El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Procuraduría General del Estado, compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sábado último en su sede de Costa Rica. La comisión nacional en dos audiencias privadas dio cuenta de las acciones de cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte en los casos Suárez Rosero y Zambrano Vélez, víctimas de violación de derechos humanos por parte del Estado en gobiernos anteriores.
La delegación del Ministerio estuvo conformada por Patricia Salazar P., subsecretaria de Derechos Humanos y Coordinación de la Defensa Pública y Christian Pérez, funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quienes expusieron las acciones que evidencian la voluntad del Gobierno Nacional por caminar hacia la plena vigencia de los derechos humanos.
En los dos casos se cumplió con el pago de una reparación material, se ofrecieron disculpas públicas con una cadena nacional y se incluyeon testimonios de los hechos en el documental "El derecho a la memoria". Además, se reformó la normativa interna para que sea conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, así se desarrolló un nuevo Código Orgánico de la Función Judicial que establece jurisdicción ordinaria, el Proyecto de Ley de Seguridad con parámetros de derechos humanos, y, se capacitó en esta materia a elementos de la Policia Nacional y de Fuerzas Armadas.
En el caso Suarez Rosero se dió tratamiento psicológico y físico a las víctimas, se borró su nombre de la base de datos del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, y del Registro de Antecedentes Penales. Para dar por cerrados los casos falta concluir el seguimiento a los procesos judiciales y establecer responsabilidades.
Tanto los jueces de la Corte Interamericana Diego García-Sayn, Rhadys Agredo y Sergio García Ramirez, como su delegada Lili Ching Soto, y el representante de las víctimas, reconocieron positivamente las acciones adoptadas por el Estado ecuatoriano para dar ejecución a estos mandatos internacionales.
La delegación del Ministerio estuvo conformada por Patricia Salazar P., subsecretaria de Derechos Humanos y Coordinación de la Defensa Pública y Christian Pérez, funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quienes expusieron las acciones que evidencian la voluntad del Gobierno Nacional por caminar hacia la plena vigencia de los derechos humanos.
En los dos casos se cumplió con el pago de una reparación material, se ofrecieron disculpas públicas con una cadena nacional y se incluyeon testimonios de los hechos en el documental "El derecho a la memoria". Además, se reformó la normativa interna para que sea conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, así se desarrolló un nuevo Código Orgánico de la Función Judicial que establece jurisdicción ordinaria, el Proyecto de Ley de Seguridad con parámetros de derechos humanos, y, se capacitó en esta materia a elementos de la Policia Nacional y de Fuerzas Armadas.
En el caso Suarez Rosero se dió tratamiento psicológico y físico a las víctimas, se borró su nombre de la base de datos del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, y del Registro de Antecedentes Penales. Para dar por cerrados los casos falta concluir el seguimiento a los procesos judiciales y establecer responsabilidades.
Tanto los jueces de la Corte Interamericana Diego García-Sayn, Rhadys Agredo y Sergio García Ramirez, como su delegada Lili Ching Soto, y el representante de las víctimas, reconocieron positivamente las acciones adoptadas por el Estado ecuatoriano para dar ejecución a estos mandatos internacionales.
