miércoles, 30 de diciembre de 2009

Consejo de la Judicatura destituye a siete jueces

El pleno del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) resolvió ayer destituir a varios jueces y conjueces del Guayas, así como suspender y multar a otras autoridades similares de Esmeraldas, por avocar conocimiento si tener competencia legal y por dilatar el tiempo dentro del proceso por el caso de narcotráfico "Huracán de la frontera", en el que se involucró a los hermanos Édison, Miguel y Jefferson Ostaiza.

Los destituidos son: Zoila Alvarado Moncada y Édgar Salarza Vera, jueces del Décimo Tribunal Garantías Penales del Guayas; Luis Santana Benavídez, juez Segundo de Garantías Penales del Guayas; y, Galo Almeida Tapia, juez suplente Octavo de Garantías Pernales del Guayas.

Igual sanción reciben Carlos Luis Ortega, Marco Quimí Villegas y Faustino Castro Tobar, juez, conjuez y tercer conjuez, respectivamente, de la Primera Sala de Garantías Penales del Guayas.

Fueron suspendidos por 30 días sin remuneración Humberto Rodríguez Martínez y Joel Arias Vélez, jueces de la Corte de Justicia de Esmeraldas.

En cambio, 15 días de suspensión sin sueldo recibieron Jacinto Rivera Jiménez y Eugenio Jijón Guerrero, conjueces de la Corte de Esmeraldas, por no haberse pronunciado sobre lo principal y solamente dictar el auto de caducidad de la prisión preventiva de los procesados dentro del caso.

Además, el CNJ decidió multar con el 10% de su remuneración a David Valencia Rosales, secretario de la Corte de Esmeraldas.

Los únicos absueltos fueron Víctor Guilcapi Camacho, juez de la Corte Provincial de Esmeraldas, y Dora Vargas Troncoso, secretaria del Juzgado Cuarto de Garantías Penales del Guayas.

La resolución también dispone remitir a la Fiscalía General del Estado copias certificadas de las piezas procesales respectivas y de la presente resolución, para que se inicien acciones disciplinarias, de inmediato, por la actuación del fiscal Jorge Solórzano Ferrando, en el proceso en el que se produjo la caducidad de la prisión preventiva de los imputados.

Además, el CNJ remitirá a la Fiscalía copia certificada de este expediente, para que se inicien las acciones penales a que hubiere lugar, con el objetivo de determinar el posible cometimiento de delitos de acción pública, entre ellos prevaricato, por la actuación de los servidores de la Función Judicial involucrado en este sumario administrativo.

"El delito se cometió en San Lorenzo (Esmeraldas), por consiguiente, tenían que tramitar (avocar conocimiento) autoridades judiciales en esa provincia y no en Guayas. Eso lo saben los jueces respecto a la competencia, sin embargo, no tomaron en cuenta e hicieron perder tiempo precioso (debido a que se incurrió en vicio de procedimiento), lo cual generó alarma social porque de por medio hay un delito de narcotráfico y estaba el prestigio internacional del Ecuador. Por ello se decidió sancionar drásticamente a ciertos jueces y conjueces", dijo Benjamín Cevallos, presidente del CNJ.