Con el primer debate de un proyecto de reformas “urgentes” en materia penal, la Asamblea pretende terminar el año. Y con ello dar una respuesta a la ciudadanía en el tema de seguridad.
El informe elaborado por la Comisión de Justicia señala que la intención es resolver problemas generados por la reforma que la Asamblea aprobó en marzo, pero que -en gran parte- fue propuesta por la Fiscalía General.
Entre los temas criticados constaba que los hurtos (robos sin violencia) menores a $ 654 sean contravenciones (las tramitan comisarios). Al respecto, en octubre, el fiscal Washington Pesántez reconoció que esa fue iniciativa de la institución que él dirige y solicitó que el monto se disminuya a $ 218.
Pero la Comisión de Justicia, presidida por María Paula Romo (PAIS), fue más allá y redujo el monto a $ 21. Así, de aprobarse estas nuevas reformas penales, los delitos que superen ese valor deberán ser investigados de oficio por los fiscales que también tendrán que proceder igual con las estafas.
La Comisión plantea que estas últimas vuelvan a ser delitos de acción pública. Desde marzo pasado, las estafas son consideradas como delitos de acción privada. Es decir, requieren de una acusación particular para la investigación y esto ha generado su “impunidad”, determina el informe.
La propuesta que será debatida mañana también tipifica la venta de objetos robados y establece que “será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, quien oculte, guarde, custodie, transporte o venda” una mercadería de procedencia ilícita.
Las reformas legales abarcan, además, a los administradores de justicia. Según datos del Consejo de la Judicatura (CJ), ha habido muchas audiencias de juzgamiento que no se han realizado por inacción de jueces y fiscales.
Por tanto, la Comisión determinó que los secretarios de las oficinas de justicia deberán informar mensualmente al Consejo si se realizaron o no las audiencias, si los servidores judiciales asistieron y los motivos de las inasistencias.
En cuanto al procedimiento, plantea la prohibición de sustituir la prisión preventiva cuando se trate de delitos sexuales, infracciones sancionadas con penas de reclusión y en los casos de reincidencia. También, elimina la apelación del autollamamiento a juicio.
El informe elaborado por la Comisión de Justicia señala que la intención es resolver problemas generados por la reforma que la Asamblea aprobó en marzo, pero que -en gran parte- fue propuesta por la Fiscalía General.
Entre los temas criticados constaba que los hurtos (robos sin violencia) menores a $ 654 sean contravenciones (las tramitan comisarios). Al respecto, en octubre, el fiscal Washington Pesántez reconoció que esa fue iniciativa de la institución que él dirige y solicitó que el monto se disminuya a $ 218.
Pero la Comisión de Justicia, presidida por María Paula Romo (PAIS), fue más allá y redujo el monto a $ 21. Así, de aprobarse estas nuevas reformas penales, los delitos que superen ese valor deberán ser investigados de oficio por los fiscales que también tendrán que proceder igual con las estafas.
La Comisión plantea que estas últimas vuelvan a ser delitos de acción pública. Desde marzo pasado, las estafas son consideradas como delitos de acción privada. Es decir, requieren de una acusación particular para la investigación y esto ha generado su “impunidad”, determina el informe.
La propuesta que será debatida mañana también tipifica la venta de objetos robados y establece que “será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, quien oculte, guarde, custodie, transporte o venda” una mercadería de procedencia ilícita.
Las reformas legales abarcan, además, a los administradores de justicia. Según datos del Consejo de la Judicatura (CJ), ha habido muchas audiencias de juzgamiento que no se han realizado por inacción de jueces y fiscales.
Por tanto, la Comisión determinó que los secretarios de las oficinas de justicia deberán informar mensualmente al Consejo si se realizaron o no las audiencias, si los servidores judiciales asistieron y los motivos de las inasistencias.
En cuanto al procedimiento, plantea la prohibición de sustituir la prisión preventiva cuando se trate de delitos sexuales, infracciones sancionadas con penas de reclusión y en los casos de reincidencia. También, elimina la apelación del autollamamiento a juicio.
