La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer "el hostigamiento y la violencia" contra periodistas y medios de comunicación en Ecuador, e instó al Gobierno a garantizar el "respeto irrestricto" de la libertad de expresión.
Además, alertó sobre las "repetidas conductas emanadas del poder, que podrían tener como fin controlar y debilitar a los medios, tanto en su faz periodística como en su independencia económica".
La condena fue aprobada en la 65.º Asamblea de la SIP, en Buenos Aires, y hace referencia al proyecto de ley de comunicación impulsado por Rolando Panchana, asambleísta del movimiento del Gobierno Alianza País, que domina la Asamblea Nacional.
En su resolución, la SIP advirtió que, de aprobarse dicha ley "liquidaría la libertad de expresión" en el país.
El organismo dijo también que en el Ecuador se han instrumentado acciones para "distorsionar el mercado de los medios, tales como la arbitrariedad en la asignación de publicidad oficial", iniciativas que "parecen esgrimirse como mecanismos de presión que buscan intimidar y condicionar la tarea periodística".
Entre los casos más preocupantes, la SIP destacó el reciente encarcelamiento de dos ciudadanos en Guayaquil, "por expresar ideas políticas", y la querella iniciada por Camilo Samán, presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y personaje cercano al presidente Rafael Correa, contra Emilio Palacio, articulista del diario El Universo, para quien pidió tres años de prisión. La SIP también dijo que "a la violencia verbal que caracterizó los primeros años del Gobierno se ha agregado, en los últimos meses, la amenaza de intimidación, alimentada o tolerada por las autoridades".
Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, rechazó el informe y calificó a los miembros de la SIP como sinvergüenzas, aunque no sustentó su comentario.
Vale recordar que a mediados del mes pasado, una delegación de la SIP, atendiendo una invitación de Alvarado, visitó el Ecuador y se reunió por más de dos horas, entre otros funcionarios, con él; con Javier Ponce, ex periodista hoy ministro de Defensa, cita en la cual el secretario de Comunicación descartó que el Gobierno impulse una ley para amordazar la libertad de expresión y de prensa.
Alianza País (AP) cambió el discurso y ahora propone elaborar un catastro de medios de comunicación en lugar de un registro, como lo planteó inicialmente pero, la oposición advierte que es solo un cambio de forma y que se mantiene la intención del Gobierno de, a través de su ley, coartar la libertad de expresión.
La idea del catastro la planteó la oficialista Betty Carrillo, presidenta de la comisión de Comunicación, que defiende la aprobación de una polémica ley de medios. Con ello, quedaría en el papel la tesis del registro, defendida por su coideario y autor del proyecto, Rolando Panchana.
Según Carrillo, la diferencia entre el registro y el catastro sería que mientras en el primero se fijan varias condiciones y un plazo de funcionamiento, el catastro no incluye ese tipo de exigencias.
La asambleísta explicó que desde que un medio empiece a funcionar se lo incluiría en el catastro y se lo sacaría "si por algún motivo desaparece. Será un listado común y corriente para saber cuantos medios hay, cuáles son y que hacen", indicó Carrillo.
Cynthia Viteri (PSC), Fausto Cobo (PSP) y Andrés Paéz (ID) coincidieron en la necesidad de verificar la propuesta de Carrillo. "Hay que ver si es cierto, pues este registro ya existe y no causa ningún efecto para los medios", dijo Viteri, mientras Cobo destacó que sea registro o catastro, si lo realiza el Consejo Nacional de Comunicación, que plantea crear la ley que se debate, ese organismo tendrá poder sancionador. Además, el oficialismo quiere establecer un Sistema Nacional de Comunicación integrado por los subsistemas: Estado, Ciudadanía y Medios. El primero, junto con el Consejo se encargará de elaborar las políticas públicas de comunicación. (SC)
Alerta por debilitamiento de la democracia
La acción coordinada de gobiernos para controlar a la prensa y el desprestigio constante al que la someten, el avance desmesurado de la violencia contra periodistas, la proliferación de leyes restrictivas y arbitrarias, decisiones judiciales que limitan la labor informativa, son claros indicios del deterioro de la libertad de prensa y el consiguiente debilitamiento del sistema democrático".
Esa fue la conclusión principal de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe emitido ayer, al cierre de su 65 Asamblea Anual realizada en Argentina. La mayor desazón para la SIP, como lo destaca en el documento divulgado ayer, es el saldo de 16 periodistas asesinados en este semestre (ocho en México, tres en Honduras, dos en Guatemala, dos en Colombia y uno en El Salvador), la cifra más alta de los últimos años.
Para el organismo, ese cifra " tiene que ver no solo con la violencia extrema del crimen organizado sino con la impunidad y el creciente deterioro de la seguridad pública", y es la mayor preocupación de los ciudadanos en cada rincón del continente.
La SIP también alertó sobre la tendencia al autoritarismo en varios países de la región y cuestionó que altos funcionarios de varios gobiernos actúen como si la libertad de expresión y la independencia del poder judicial impidieran acciones para erradicar la miseria.
"Estos regímenes han llegado a canalizar su agresividad en preparativos para guerras con otros países, como ocurre con Venezuela, donde sobre esa base se podrían suspender garantías constitucionales. Por lo tanto, no es casualidad que varios gobiernos estén ahora unidos por una ideología exportada por el presidente Hugo Chávez, quien propició una ley de delitos mediáticos que luego fue propuesta por la Fiscalía General. También ese gobierno ha cerrado 34 emisoras en este período", destacó la SIP en su informe. (EFE)
Relator de ONU cambia su discurso y critica a la SIP
El relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, cambio ayer su posición. En una entrevista con HOY el lunes anterior dijo que las amenazas a la libertad de expresión son diversas empezando por la violencia contra periodistas en los países donde el crimen organizado creció mucho, normalmente por actores que no son del Estado, pero sí al amparo de la impunidad que permite el Estado.
Sin embargo, ayer después de una reunión que mantuvo con el presidente Rafael Correa, y el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, criticó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que afirmó que la libertad de prensa en el Ecuador está en riesgo, y puntualizó que el organismo tiene "miedo a la leyes".
"La SIP se opone a estos instrumentos porque ve un peligro para la estructura de los medios privados y la ruptura de monopolios informativos a los que estamos acostumbrados en nuestros países, pero esto no se arregla sin regulación, sino que debe ser la justicia quien defina los conflictos en estos casos". La Rue indicó que la Ley de Comunicación debe defender los principios básicos como aquel que la libertad de expresión debe ser accesible a todos. (HOY-SC)
Además, alertó sobre las "repetidas conductas emanadas del poder, que podrían tener como fin controlar y debilitar a los medios, tanto en su faz periodística como en su independencia económica".
La condena fue aprobada en la 65.º Asamblea de la SIP, en Buenos Aires, y hace referencia al proyecto de ley de comunicación impulsado por Rolando Panchana, asambleísta del movimiento del Gobierno Alianza País, que domina la Asamblea Nacional.
En su resolución, la SIP advirtió que, de aprobarse dicha ley "liquidaría la libertad de expresión" en el país.
El organismo dijo también que en el Ecuador se han instrumentado acciones para "distorsionar el mercado de los medios, tales como la arbitrariedad en la asignación de publicidad oficial", iniciativas que "parecen esgrimirse como mecanismos de presión que buscan intimidar y condicionar la tarea periodística".
Entre los casos más preocupantes, la SIP destacó el reciente encarcelamiento de dos ciudadanos en Guayaquil, "por expresar ideas políticas", y la querella iniciada por Camilo Samán, presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y personaje cercano al presidente Rafael Correa, contra Emilio Palacio, articulista del diario El Universo, para quien pidió tres años de prisión. La SIP también dijo que "a la violencia verbal que caracterizó los primeros años del Gobierno se ha agregado, en los últimos meses, la amenaza de intimidación, alimentada o tolerada por las autoridades".
Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, rechazó el informe y calificó a los miembros de la SIP como sinvergüenzas, aunque no sustentó su comentario.
Vale recordar que a mediados del mes pasado, una delegación de la SIP, atendiendo una invitación de Alvarado, visitó el Ecuador y se reunió por más de dos horas, entre otros funcionarios, con él; con Javier Ponce, ex periodista hoy ministro de Defensa, cita en la cual el secretario de Comunicación descartó que el Gobierno impulse una ley para amordazar la libertad de expresión y de prensa.
Alianza País (AP) cambió el discurso y ahora propone elaborar un catastro de medios de comunicación en lugar de un registro, como lo planteó inicialmente pero, la oposición advierte que es solo un cambio de forma y que se mantiene la intención del Gobierno de, a través de su ley, coartar la libertad de expresión.
La idea del catastro la planteó la oficialista Betty Carrillo, presidenta de la comisión de Comunicación, que defiende la aprobación de una polémica ley de medios. Con ello, quedaría en el papel la tesis del registro, defendida por su coideario y autor del proyecto, Rolando Panchana.
Según Carrillo, la diferencia entre el registro y el catastro sería que mientras en el primero se fijan varias condiciones y un plazo de funcionamiento, el catastro no incluye ese tipo de exigencias.
La asambleísta explicó que desde que un medio empiece a funcionar se lo incluiría en el catastro y se lo sacaría "si por algún motivo desaparece. Será un listado común y corriente para saber cuantos medios hay, cuáles son y que hacen", indicó Carrillo.
Cynthia Viteri (PSC), Fausto Cobo (PSP) y Andrés Paéz (ID) coincidieron en la necesidad de verificar la propuesta de Carrillo. "Hay que ver si es cierto, pues este registro ya existe y no causa ningún efecto para los medios", dijo Viteri, mientras Cobo destacó que sea registro o catastro, si lo realiza el Consejo Nacional de Comunicación, que plantea crear la ley que se debate, ese organismo tendrá poder sancionador. Además, el oficialismo quiere establecer un Sistema Nacional de Comunicación integrado por los subsistemas: Estado, Ciudadanía y Medios. El primero, junto con el Consejo se encargará de elaborar las políticas públicas de comunicación. (SC)
Alerta por debilitamiento de la democracia
La acción coordinada de gobiernos para controlar a la prensa y el desprestigio constante al que la someten, el avance desmesurado de la violencia contra periodistas, la proliferación de leyes restrictivas y arbitrarias, decisiones judiciales que limitan la labor informativa, son claros indicios del deterioro de la libertad de prensa y el consiguiente debilitamiento del sistema democrático".
Esa fue la conclusión principal de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe emitido ayer, al cierre de su 65 Asamblea Anual realizada en Argentina. La mayor desazón para la SIP, como lo destaca en el documento divulgado ayer, es el saldo de 16 periodistas asesinados en este semestre (ocho en México, tres en Honduras, dos en Guatemala, dos en Colombia y uno en El Salvador), la cifra más alta de los últimos años.
Para el organismo, ese cifra " tiene que ver no solo con la violencia extrema del crimen organizado sino con la impunidad y el creciente deterioro de la seguridad pública", y es la mayor preocupación de los ciudadanos en cada rincón del continente.
La SIP también alertó sobre la tendencia al autoritarismo en varios países de la región y cuestionó que altos funcionarios de varios gobiernos actúen como si la libertad de expresión y la independencia del poder judicial impidieran acciones para erradicar la miseria.
"Estos regímenes han llegado a canalizar su agresividad en preparativos para guerras con otros países, como ocurre con Venezuela, donde sobre esa base se podrían suspender garantías constitucionales. Por lo tanto, no es casualidad que varios gobiernos estén ahora unidos por una ideología exportada por el presidente Hugo Chávez, quien propició una ley de delitos mediáticos que luego fue propuesta por la Fiscalía General. También ese gobierno ha cerrado 34 emisoras en este período", destacó la SIP en su informe. (EFE)
Relator de ONU cambia su discurso y critica a la SIP
El relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, cambio ayer su posición. En una entrevista con HOY el lunes anterior dijo que las amenazas a la libertad de expresión son diversas empezando por la violencia contra periodistas en los países donde el crimen organizado creció mucho, normalmente por actores que no son del Estado, pero sí al amparo de la impunidad que permite el Estado.
Sin embargo, ayer después de una reunión que mantuvo con el presidente Rafael Correa, y el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, criticó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que afirmó que la libertad de prensa en el Ecuador está en riesgo, y puntualizó que el organismo tiene "miedo a la leyes".
"La SIP se opone a estos instrumentos porque ve un peligro para la estructura de los medios privados y la ruptura de monopolios informativos a los que estamos acostumbrados en nuestros países, pero esto no se arregla sin regulación, sino que debe ser la justicia quien defina los conflictos en estos casos". La Rue indicó que la Ley de Comunicación debe defender los principios básicos como aquel que la libertad de expresión debe ser accesible a todos. (HOY-SC)
