El concurso de méritos y oposición convocado en noviembre de 2007 por el entonces Consejo Nacional de la Judicatura, para la creación de cinco tribunales penales en Pichincha, actualmente en funciones, aún es objeto de impugnación por parte de los funcionarios judiciales que participaron y que dicen haber sido perjudicados en la calificación.
Entre los reclamantes están Norma Reyes Solano, Juan Carlos Cruz, Milton Maroto y Guido Andrade, quienes aducen que en el reglamento de participación se fijaron normas claras y criterios de cualidades sobre las cuales se concursó, y que del mismo es fácil colegir que para obtener 60 puntos en méritos. Entre los requisitos que se exigían estaba tener formación académica de licenciado, abogado, doctor en jurisprudencia, haber realizado varios cursos, tener 10 años en la Función Judicial y 10 años en otra institución pública o privada en materias relacionadas, es decir 20 años de experiencia como mínimo.
Pero, estos participantes observaron con sorpresa que compañeros con menor tiempo de servicio, que a la fecha del concurso les faltaba para llegar a los cinco años, es decir a los 10 puntos, y otros a esa misma fecha no tenían ni cuatro años de trabajo en otras instituciones, por tanto no llegaban ni siquiera a los 30 puntos requeridos para seguir en el concurso, alcanzaron mayor puntaje que ellos, que pasan de los nueve años. La concursante Norma Reyes, incluso, suma 14 años de laborar en la Función Judicial.
Las dudas
Los reclamantes no saben cómo se calificaron los méritos, ya que era prácticamente imposible alcanzar los 60 puntos, y en el concurso de Quito se da el único caso a nivel nacional de calificación de 60/60 con menos tiempo de servicio que ellos.
Norma Reyes Solano lamenta que a través de la complicidad entre postulantes, funcionarios del en aquel tiempo Consejo Nacional de la Judicatura e incluso personeros de esta Institución se haya orquestado científicamente un fraude a la fe pública y que se haya incumplido con principios fundamentales que recoge la Constitución, y se les obligue a convivir con la corrupción en lugar de luchar por erradicarla.
En su reclamo dirigido al actual Consejo de la Judicatura en transición, Norma Reyes cita varios ejemplos de hechos irregulares que se habrían cometido durante el mencionado concurso de méritos y oposición.
Un ejemplo
Reyes dice que de los documentos notarizados se colige que el Dr. Juan Carlos Rivera Silva, uno de los concursantes que ostenta el primer puesto, con 60 puntos, ha trabajado en relación de dependencia con Juan Rivera Fierro desde el 1 de enero de 1986, hasta el 30 de abril de 1987, es decir un año tres meses y no 10 como él asegura, por lo cual no podía tener sino 40 puntos en la calificación de los méritos.
Entre los reclamantes están Norma Reyes Solano, Juan Carlos Cruz, Milton Maroto y Guido Andrade, quienes aducen que en el reglamento de participación se fijaron normas claras y criterios de cualidades sobre las cuales se concursó, y que del mismo es fácil colegir que para obtener 60 puntos en méritos. Entre los requisitos que se exigían estaba tener formación académica de licenciado, abogado, doctor en jurisprudencia, haber realizado varios cursos, tener 10 años en la Función Judicial y 10 años en otra institución pública o privada en materias relacionadas, es decir 20 años de experiencia como mínimo.
Pero, estos participantes observaron con sorpresa que compañeros con menor tiempo de servicio, que a la fecha del concurso les faltaba para llegar a los cinco años, es decir a los 10 puntos, y otros a esa misma fecha no tenían ni cuatro años de trabajo en otras instituciones, por tanto no llegaban ni siquiera a los 30 puntos requeridos para seguir en el concurso, alcanzaron mayor puntaje que ellos, que pasan de los nueve años. La concursante Norma Reyes, incluso, suma 14 años de laborar en la Función Judicial.
Las dudas
Los reclamantes no saben cómo se calificaron los méritos, ya que era prácticamente imposible alcanzar los 60 puntos, y en el concurso de Quito se da el único caso a nivel nacional de calificación de 60/60 con menos tiempo de servicio que ellos.
Norma Reyes Solano lamenta que a través de la complicidad entre postulantes, funcionarios del en aquel tiempo Consejo Nacional de la Judicatura e incluso personeros de esta Institución se haya orquestado científicamente un fraude a la fe pública y que se haya incumplido con principios fundamentales que recoge la Constitución, y se les obligue a convivir con la corrupción en lugar de luchar por erradicarla.
En su reclamo dirigido al actual Consejo de la Judicatura en transición, Norma Reyes cita varios ejemplos de hechos irregulares que se habrían cometido durante el mencionado concurso de méritos y oposición.
Un ejemplo
Reyes dice que de los documentos notarizados se colige que el Dr. Juan Carlos Rivera Silva, uno de los concursantes que ostenta el primer puesto, con 60 puntos, ha trabajado en relación de dependencia con Juan Rivera Fierro desde el 1 de enero de 1986, hasta el 30 de abril de 1987, es decir un año tres meses y no 10 como él asegura, por lo cual no podía tener sino 40 puntos en la calificación de los méritos.
