Luego de un largo debate, el Pleno de las Comisión Legislativa y de Fiscalización tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Empresas públicas, cuyo objetivo es asegurar y garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de propiedad exclusiva del Estado y la prestación de servicios públicos, en condiciones de eficiencia y eficacia.
Estos servicios públicos serán a través de empresas públicas dotadas de personería jurídica propia con autonomía financiera y administrativa, que garantice la participación del Estado en los beneficios del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en la prestación de servicios con principios sociales.
La propuesta busca ligar la producción económica a las necesidades sociales, de crecimiento y generación de empleo, así como una visión de la producción que promueva la complementariedad inter-ramas e inter-regiones, así como una inserción en el comercio internacional que privilegie los intereses nacionales y la identidad latinoamericana.
El proyecto fomentar la lealtad empresarial y la sana competencia para proteger los intereses del país y de los usuarios; promueve la sustentabilidad, la incorporación de los costos sociales y medioambientales, para el manejo sostenible de los recursos naturales y productivos escasos y frágiles.
Esta propuesta, ha sido debidamente socializada desde el mes de mayo, período en el que han participado innumerables instituciones como el Fondo de Solidaridad, Contraloría General del Estado, Procuraduría, Fiscalía, ministerios de Defensa y de Finanzas, Petroecuador, Servicio de Rentas Internas, Empresa de Ferrocarriles del Ecuador, Red de Trabajadores de Energía Eléctrica del Ecuador (FEDELEC), FETRAPEC, Colegio de Administradores Públicos de Pichincha, Foro Energético del Ecuador, Confederación de Trabajadores del Ecuador, entre otros.
Entre tanto, el presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, Fernando Cordero Cueva, señaló que la creación de empresas públicas, en general, sea por parte del Gobierno Nacional o de los gobiernos autónomos descentralizados responde a procesos de desconcentración.
En este marco, pidió a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico que enmienden algunos errores que se han cometido en el informe como por ejemplo al hablar de un patrimonio propio total o parcial se está conceptualizando lo ajeno cuando el proyecto habla de empresas públicas.
Es necesario, dijo, que la normativa especifique lo que es el régimen público, porque las empresas deben saber claramente cuál es el régimen al que se someterán.
Señaló que el procedimiento para la constitución de estas empresas debería ser suficientemente sencillo, por tanto, establecer una flexibilidad en el tema de la conformación de los directorios, por lo que propuso que no sean menos de tres ni más de siete los integrantes.
Uno de los capítulos más confusos es el del Talento Humano, precisó al pedir a los comisionados que revisen el tema, por cuanto hay contradicciones, omisiones, confusiones, lo cual hace difícil su entendimiento.
Las observaciones y sugerencias formuladas en el Pleno serán remitidas a la Comisión de Desarrollo Económico, la que se encargará de sistematizarlas y elaborar el informe para segundo debate.
Estos servicios públicos serán a través de empresas públicas dotadas de personería jurídica propia con autonomía financiera y administrativa, que garantice la participación del Estado en los beneficios del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en la prestación de servicios con principios sociales.
La propuesta busca ligar la producción económica a las necesidades sociales, de crecimiento y generación de empleo, así como una visión de la producción que promueva la complementariedad inter-ramas e inter-regiones, así como una inserción en el comercio internacional que privilegie los intereses nacionales y la identidad latinoamericana.
El proyecto fomentar la lealtad empresarial y la sana competencia para proteger los intereses del país y de los usuarios; promueve la sustentabilidad, la incorporación de los costos sociales y medioambientales, para el manejo sostenible de los recursos naturales y productivos escasos y frágiles.
Esta propuesta, ha sido debidamente socializada desde el mes de mayo, período en el que han participado innumerables instituciones como el Fondo de Solidaridad, Contraloría General del Estado, Procuraduría, Fiscalía, ministerios de Defensa y de Finanzas, Petroecuador, Servicio de Rentas Internas, Empresa de Ferrocarriles del Ecuador, Red de Trabajadores de Energía Eléctrica del Ecuador (FEDELEC), FETRAPEC, Colegio de Administradores Públicos de Pichincha, Foro Energético del Ecuador, Confederación de Trabajadores del Ecuador, entre otros.
Entre tanto, el presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, Fernando Cordero Cueva, señaló que la creación de empresas públicas, en general, sea por parte del Gobierno Nacional o de los gobiernos autónomos descentralizados responde a procesos de desconcentración.
En este marco, pidió a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico que enmienden algunos errores que se han cometido en el informe como por ejemplo al hablar de un patrimonio propio total o parcial se está conceptualizando lo ajeno cuando el proyecto habla de empresas públicas.
Es necesario, dijo, que la normativa especifique lo que es el régimen público, porque las empresas deben saber claramente cuál es el régimen al que se someterán.
Señaló que el procedimiento para la constitución de estas empresas debería ser suficientemente sencillo, por tanto, establecer una flexibilidad en el tema de la conformación de los directorios, por lo que propuso que no sean menos de tres ni más de siete los integrantes.
Uno de los capítulos más confusos es el del Talento Humano, precisó al pedir a los comisionados que revisen el tema, por cuanto hay contradicciones, omisiones, confusiones, lo cual hace difícil su entendimiento.
Las observaciones y sugerencias formuladas en el Pleno serán remitidas a la Comisión de Desarrollo Económico, la que se encargará de sistematizarlas y elaborar el informe para segundo debate.
