDP a favor de los países en desarrollo haciendo una contribución medible (notificable y verificable) hacia el pago total de su deuda climática.
