El sector eléctrico ha enfrentado una serie de obstáculos durante el Gobierno de Rafael Correa. Existieron problemas en la planificación, la construcción y en el funcionamiento de centrales hidroeléctricas. De igual manera, el mandatario decretó estados de emergencia en el sector en dos ocasiones, hasta los apagones que los últimos días han afectado al país.
Así, los proyectos hidroeléctricos Toachi-Pilatón y Coca-Codo Sinclair tuvieron cambios de administradores e inversionistas.
En el caso de Toachi-Pilatón, el proyecto estuvo paralizado durante casi 20 años, y se inició su construcción en enero de 2008 por parte del consorcio formado por Oderbretch e Hidrotoapi, con financiamiento del Estado. La edificación siguió hasta septiembre de ese año, cuando el Gobierno lanzó un segundo proceso de licitación para la hidroeléctrica. Hasta ese momento, la constructora avanzó 1% de la obra. En su reciente viaje a Rusia, el presidente Correa anunció haber conseguido financiamiento de ese país para continuar con Toachi-Pilatón, obra que concluiría en 2014.
Asimismo, la construcción del proyecto Coca-Codo Sinclair inició en manos de la argentina Enarsa; incluso, el 21 de abril de 2008, la presidenta argentina, Cristina Fernández, visitó Quito para develar con Correa una placa que simbolizó el inicio de la alianza para construir el proyecto. Sin embargo, ahora la obra está a cargo de la china Synihydro.
El Gobierno prevé que Coca-Codo Sinclair abastezca 75% de la demanda energética del territorio ecuatoriano.
Por otra parte, se inauguró en junio de 2007 la central San Francisco, que inició su construcción en 2004 y que aportaría el 12% de la energía que se consume en el país. Sin embargo, tuvo que paralizar su actividad un año después de su apertura debido a los daños producidos por los sedimentos de las aguas del río Pastaza y por el material piroclástico producto del proceso eruptivo del volcán Tungurahua, lo que fisuró su túnel de conducción, que tiene 11 km de longitud.
El entonces ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, señaló que existieron errores de fiscalización por parte de la empresa brasileña Oderbretch, encargada de la construcción de la central.
El país también ha soportado dos emergencias eléctricas durante la revolución ciudadana, ambas en el primer año. El ministro de Energía de entonces, Alberto Acosta, tomó estas medidas frente al estiaje en Paute en marzo y agosto de 2007.
Frente a los apagones que actualmente está enfrentando el país, Esteban Albornoz, ministro de Electricidad, indicó que la barcaza Victoria II de la empresa Intervisa Trade, que tiene una capacidad de generación de 102 megavatios, se reincorporía el 18 de diciembre al sistema interconectado.
Así, los proyectos hidroeléctricos Toachi-Pilatón y Coca-Codo Sinclair tuvieron cambios de administradores e inversionistas.
En el caso de Toachi-Pilatón, el proyecto estuvo paralizado durante casi 20 años, y se inició su construcción en enero de 2008 por parte del consorcio formado por Oderbretch e Hidrotoapi, con financiamiento del Estado. La edificación siguió hasta septiembre de ese año, cuando el Gobierno lanzó un segundo proceso de licitación para la hidroeléctrica. Hasta ese momento, la constructora avanzó 1% de la obra. En su reciente viaje a Rusia, el presidente Correa anunció haber conseguido financiamiento de ese país para continuar con Toachi-Pilatón, obra que concluiría en 2014.
Asimismo, la construcción del proyecto Coca-Codo Sinclair inició en manos de la argentina Enarsa; incluso, el 21 de abril de 2008, la presidenta argentina, Cristina Fernández, visitó Quito para develar con Correa una placa que simbolizó el inicio de la alianza para construir el proyecto. Sin embargo, ahora la obra está a cargo de la china Synihydro.
El Gobierno prevé que Coca-Codo Sinclair abastezca 75% de la demanda energética del territorio ecuatoriano.
Por otra parte, se inauguró en junio de 2007 la central San Francisco, que inició su construcción en 2004 y que aportaría el 12% de la energía que se consume en el país. Sin embargo, tuvo que paralizar su actividad un año después de su apertura debido a los daños producidos por los sedimentos de las aguas del río Pastaza y por el material piroclástico producto del proceso eruptivo del volcán Tungurahua, lo que fisuró su túnel de conducción, que tiene 11 km de longitud.
El entonces ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, señaló que existieron errores de fiscalización por parte de la empresa brasileña Oderbretch, encargada de la construcción de la central.
El país también ha soportado dos emergencias eléctricas durante la revolución ciudadana, ambas en el primer año. El ministro de Energía de entonces, Alberto Acosta, tomó estas medidas frente al estiaje en Paute en marzo y agosto de 2007.
Frente a los apagones que actualmente está enfrentando el país, Esteban Albornoz, ministro de Electricidad, indicó que la barcaza Victoria II de la empresa Intervisa Trade, que tiene una capacidad de generación de 102 megavatios, se reincorporía el 18 de diciembre al sistema interconectado.