Aconfesión de parte, relevo de prueba. La frase la dijeron ayer Cynthia Viteri y Fausto Cobo, asambleístas de los opositores PSC y PSP, en ese orden. También la repitió Silvia Salgado, del oficialista AP y presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en referencia a las declaraciones del ministro de Defensa, Javier Ponce, y del comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Rodrigo Bohórquez, quienes admitieron que de los cinco helicópteros entregados por la empresa india HAL Dhruv, solo uno cumple las especificaciones técnicas fijadas en el contrato.
Hace un año, pese a varios informes negativos, Bohórquez dio el visto bueno a la compra se siete Dhruv por un valor total de $42,5 millones.
El tema recobró actualidad luego de que una de esas naves se estrellara el martes de la semana pasada en el aeropuerto de Quito, lo que dejó en evidencia varias irregularidades en ese contrato.
El propio Ponce admitió el miércoles que los helicópteros no cumplen las especificaciones técnicas fijadas en el contrato, pese a lo cual descartó darlo por terminado.
Bohórquez también admitió que tres de los cinco helicópteros tienen motores fabricados en el 2006 y 2007 y no en el 2008, pero también descartó rescindir el contrato, bajo el argumento de que la empresa se comprometió a reemplazarlos hasta inicios del próximo año.
Por ello, Cynthia Viteri, dijo ayer que, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, pedirán la comparecencia de todos quienes intervinieron en la compra. Y agregó que el PSC pedirá toda la información sobre el contrato.
"Esta es la única comisión en la que AP no tiene mayoría, por tanto hay acuerdo para exigir la comparecencia de todos los responsables de esta barbaridad", comentó.
Luego, la Comisión de Participación definirá si hay o no argumentos para iniciar un proceso de fiscalización, que incluye la posibilidad de un enjuiciamiento político.
Fausto Cobo, asambleísta del PSP, solicitó el 28 de octubre, es decir un día después del accidente, información al Ministerio de Defensa y a la FAE y advirtió que si en 15 días, o sea hasta el próximo miércoles, no se la remiten pedirá al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que designe una comisión para que obligue a comparecer a los involucrados.
Cobo tampoco descarta un juicio político a Ponce y señaló que "remover a los funcionarios responsables sería una acción política mínima, por parte del Gobierno, para que el proceso de fiscalización se realice sin presiones. "Si quieren transparencia procedan con transparencia", acotó.
La gobiernista Silvia Salgado también dijo que es partidaria de esclarecer el caso, e indicó que el miércoles visitó al contralor Carlos Pólit y le pidió que realice un examen especial al contrato de compra de los helicópteros, aunque se llevó la sorpresa de que el ente de control ya los dispuso la semana pasada.
Salgado también solicitó información a las entidades involucradas. "Me comprometo a impulsar un juicio político de ser necesario", dijo a HOY la asambleísta.
Pero, Cobo recordó que el juicio político debe pedido por una comisión legislativa y aprobado por el CAL, lo cual es improbable, dado que AP domina la Asamblea. Para llevar a juicio a un ministro, se requiere el voto favorable del 25% de los 124 miemnbros de la Asamblea, es decir de 31 legisladores, aunque lo único que podrían hacer es censurarlo pues, la nueva Constitución establece que su destitución es potestad exclusiva del Ejecutivo. De otro lado, Juan Cortéz, representante de la empresa indú en el Ecuador, informó que aún analiza posibles demandas contra quienes han denunciado incumplimientos en el contrato y han cuestionado la capacidad técnica y operativa de los helicópteros.
"Estoy analizando el tema con mis abogados, si es que ellos me autorizan iniciaremos demandas, pero todavía no sabemos contra quienes y cuándo lo concretaremos", dijo Cortéz ayer, al tiempo de ratificar que la empresa no ha incurrido en ningún inclumplimiento del contrato e insistir en que los motores de los helicópteros de años anteriores serán reemplazados a inicios del próximo año. Sobre los incumplimientos denunciados por Javier Ponce, el empresario declinó pronunciarse.
Hace un año, pese a varios informes negativos, Bohórquez dio el visto bueno a la compra se siete Dhruv por un valor total de $42,5 millones.
El tema recobró actualidad luego de que una de esas naves se estrellara el martes de la semana pasada en el aeropuerto de Quito, lo que dejó en evidencia varias irregularidades en ese contrato.
El propio Ponce admitió el miércoles que los helicópteros no cumplen las especificaciones técnicas fijadas en el contrato, pese a lo cual descartó darlo por terminado.
Bohórquez también admitió que tres de los cinco helicópteros tienen motores fabricados en el 2006 y 2007 y no en el 2008, pero también descartó rescindir el contrato, bajo el argumento de que la empresa se comprometió a reemplazarlos hasta inicios del próximo año.
Por ello, Cynthia Viteri, dijo ayer que, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, pedirán la comparecencia de todos quienes intervinieron en la compra. Y agregó que el PSC pedirá toda la información sobre el contrato.
"Esta es la única comisión en la que AP no tiene mayoría, por tanto hay acuerdo para exigir la comparecencia de todos los responsables de esta barbaridad", comentó.
Luego, la Comisión de Participación definirá si hay o no argumentos para iniciar un proceso de fiscalización, que incluye la posibilidad de un enjuiciamiento político.
Fausto Cobo, asambleísta del PSP, solicitó el 28 de octubre, es decir un día después del accidente, información al Ministerio de Defensa y a la FAE y advirtió que si en 15 días, o sea hasta el próximo miércoles, no se la remiten pedirá al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que designe una comisión para que obligue a comparecer a los involucrados.
Cobo tampoco descarta un juicio político a Ponce y señaló que "remover a los funcionarios responsables sería una acción política mínima, por parte del Gobierno, para que el proceso de fiscalización se realice sin presiones. "Si quieren transparencia procedan con transparencia", acotó.
La gobiernista Silvia Salgado también dijo que es partidaria de esclarecer el caso, e indicó que el miércoles visitó al contralor Carlos Pólit y le pidió que realice un examen especial al contrato de compra de los helicópteros, aunque se llevó la sorpresa de que el ente de control ya los dispuso la semana pasada.
Salgado también solicitó información a las entidades involucradas. "Me comprometo a impulsar un juicio político de ser necesario", dijo a HOY la asambleísta.
Pero, Cobo recordó que el juicio político debe pedido por una comisión legislativa y aprobado por el CAL, lo cual es improbable, dado que AP domina la Asamblea. Para llevar a juicio a un ministro, se requiere el voto favorable del 25% de los 124 miemnbros de la Asamblea, es decir de 31 legisladores, aunque lo único que podrían hacer es censurarlo pues, la nueva Constitución establece que su destitución es potestad exclusiva del Ejecutivo. De otro lado, Juan Cortéz, representante de la empresa indú en el Ecuador, informó que aún analiza posibles demandas contra quienes han denunciado incumplimientos en el contrato y han cuestionado la capacidad técnica y operativa de los helicópteros.
"Estoy analizando el tema con mis abogados, si es que ellos me autorizan iniciaremos demandas, pero todavía no sabemos contra quienes y cuándo lo concretaremos", dijo Cortéz ayer, al tiempo de ratificar que la empresa no ha incurrido en ningún inclumplimiento del contrato e insistir en que los motores de los helicópteros de años anteriores serán reemplazados a inicios del próximo año. Sobre los incumplimientos denunciados por Javier Ponce, el empresario declinó pronunciarse.
