El proceso de fiscalización documental que está previsto para cuatro ministros de Estado y dos funcionarios públicos aún no se lleva a cabo por parte de las comisiones que efectuarán los respectivos casos.
Según la Secretaría de la Asamblea, los legisladores tendrán hasta el 20 de noviembre para emitir un informe favorable o desfavorable de la indagación en contra de los funcionarios.
El proceso de fiscalización inició el 29 de octubre, tras la calificación de los procesos por parte del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Los funcionarios serán fiscalizados porque no asistieron a las reuniones convocadas por las comisiones y porque no entregaron la documentación e informes que requerían los legisladores.
El asambleísta Ángel Vilema informó que el bloque PAIS decidirá el proceso que llevarán adelante en contra de los ministros de Estado y los funcionarios públicos. El equipo de asesores de las comisiones de la Asamblea aseguraron que hasta el momento no se cuenta con una resolución; sin embargo se prevé que hasta el jueves los funcionarios sean notificados.
El único juicio político que lleva adelante la Asamblea es en contra de Gloria Sabando, superintendenta de Bancos
Los ministros que serán llamados a la Asamblea son: de Educación, Raúl Vallejo; de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz; el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Germánico Pinto; y, al ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza.
En la lista de los funcionarios para fiscalización se encuentran el director del Hospital Isidro Ayora, Humberto Navas López; y, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Benjamín Cevallos Solórzano.
Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, el 29 de octubre recordó que el proceso de fiscalización responde en este caso al Art. 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las comisiones especializadas permanentes, tienen que conocer el pedido y requerir al funcionario por escrito que conteste o que complete la información.
Cuando sean notificados los funcionarios, en un plazo de 15 días, comparecerán en persona ante la comisión, previa convocatoria. Si el funcionario público no comparece, será causal de enjuiciamiento político…”, informó Cordero.
Galo Lara, asambleísta de la Comisión de Fiscalización, confirmó que hasta el momento la mesa no recibió ninguna notificación sobre la convocatoria a los ministros.
Hasta el momento el único juicio político que se lleva adelante en la Asamblea es el que se planteó a Gloria Sabando, superintendenta de Bancos, y lo tramita la Comisión de Fiscalización. El caso se realiza porque no hubo control en los precios para la contratación de pólizas con la empresa de Seguros Sucre.
Lara informó que mañana, a partir de las 16:h00, en la Comisión de Fiscalización, se realizará una exposición de lo actuado en el caso y anunciará el proceso de enjuiciamiento penal con las debidas medidas preventivas, en contra de Sabando ante el Fiscal General de la Nación.
Otro caso que aún no se concreta para juicio es el que plantearían cuatro jefes de bloques en contra del ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz. Los legisladores iniciaron la recolección de firmas.
Según la Secretaría de la Asamblea, los legisladores tendrán hasta el 20 de noviembre para emitir un informe favorable o desfavorable de la indagación en contra de los funcionarios.
El proceso de fiscalización inició el 29 de octubre, tras la calificación de los procesos por parte del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Los funcionarios serán fiscalizados porque no asistieron a las reuniones convocadas por las comisiones y porque no entregaron la documentación e informes que requerían los legisladores.
El asambleísta Ángel Vilema informó que el bloque PAIS decidirá el proceso que llevarán adelante en contra de los ministros de Estado y los funcionarios públicos. El equipo de asesores de las comisiones de la Asamblea aseguraron que hasta el momento no se cuenta con una resolución; sin embargo se prevé que hasta el jueves los funcionarios sean notificados.
El único juicio político que lleva adelante la Asamblea es en contra de Gloria Sabando, superintendenta de Bancos
Los ministros que serán llamados a la Asamblea son: de Educación, Raúl Vallejo; de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz; el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Germánico Pinto; y, al ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza.
En la lista de los funcionarios para fiscalización se encuentran el director del Hospital Isidro Ayora, Humberto Navas López; y, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Benjamín Cevallos Solórzano.
Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, el 29 de octubre recordó que el proceso de fiscalización responde en este caso al Art. 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las comisiones especializadas permanentes, tienen que conocer el pedido y requerir al funcionario por escrito que conteste o que complete la información.
Cuando sean notificados los funcionarios, en un plazo de 15 días, comparecerán en persona ante la comisión, previa convocatoria. Si el funcionario público no comparece, será causal de enjuiciamiento político…”, informó Cordero.
Galo Lara, asambleísta de la Comisión de Fiscalización, confirmó que hasta el momento la mesa no recibió ninguna notificación sobre la convocatoria a los ministros.
Hasta el momento el único juicio político que se lleva adelante en la Asamblea es el que se planteó a Gloria Sabando, superintendenta de Bancos, y lo tramita la Comisión de Fiscalización. El caso se realiza porque no hubo control en los precios para la contratación de pólizas con la empresa de Seguros Sucre.
Lara informó que mañana, a partir de las 16:h00, en la Comisión de Fiscalización, se realizará una exposición de lo actuado en el caso y anunciará el proceso de enjuiciamiento penal con las debidas medidas preventivas, en contra de Sabando ante el Fiscal General de la Nación.
Otro caso que aún no se concreta para juicio es el que plantearían cuatro jefes de bloques en contra del ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz. Los legisladores iniciaron la recolección de firmas.
