Los ministerios de Defensa y Educación concluyeron la elaboración de la propuesta legal que establece los procesos que tienen que seguir las unidades educativas militares regentadas por las Fuerzas Armadas, para convertirse en instituciones netamente públicas.
El documento, que en los próximos días será presentado a la Asamblea para su respectiva aprobación, garantiza la estabilidad de la planta docente y mantiene la administración en manos de las FFAA (bajo el mismo esquema educativo).
“Lo que queremos es garantizar la calidad y excelencia educativa que es una de las características básicas de estos establecimientos”, indicó el subsecretario de Defensa, Jorge Peña Cobeña, quien formó parte de la comisión que elaboró la propuesta.
Justamente, una de las mayores preocupaciones ha sido el futuro laboral de los profesores. De ahí que, según explicó Peña, la propuesta señala que los profesores pasarán automáticamente a formar parte del Ministerio de Educación y serán ubicados en el escalafón del Magisterio.
Y, aunque Jorge Escala, miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea, es partidario de que los maestros reciban una indemnización, Peña indicó que esto no procede porque únicamente se está efectuando un traspaso de una entidad pública a otra.
“No van a empezar desde cero. Se mantiene su antigüedad y se reconoce su experiencia. Sin duda tendrán que someterse a las evaluaciones respectivas, pero esto no será un requisito que determine su ingreso ya que su cambio será automático”, aclaró.
El profesor Eddi Zavala, del colegio militar Teniente Hugo Ortiz, afirmó que los maestros están dispuestos a rendir pruebas porque están conscientes de que de su preparación depende la educación que ofrecen a sus alumnos. “No nos oponemos a este proceso, pero lo que queremos que se respete nuestro derecho a trabajar”, sostuvo.
El ministro de Educación, Raúl Vallejo, sin embargo, aclaró que los profesores que actualmente trabajan en colegios militares dependientes de las FFAA y también en otros colegios privados deberán decidir por una de las dos opciones, ya que las disposiciones legales vigentes prohíben que un maestro del sector público labore en más de dos instituciones.
Peña explicó que en este caso, los maestros “tendrán un tiempo de, al menos, un año para definir su condición”. Dijo que existe una mínima cantidad de profesores que están en esta situación y que la mayoría pertenece a los liceos navales y a las unidades educativas de las Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Para cubrir el gasto que representa acoger a los cerca de 4.000 profesores que laboran en los colegios militares, el Ministerio de Educación deberá contar con un presupuesto adicional cercano a los $24 millones. En la actualidad, las instituciones militares autofinancian este rubro, a través del cobro de pensiones.
Además, para el mantenimiento de servicios e instalaciones, las entidades requerirían aproximadamente unos $2 millones anuales. De ahí que el Ministerio de Defensa plantea la aprobación de un cobro mínimo (que deberá ser el mismo para todas las instituciones).
El asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, consideró que el proceso podría ser similar al que se aplicó en las Escuela Politécnica del Ejército, donde, aunque no se cobrará pensiones, se mantendrá un cobro mínimo que permita garantizar el buen manejo de la institución.
Peña entregó la propuesta al Ministerio de Educación el miércoles pasado y se prevé que, luego de la revisión respectiva, el documento llegue a la Asamblea en esta semana.
El documento, que en los próximos días será presentado a la Asamblea para su respectiva aprobación, garantiza la estabilidad de la planta docente y mantiene la administración en manos de las FFAA (bajo el mismo esquema educativo).
“Lo que queremos es garantizar la calidad y excelencia educativa que es una de las características básicas de estos establecimientos”, indicó el subsecretario de Defensa, Jorge Peña Cobeña, quien formó parte de la comisión que elaboró la propuesta.
Justamente, una de las mayores preocupaciones ha sido el futuro laboral de los profesores. De ahí que, según explicó Peña, la propuesta señala que los profesores pasarán automáticamente a formar parte del Ministerio de Educación y serán ubicados en el escalafón del Magisterio.
Y, aunque Jorge Escala, miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea, es partidario de que los maestros reciban una indemnización, Peña indicó que esto no procede porque únicamente se está efectuando un traspaso de una entidad pública a otra.
“No van a empezar desde cero. Se mantiene su antigüedad y se reconoce su experiencia. Sin duda tendrán que someterse a las evaluaciones respectivas, pero esto no será un requisito que determine su ingreso ya que su cambio será automático”, aclaró.
El profesor Eddi Zavala, del colegio militar Teniente Hugo Ortiz, afirmó que los maestros están dispuestos a rendir pruebas porque están conscientes de que de su preparación depende la educación que ofrecen a sus alumnos. “No nos oponemos a este proceso, pero lo que queremos que se respete nuestro derecho a trabajar”, sostuvo.
El ministro de Educación, Raúl Vallejo, sin embargo, aclaró que los profesores que actualmente trabajan en colegios militares dependientes de las FFAA y también en otros colegios privados deberán decidir por una de las dos opciones, ya que las disposiciones legales vigentes prohíben que un maestro del sector público labore en más de dos instituciones.
Peña explicó que en este caso, los maestros “tendrán un tiempo de, al menos, un año para definir su condición”. Dijo que existe una mínima cantidad de profesores que están en esta situación y que la mayoría pertenece a los liceos navales y a las unidades educativas de las Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Para cubrir el gasto que representa acoger a los cerca de 4.000 profesores que laboran en los colegios militares, el Ministerio de Educación deberá contar con un presupuesto adicional cercano a los $24 millones. En la actualidad, las instituciones militares autofinancian este rubro, a través del cobro de pensiones.
Además, para el mantenimiento de servicios e instalaciones, las entidades requerirían aproximadamente unos $2 millones anuales. De ahí que el Ministerio de Defensa plantea la aprobación de un cobro mínimo (que deberá ser el mismo para todas las instituciones).
El asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación, consideró que el proceso podría ser similar al que se aplicó en las Escuela Politécnica del Ejército, donde, aunque no se cobrará pensiones, se mantendrá un cobro mínimo que permita garantizar el buen manejo de la institución.
Peña entregó la propuesta al Ministerio de Educación el miércoles pasado y se prevé que, luego de la revisión respectiva, el documento llegue a la Asamblea en esta semana.
