Siete decretos de emergencia afectaron al sector eléctrico entre 2007 y
2008. Pero sus alcances aún no se evidencian.
La mayor parte de los recursos entregados para atender el estado de
excepción se destinaron al abastecimiento de combustibles. El objetivo era aprovisionar a las plantas de generación térmica de los combustibles
necesarios para su operación.
Según el Ministerio de Finanzas en 2008, el Ministerio de Electricidad
recibió 10 millones 958 mil 661 dólares para el presupuesto de
inversiones. Es decir, para impulsar los proyectos, estudios y ejecución
de obras.
Este año, el presupuesto de inversión para Electricidad se incrementó en
más del mil por ciento. Pasó a 137 millones 596 mil 569 dólares.
Sin embargo, estos recursos no están destinados a los proyectos
hidroeléctricos que el Ejecutivo publicita permanentemente.
Baba, Coca
Codo Sinclair, Cardenillo, Jondachi, Mazar, Sopladora, Zamora, Ocaña
registran partidas de cero dólares.
Ese presupuesto del Ministerio no alcanzaría a cubrir ni siquiera la pre
inversión de los 24 proyectos eléctricos considerados prioritarios. Según
la Secretaría Nacional de Preinversión (SNP) se necesitaría unos 224
millones de dólares.
El analista Ricardo Buitrón afirmó que las emergencias no aportaron ni
desarrollaron al sector eléctrico en estos años. La matriz energética
elaborada e impulsada por el Ejecutivo no evidencia muchos avances. El
ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, no atendió el pedido de
entrevista realizado por LA HORA para hablar del tema. Según fuentes del Ministerio, el funcionario fue removido de su cargo y será reemplazado hoy en la tarde.
Hasta ahora los proyectos han avanzado poco. Hasta el momento, aún no se contrata a las empresas que reemplazarán a Odebrecht, compañía que fue expulsada del país, señaló Édgar Castro, gerente de construcción del proyecto Toachi Pilatón.
Odebrecht estaba encargada de la construcción de las presas en Baba y en Toachi Pilatón.
Tres tipos de emergencia
El Régimen, desde enero de 2007, cuando se posesionó, ha emitido siete decretos que afectan por diferentes áreas al sector eléctrico, según registra la página web de la Presidencia de la República.
La mayoría, cuatro, se emitieron para garantizar el abastecimiento de combustibles en las empresas de generación térmica. De esa forma se da crédito a esas empresas para garantizar el funcionamiento de las máquinas.
Según explicaron técnicos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), solo con el funcionamiento de las plantas de generación térmica se cubre el 100 por ciento de la demanda de energía eléctrica en el país.
Otros dos se emitieron para declarar la emergencia en el sector eléctrico en todo el país. Los ministros de Electricidad, Economía y Finanzas y el Consejo Nacional de Electricidad debían encargarse de su ejecución.
La intención era facilitar los recursos y agilitar los procesos para la contratación y la ejecución de las obras en las centrales hidroeléctricas. Finalmente hubo otro decreto para afrontar las consecuencias de la terminación de los contratos con Odebrecht.
La salida de Odebrecht
Adicionalmente, uno para atender la ‘emergencia’ que se podía generar luego de la salida de la empresa brasileña Odebrecht. La compañía, que construyó la central hidroeléctrica San Francisco, tenía a su cargo la ejecución de obras en Toachi Pilatón y Baba.
Los problemas de San Francisco, que obligaron a parar la generación en esa central, determinaron que el presidente Rafael Correa suspenda los contratos que el Gobierno tenía con Odebrecht.
El Mandatario emitió el decreto 1348 declarando la emergencia debido a que San Francisco dejó de operar. Eso por “el progresivo proceso de disminución de eficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica”.
2008. Pero sus alcances aún no se evidencian.
La mayor parte de los recursos entregados para atender el estado de
excepción se destinaron al abastecimiento de combustibles. El objetivo era aprovisionar a las plantas de generación térmica de los combustibles
necesarios para su operación.
Según el Ministerio de Finanzas en 2008, el Ministerio de Electricidad
recibió 10 millones 958 mil 661 dólares para el presupuesto de
inversiones. Es decir, para impulsar los proyectos, estudios y ejecución
de obras.
Este año, el presupuesto de inversión para Electricidad se incrementó en
más del mil por ciento. Pasó a 137 millones 596 mil 569 dólares.
Sin embargo, estos recursos no están destinados a los proyectos
hidroeléctricos que el Ejecutivo publicita permanentemente.
Baba, Coca
Codo Sinclair, Cardenillo, Jondachi, Mazar, Sopladora, Zamora, Ocaña
registran partidas de cero dólares.
Ese presupuesto del Ministerio no alcanzaría a cubrir ni siquiera la pre
inversión de los 24 proyectos eléctricos considerados prioritarios. Según
la Secretaría Nacional de Preinversión (SNP) se necesitaría unos 224
millones de dólares.
El analista Ricardo Buitrón afirmó que las emergencias no aportaron ni
desarrollaron al sector eléctrico en estos años. La matriz energética
elaborada e impulsada por el Ejecutivo no evidencia muchos avances. El
ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, no atendió el pedido de
entrevista realizado por LA HORA para hablar del tema. Según fuentes del Ministerio, el funcionario fue removido de su cargo y será reemplazado hoy en la tarde.
Hasta ahora los proyectos han avanzado poco. Hasta el momento, aún no se contrata a las empresas que reemplazarán a Odebrecht, compañía que fue expulsada del país, señaló Édgar Castro, gerente de construcción del proyecto Toachi Pilatón.
Odebrecht estaba encargada de la construcción de las presas en Baba y en Toachi Pilatón.
Tres tipos de emergencia
El Régimen, desde enero de 2007, cuando se posesionó, ha emitido siete decretos que afectan por diferentes áreas al sector eléctrico, según registra la página web de la Presidencia de la República.
La mayoría, cuatro, se emitieron para garantizar el abastecimiento de combustibles en las empresas de generación térmica. De esa forma se da crédito a esas empresas para garantizar el funcionamiento de las máquinas.
Según explicaron técnicos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), solo con el funcionamiento de las plantas de generación térmica se cubre el 100 por ciento de la demanda de energía eléctrica en el país.
Otros dos se emitieron para declarar la emergencia en el sector eléctrico en todo el país. Los ministros de Electricidad, Economía y Finanzas y el Consejo Nacional de Electricidad debían encargarse de su ejecución.
La intención era facilitar los recursos y agilitar los procesos para la contratación y la ejecución de las obras en las centrales hidroeléctricas. Finalmente hubo otro decreto para afrontar las consecuencias de la terminación de los contratos con Odebrecht.
La salida de Odebrecht
Adicionalmente, uno para atender la ‘emergencia’ que se podía generar luego de la salida de la empresa brasileña Odebrecht. La compañía, que construyó la central hidroeléctrica San Francisco, tenía a su cargo la ejecución de obras en Toachi Pilatón y Baba.
Los problemas de San Francisco, que obligaron a parar la generación en esa central, determinaron que el presidente Rafael Correa suspenda los contratos que el Gobierno tenía con Odebrecht.
El Mandatario emitió el decreto 1348 declarando la emergencia debido a que San Francisco dejó de operar. Eso por “el progresivo proceso de disminución de eficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica”.
