Más de 14 mil maestros de 3 929 planteles de la Sierra y la Amazonía serán evaluados de forma obligatoria por el Ministerio de Educación (ME).
El proceso, que inicia hoy y culmina el próximo 14 de noviembre, forma parte de la primera fase de evaluación del sistema educativo que este año tomó como muestra al 25% del Magisterio, incluyendo a los 16 mil maestros que fueron evaluados en la Costa, en mayo de este año.
Verónica Benavides, subsecretaria de Planificación del ME, explicó que el proceso será similar al aplicado en el Litoral y que constará de una evaluación interna y externa.
La primera valorará las competencias pedagógicas del docente en el aula, con la participación de los estudiantes, padres de familia y directivos del plantel. En la evaluación externa, en cambio, se aplicará una prueba de conocimientos específicos que incluye pedagogía y didáctica.
La escuela Jorge Washington, en el centro de Quito, será una de las evaluadas. Allí, algunos maestros rechazan el proceso. "Las evaluaciones están mal orientadas. Primero, debían capacitarnos", protestó una maestra que prefirió no dar su nombre.
La docente, con 16 años de experiencia, piensa que las pruebas "son punitivas y no de diagnóstico", por lo que teme perder su empleo si no obtiene un buen rendimiento. "El ministro (Raúl) Vallejo no comprende que nuestros salarios son insuficientes para costearnos cursos de actualización".
Sin embargo, Benavides reitera que el objetivo es "mejorar la educación y apoyar a los maestros que requieren capacitación". Además, los profesores con mejores promedios recibirán estímulos económicos: $900 al año para quienes obtengan un puntaje superior al 81% de la evaluación y $1 200 para las calificaciones superiores al 90%.
Empero, durante el último paro de la Unión Nacional de Educadores (UNE), una de los pedidos era suspender el proceso hasta la creación del Instituto Nacional de Evaluación, un ente autónomo del ME, como establece el artículo 346 de la Constitución.
"Necesitamos un proceso transparente que evalúe todo el sistema educativo, incluyendo a las autoridades. Caso contrario, será un procedimiento viciado, como ocurrió en la Costa", sostuvo en dicha ocasión la presidenta de la UNE, Mery Zamora.
Al respecto, Benavides descarta la posibilidad de detener las evaluaciones. "El nuevo organismo deberá aprobarse mediante una ley. Eso se discutió en las negociaciones con la UNE, por lo que, mientras el nuevo organismo se crea, las evaluaciones estarán a cargo del Ministerio", acotó.
El proceso, que inicia hoy y culmina el próximo 14 de noviembre, forma parte de la primera fase de evaluación del sistema educativo que este año tomó como muestra al 25% del Magisterio, incluyendo a los 16 mil maestros que fueron evaluados en la Costa, en mayo de este año.
Verónica Benavides, subsecretaria de Planificación del ME, explicó que el proceso será similar al aplicado en el Litoral y que constará de una evaluación interna y externa.
La primera valorará las competencias pedagógicas del docente en el aula, con la participación de los estudiantes, padres de familia y directivos del plantel. En la evaluación externa, en cambio, se aplicará una prueba de conocimientos específicos que incluye pedagogía y didáctica.
La escuela Jorge Washington, en el centro de Quito, será una de las evaluadas. Allí, algunos maestros rechazan el proceso. "Las evaluaciones están mal orientadas. Primero, debían capacitarnos", protestó una maestra que prefirió no dar su nombre.
La docente, con 16 años de experiencia, piensa que las pruebas "son punitivas y no de diagnóstico", por lo que teme perder su empleo si no obtiene un buen rendimiento. "El ministro (Raúl) Vallejo no comprende que nuestros salarios son insuficientes para costearnos cursos de actualización".
Sin embargo, Benavides reitera que el objetivo es "mejorar la educación y apoyar a los maestros que requieren capacitación". Además, los profesores con mejores promedios recibirán estímulos económicos: $900 al año para quienes obtengan un puntaje superior al 81% de la evaluación y $1 200 para las calificaciones superiores al 90%.
Empero, durante el último paro de la Unión Nacional de Educadores (UNE), una de los pedidos era suspender el proceso hasta la creación del Instituto Nacional de Evaluación, un ente autónomo del ME, como establece el artículo 346 de la Constitución.
"Necesitamos un proceso transparente que evalúe todo el sistema educativo, incluyendo a las autoridades. Caso contrario, será un procedimiento viciado, como ocurrió en la Costa", sostuvo en dicha ocasión la presidenta de la UNE, Mery Zamora.
Al respecto, Benavides descarta la posibilidad de detener las evaluaciones. "El nuevo organismo deberá aprobarse mediante una ley. Eso se discutió en las negociaciones con la UNE, por lo que, mientras el nuevo organismo se crea, las evaluaciones estarán a cargo del Ministerio", acotó.
