El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Marcos Martínez, indicó que el proyecto de ley no puede denominarse “civilista”, sino “democrático”, porque es construido por militares y civiles, entendiendo que no puede existir seguridad sin desarrollo.
La visión de los organismos de inteligencia de espionaje y pesquisa queda atrás, para dar paso a una propuesta integral, a fin de prevenir los riesgos y amenazas a la población, indicó Martínez.
Se establece un adecuado control político, a través de la Asamblea: en lo económico, por medio de la Contraloría; y, también judicial, para todos los organismos de seguridad pública y de inteligencia, agregó.
Respecto a la clasificación de la información reservada, secreta y secretísima, aseguró que el organismo está abierto al diálogo para reconsiderar esta división.
Entre tanto, la comisionada Pilar Núñez, vicepresidenta de la Comisión, resaltó la categorización planteada para el Consejo máximo consultivo que guiará las decisiones de la Presidencia de la República, por tratarse de aspectos “suprasensibles”, tanto en lo interno como externo, lo cual implica la conformación del Consejo de Seguridad a través de las funciones del Estado.
A ello se suma la participación de la ciudadanía en todas las fases, lo cual garantiza los “pesos y contrapesos entre el Estado y la sociedad civil”.
De su lado el comisionado, Héctor Gómez, también integrante de esta Comisión identificó dos virtudes en el proyecto de ley: primero, que en su articulado se previene el aparecimiento de posibles brotes de insurgencia o de malestar por parte de elementos que pretendan desembocar en problemas más graves; y, segundo, tiende a prevenir la vida de los seres humanos, porque nunca como antes se prohíbe que exista persecuciones malintencionadas, por lo que ningún ciudadano estará en indefensión.
La visión de los organismos de inteligencia de espionaje y pesquisa queda atrás, para dar paso a una propuesta integral, a fin de prevenir los riesgos y amenazas a la población, indicó Martínez.
Se establece un adecuado control político, a través de la Asamblea: en lo económico, por medio de la Contraloría; y, también judicial, para todos los organismos de seguridad pública y de inteligencia, agregó.
Respecto a la clasificación de la información reservada, secreta y secretísima, aseguró que el organismo está abierto al diálogo para reconsiderar esta división.
Entre tanto, la comisionada Pilar Núñez, vicepresidenta de la Comisión, resaltó la categorización planteada para el Consejo máximo consultivo que guiará las decisiones de la Presidencia de la República, por tratarse de aspectos “suprasensibles”, tanto en lo interno como externo, lo cual implica la conformación del Consejo de Seguridad a través de las funciones del Estado.
A ello se suma la participación de la ciudadanía en todas las fases, lo cual garantiza los “pesos y contrapesos entre el Estado y la sociedad civil”.
De su lado el comisionado, Héctor Gómez, también integrante de esta Comisión identificó dos virtudes en el proyecto de ley: primero, que en su articulado se previene el aparecimiento de posibles brotes de insurgencia o de malestar por parte de elementos que pretendan desembocar en problemas más graves; y, segundo, tiende a prevenir la vida de los seres humanos, porque nunca como antes se prohíbe que exista persecuciones malintencionadas, por lo que ningún ciudadano estará en indefensión.
