Estudiantes, profesores, rectores y trabajadores de las universidades del país se movilizaron hoy hacia la Asamblea Nacional, para rechazar el proyecto de Ley de Educación Superior que comenzó a ser discutido en el Legislativo.
En la marcha, que partió desde el parque El Arbolito, participaron miles de representantes de universidades públicas y privadas de diferentes provincias del país.
Las vías próximas al Palacio Legislativo fueron cerradas, lo que en conjunto con las movilizaciones produjo esta mañana un caos vehicular en el centro-norte de Quito; incluso el servicio del trolebús quedó interrumpido.
Los manifestantes gritaron consignas en contra del proyecto que impulsa el Gobierno a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), en donde ellos consideran se resta autonomía a los centros de educación superior.
"La universidad está unida porque se ha dado cuenta de las falencias que tiene esta ley", expresó uno de los universitarios presente en la marcha.
"Viola la autonomía en más de un artículo y busca intervenir la Universidad ecuatoriana", afirmó el rector de la Universidad Agraria, Jacobo Bucaram, en declaraciones recogidas por TC Televisión.
La jornada incluyó protestas además por el informe del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Conea), que recomienda la depuración de 26 universidades del sistema.
El pleno de la Asamblea inició hoy el análisis en primer debate del controversial proyecto de Ley, que posee 221 artículos y 33 disposiciones transitorias. Una delegación de las universidades ingresó al lugar y vigila de cerca el tratamiento de la propuesta.
Uno de los puntos más conflictivos de esta Ley es la creación de un Consejo de Educación Superior, como órgano rector de las universidades, que a juicio de los manifestantes no contempla la participación de todos los sectores educativos y queda en manos del Gobierno.
Ernesto Álvarez, representante de los docentes, pidió que "los rectores, maestros, estudiantes y servidores universitarios sean parte de la estructura de dicho consejo".
El Gobierno ha negado en reiteradas ocasiones que el proyecto atente contra la autonomía de las universidades, y afirma que se busca elaborar un sistema educativo integrado.
En la marcha, que partió desde el parque El Arbolito, participaron miles de representantes de universidades públicas y privadas de diferentes provincias del país.
Las vías próximas al Palacio Legislativo fueron cerradas, lo que en conjunto con las movilizaciones produjo esta mañana un caos vehicular en el centro-norte de Quito; incluso el servicio del trolebús quedó interrumpido.
Los manifestantes gritaron consignas en contra del proyecto que impulsa el Gobierno a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), en donde ellos consideran se resta autonomía a los centros de educación superior.
"La universidad está unida porque se ha dado cuenta de las falencias que tiene esta ley", expresó uno de los universitarios presente en la marcha.
"Viola la autonomía en más de un artículo y busca intervenir la Universidad ecuatoriana", afirmó el rector de la Universidad Agraria, Jacobo Bucaram, en declaraciones recogidas por TC Televisión.
La jornada incluyó protestas además por el informe del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Conea), que recomienda la depuración de 26 universidades del sistema.
El pleno de la Asamblea inició hoy el análisis en primer debate del controversial proyecto de Ley, que posee 221 artículos y 33 disposiciones transitorias. Una delegación de las universidades ingresó al lugar y vigila de cerca el tratamiento de la propuesta.
Uno de los puntos más conflictivos de esta Ley es la creación de un Consejo de Educación Superior, como órgano rector de las universidades, que a juicio de los manifestantes no contempla la participación de todos los sectores educativos y queda en manos del Gobierno.
Ernesto Álvarez, representante de los docentes, pidió que "los rectores, maestros, estudiantes y servidores universitarios sean parte de la estructura de dicho consejo".
El Gobierno ha negado en reiteradas ocasiones que el proyecto atente contra la autonomía de las universidades, y afirma que se busca elaborar un sistema educativo integrado.
