Aunque el proyecto de Ley de Comunicación ha sido uno de los más discutidos dentro y fuera de la Asamblea, los bloques de oposición advierten que un tema que "se pasó por alto" es la regulación de la publicidad oficial, que incluye los enlaces sabatinos, las cadenas nacionales, la publicidad gubernamental y los informes a la nación. La preocupación, a decir de Alfredo Ortíz (ADE), surgió ayer, después de la transmisión de una cadena nacional sobre un accidente de tránsito ocurrido en Quito que involucró al gerente de Diario HOY, Jaime Mantilla Anderson.
"Fue un absurdo utilizar a todos los medios para un tema que no es de interés nacional. Ello evidencia la necesidad de regular el uso de las cadenas, porque, si bien son gratuitas para el Estado, deben servir para informar asuntos relevantes", dijo.
Por lo tanto, consideró que existe "un abuso" por parte del Gobierno y que la Ley de Comunicación debe establecer "cuándo usar esos espacios, cómo distribuirlos entre todas las funciones del Estado y definir los temas de interés nacional".
Lourdes Tibán, asambleísta por PK, fue más radical y sostuvo que la Ley debe prohibir su difusión, porque el Gobierno emplea las cadenas para "humillar a sus detractores, sin que ellos tengan el mismo acceso a los medios. Las cadenas deben ser voluntarias, no obligatorias, pues han perdido legitimidad", sostuvo.
Con ella coincidió Andrés Páez, asambleísta de la ID, que se mostró partidario de limitar las cadenas "para evitar estos destiladeros de odios y de miserias humanas". Dijo esperar un pronunciamiento de la Comisión de Comunicación sobre el abuso de las cadenas.
Para César Ricaurte, director de Fundamedios, la cadena nacional es un recurso del Gobierno estipulado en la Ley de Radiodifusión y Televisión, para informar a la población sobre temas trascendentes, y puntualizó que, de allí, deviene la obligatoriedad de los medios de transmitirlas.
"Pero, ese recurso sirve para atacar a quienes el Gobierno considera adversarios políticos, incluidos los medios de comunicación y periodistas", aseguró.
Según Ricaurte, el Gobierno ha transmitido unas 217 cadenas en 2009. De acuerdo con la tabla de costos de tres empresas de publicidad consultadas por este Diario, es costo de cada cadena oscilaría entre $3 500 y $6 000.
De su lado, Gina Godoy, coordinadora del bloque oficialista Alianza País, aunque señaló que las cadenas deben ser usadas para "activar una alerta en temas que involucren la seguridad del Estado o una pandemia, por ejemplo", defendió el uso de esa herramienta por parte del Gobierno, porque, dijo, sirve para contar una verdad no dicha por los medios y que la ciudadanía necesita conocer.
Esa posición es desvirtuada por Henry Holguín, editor general de diario Extra. Ese medio también fue acusado, mediante una cadena nacional, de haber desencadenado los disturbios en la escuela Riobamba, al sur de Quito.
"Se trata de un ataque escalonado en contra de varios medios con el fin de minar su credibilidad y abrirle paso a los medios oficiales", sostuvo Holguín, quien denunció que la información de la cadena de la semana pasada fue manipulada.(hoy)
"Fue un absurdo utilizar a todos los medios para un tema que no es de interés nacional. Ello evidencia la necesidad de regular el uso de las cadenas, porque, si bien son gratuitas para el Estado, deben servir para informar asuntos relevantes", dijo.
Por lo tanto, consideró que existe "un abuso" por parte del Gobierno y que la Ley de Comunicación debe establecer "cuándo usar esos espacios, cómo distribuirlos entre todas las funciones del Estado y definir los temas de interés nacional".
Lourdes Tibán, asambleísta por PK, fue más radical y sostuvo que la Ley debe prohibir su difusión, porque el Gobierno emplea las cadenas para "humillar a sus detractores, sin que ellos tengan el mismo acceso a los medios. Las cadenas deben ser voluntarias, no obligatorias, pues han perdido legitimidad", sostuvo.
Con ella coincidió Andrés Páez, asambleísta de la ID, que se mostró partidario de limitar las cadenas "para evitar estos destiladeros de odios y de miserias humanas". Dijo esperar un pronunciamiento de la Comisión de Comunicación sobre el abuso de las cadenas.
Para César Ricaurte, director de Fundamedios, la cadena nacional es un recurso del Gobierno estipulado en la Ley de Radiodifusión y Televisión, para informar a la población sobre temas trascendentes, y puntualizó que, de allí, deviene la obligatoriedad de los medios de transmitirlas.
"Pero, ese recurso sirve para atacar a quienes el Gobierno considera adversarios políticos, incluidos los medios de comunicación y periodistas", aseguró.
Según Ricaurte, el Gobierno ha transmitido unas 217 cadenas en 2009. De acuerdo con la tabla de costos de tres empresas de publicidad consultadas por este Diario, es costo de cada cadena oscilaría entre $3 500 y $6 000.
De su lado, Gina Godoy, coordinadora del bloque oficialista Alianza País, aunque señaló que las cadenas deben ser usadas para "activar una alerta en temas que involucren la seguridad del Estado o una pandemia, por ejemplo", defendió el uso de esa herramienta por parte del Gobierno, porque, dijo, sirve para contar una verdad no dicha por los medios y que la ciudadanía necesita conocer.
Esa posición es desvirtuada por Henry Holguín, editor general de diario Extra. Ese medio también fue acusado, mediante una cadena nacional, de haber desencadenado los disturbios en la escuela Riobamba, al sur de Quito.
"Se trata de un ataque escalonado en contra de varios medios con el fin de minar su credibilidad y abrirle paso a los medios oficiales", sostuvo Holguín, quien denunció que la información de la cadena de la semana pasada fue manipulada.(hoy)
