Hoy, a las 17:08, la señal de Teleamazonas volverá al aire, una vez que transcurran las 72 horas de suspensión, dictadas el martes pasado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel).
El ente de control dictó dicha sanción, que es la cuarta que se aplica al medio de comunicación, argumentando que el canal transmitió una noticia basada en supuestos sobre afectaciones a la pesca en la isla Puná, en el golfo de Guayaquil, por actividades exploratorias de gas, impulsadas en convenio entre las estatales Petroecuador y PDVSA de Venezuela, lo cual generó una protesta de pescadores de la zona contra el Gobierno de Rafael Correa y el enojo de este, quien pidió el cierre definitivo del canal, que mantiene una línea crítica frente al Régimen.
Entre tanto, aumentan las voces de rechazo a la suspensión del canal, así como el cierre definitivo de la radio Shuar La Voz de Arutam, ordenada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo que culpó a la estación de llamar a la comunidad a la violencia durante la última movilización indígena contra el Gobierno, efectuada en octubre pasado.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot llegó hasta el canal para solidarizarse con sus empleados. Antes, alertó sobre el afán del presidente Rafael Correa de implantar en el país un "totalitarismo político, económico y, ahora, de opinión" y pidió a los ecuatorianos estar atentos para impedirlo.
El presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, Miguel Palacios, declaró enemigos de la libertad de expresión a los miembros de la Supertel. "Son simples ejecutores de los instintos vengativos que pululan desde las entrañas del poder central", aseguró. Cinthya Viteri, asambleísta del MDG, denunció que fue el presidente Correa quien ordenó la suspensión del canal y el cierre de la radio amazónica. El ex vicepresidente Blasco Peñaherrera consideró que es "una manera de encontrar pretextos para callar a un medio de comunicación que ha tenido una actitud de independencia absoluta frente al Gobierno dictatorial de Correa".
Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, defendió las medidas. Dijo que la suspensión de Teleamazonas fue una acción administrativa que se ha sobredimensionado porque se trata de un bien de propiedad "del banquero más poderoso del país. Es una decisión común y corriente como cuando se clausura un burdel", dijo en referencia a Fidel Egas, dueño de Teleamazonas. Sobre el cierre de Arutam, el subsecretario, considerado uno de los personajes más influyentes del Gobierno, manifestó que la medida se dictó antes que la del canal quiteño y cuestionó que ningún medio de comunicación haya buscado su pronunciamiento como se lo hace por la suspensión de Teleamazonas. El editor de Opinión del diario El Universo, Emilio Palacio, sostuvo que el cierre temporal del canal, además de antidemocrático, es ilegal e inconstitucional. "La Constitución prohibe sancionar a cualquier persona o medio con una norma que no conste en la Ley. La sanción se basa en un reglamento", dijo. De igual manera, la Federación
Unionista de Trabajadores de la Educación del Ecuador rechazó el cierre de los medios y ratificó su lucha para que se respeten en el país los derechos humanos fundamentales y constitucionales, entre los que se encuentran la libertad de expresión.
El ente de control dictó dicha sanción, que es la cuarta que se aplica al medio de comunicación, argumentando que el canal transmitió una noticia basada en supuestos sobre afectaciones a la pesca en la isla Puná, en el golfo de Guayaquil, por actividades exploratorias de gas, impulsadas en convenio entre las estatales Petroecuador y PDVSA de Venezuela, lo cual generó una protesta de pescadores de la zona contra el Gobierno de Rafael Correa y el enojo de este, quien pidió el cierre definitivo del canal, que mantiene una línea crítica frente al Régimen.
Entre tanto, aumentan las voces de rechazo a la suspensión del canal, así como el cierre definitivo de la radio Shuar La Voz de Arutam, ordenada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo que culpó a la estación de llamar a la comunidad a la violencia durante la última movilización indígena contra el Gobierno, efectuada en octubre pasado.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot llegó hasta el canal para solidarizarse con sus empleados. Antes, alertó sobre el afán del presidente Rafael Correa de implantar en el país un "totalitarismo político, económico y, ahora, de opinión" y pidió a los ecuatorianos estar atentos para impedirlo.
El presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, Miguel Palacios, declaró enemigos de la libertad de expresión a los miembros de la Supertel. "Son simples ejecutores de los instintos vengativos que pululan desde las entrañas del poder central", aseguró. Cinthya Viteri, asambleísta del MDG, denunció que fue el presidente Correa quien ordenó la suspensión del canal y el cierre de la radio amazónica. El ex vicepresidente Blasco Peñaherrera consideró que es "una manera de encontrar pretextos para callar a un medio de comunicación que ha tenido una actitud de independencia absoluta frente al Gobierno dictatorial de Correa".
Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, defendió las medidas. Dijo que la suspensión de Teleamazonas fue una acción administrativa que se ha sobredimensionado porque se trata de un bien de propiedad "del banquero más poderoso del país. Es una decisión común y corriente como cuando se clausura un burdel", dijo en referencia a Fidel Egas, dueño de Teleamazonas. Sobre el cierre de Arutam, el subsecretario, considerado uno de los personajes más influyentes del Gobierno, manifestó que la medida se dictó antes que la del canal quiteño y cuestionó que ningún medio de comunicación haya buscado su pronunciamiento como se lo hace por la suspensión de Teleamazonas. El editor de Opinión del diario El Universo, Emilio Palacio, sostuvo que el cierre temporal del canal, además de antidemocrático, es ilegal e inconstitucional. "La Constitución prohibe sancionar a cualquier persona o medio con una norma que no conste en la Ley. La sanción se basa en un reglamento", dijo. De igual manera, la Federación
Unionista de Trabajadores de la Educación del Ecuador rechazó el cierre de los medios y ratificó su lucha para que se respeten en el país los derechos humanos fundamentales y constitucionales, entre los que se encuentran la libertad de expresión.
