Como parte del proceso de fiscalización iniciado por la asambleísta María Pala Romo, y luego encargado a la Comisión de lo Civil, el presidente del Conartel, Antonio García, compareció a esta instancia legislativa el 25 de junio, para responder varias inquietudes. Tras su exposición se hizo varias recomendaciones.
¿Cuál es la principal preocupación de la Comisión acerca de la actuación del Consejo de Radio y Televisión?
Es el tema de cómo ha tomado el Conartel las decisiones para prohibir determinados programas de televisión. Quiero ser muy clara, no se trata de defender o entrar en una polémica nacional por un tira cómica o un dibujo animado. La pregunta que se le hace al Conartel es cuál es el procedimiento que se sigue cuando un órgano de poder decide prohibirnos algo a los ciudadanos. Esa es la pregunta. No si nos cae bien o mal el protagonista del dibujo animado.
¿Las decisiones deben regularse?
Sí. Las garantías del debido proceso dicen que cuando un órgano de poder decide algo, más aún cuando esta decisión restringe un derecho, tiene que estar motivada. Esto lo dice la Constitución en el artículo 76, literal l. que habla de que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas y no habrá si en las resoluciones no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación.
¿Y sobre Resolución del Conartel que ordena cambiar de horario a Los Simpson?
Es cierto que Los Simpson es para adultos. En muchos países se transmite en la franja horaria de adultos, pero si es que eso se va a decidir en el Ecuador, que haya un procedimiento claro que lo diga, que no sea la opinión de unas personas.
¿Cuáles son las principales conclusiones de la Comisión?
El Conartel tiene competencia para sancionar y regular, pero con apego a la Constitución y los principios que ella señala, sin excederse. El Conartel, la Función Legislativa, los medios de comunicación y la ciudadanía deben trabajar de manera urgente en una propuesta de ley que permiten adecuar la legislación en materia de comunicación a la Constitución vigente y que refleje los principios de garantía de derechos y libertades que la inspiran. El Conartel debe proponer y debatir una política de regulación de contenidos que responda a los valores democráticos y de ética laica.
¿Y las recomendaciones?
Recomendamos que el Conartel concentre esfuerzos en temas relativos con la regulación de frecuencias, terminación de concesiones que hayan sido otorgadas de manera ilegal o irregular que evite su concentración y que determine quiénes han sido responsables de estas irregularidades. Debe crear procedimientos para que el control de programación y horarios responda a una política clara y no a criterios individuales. Debe declarar la nulidad de las resoluciones que regulan el contenido y la programación que se hayan basado en normas de categoría reglamentaria, violando la Constitución, y aquellas que no han sido motivadas de forma correcta y suficiente.
¿Esto es vinculante?
No tiene fuerza vinculante, no es una sentencia que le obligue. Es una recomendación dentro del proceso de control político y, evidentemente, la Comisión se reserva la facultad de solicitar un juicio político dependiendo de la reacción que el Conartel tenga frente a estas recomendaciones.(HOY)
¿Cuál es la principal preocupación de la Comisión acerca de la actuación del Consejo de Radio y Televisión?
Es el tema de cómo ha tomado el Conartel las decisiones para prohibir determinados programas de televisión. Quiero ser muy clara, no se trata de defender o entrar en una polémica nacional por un tira cómica o un dibujo animado. La pregunta que se le hace al Conartel es cuál es el procedimiento que se sigue cuando un órgano de poder decide prohibirnos algo a los ciudadanos. Esa es la pregunta. No si nos cae bien o mal el protagonista del dibujo animado.
¿Las decisiones deben regularse?
Sí. Las garantías del debido proceso dicen que cuando un órgano de poder decide algo, más aún cuando esta decisión restringe un derecho, tiene que estar motivada. Esto lo dice la Constitución en el artículo 76, literal l. que habla de que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas y no habrá si en las resoluciones no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación.
¿Y sobre Resolución del Conartel que ordena cambiar de horario a Los Simpson?
Es cierto que Los Simpson es para adultos. En muchos países se transmite en la franja horaria de adultos, pero si es que eso se va a decidir en el Ecuador, que haya un procedimiento claro que lo diga, que no sea la opinión de unas personas.
¿Cuáles son las principales conclusiones de la Comisión?
El Conartel tiene competencia para sancionar y regular, pero con apego a la Constitución y los principios que ella señala, sin excederse. El Conartel, la Función Legislativa, los medios de comunicación y la ciudadanía deben trabajar de manera urgente en una propuesta de ley que permiten adecuar la legislación en materia de comunicación a la Constitución vigente y que refleje los principios de garantía de derechos y libertades que la inspiran. El Conartel debe proponer y debatir una política de regulación de contenidos que responda a los valores democráticos y de ética laica.
¿Y las recomendaciones?
Recomendamos que el Conartel concentre esfuerzos en temas relativos con la regulación de frecuencias, terminación de concesiones que hayan sido otorgadas de manera ilegal o irregular que evite su concentración y que determine quiénes han sido responsables de estas irregularidades. Debe crear procedimientos para que el control de programación y horarios responda a una política clara y no a criterios individuales. Debe declarar la nulidad de las resoluciones que regulan el contenido y la programación que se hayan basado en normas de categoría reglamentaria, violando la Constitución, y aquellas que no han sido motivadas de forma correcta y suficiente.
¿Esto es vinculante?
No tiene fuerza vinculante, no es una sentencia que le obligue. Es una recomendación dentro del proceso de control político y, evidentemente, la Comisión se reserva la facultad de solicitar un juicio político dependiendo de la reacción que el Conartel tenga frente a estas recomendaciones.(HOY)
