El mandatario de facto de Honduras, Roberto Micheletti, anunció este jueves que se apartará temporalmente del gobierno del 25 de noviembre al 2 de diciembre para que la atención se centre en las elecciones del 29 de noviembre, mientras que Manuel Zelaya pidió que se aplacen para poder "legitimarlas".
"Pretendo ausentarme del ejercicio de mis funciones públicas por un periodo que podría iniciar el 25 de noviembre y concluir el 2 de diciembre", dijo Micheletti en un mensaje por cadena de radio y televisión.
"Mi propósito con esta medida es que la atención de todos los hondureños y hondureñas esté concentrada en el proceso electoral y no en la crisis política", añadió.
El 2 de diciembre es la fecha prevista por el Congreso Nacional para pronunciarse sobre la restitución de Zelaya en el poder, según contempla el acuerdo San José/Tegucigalpa suscrito el pasado 30 de octubre bajo los auspicios de Estados Unidos.
Micheletti, quien no dijo quién le reemplazará durante el tiempo que permanezca apartado del poder, advirtió que si "lamentablemente ocurriere un trastorno general del orden y de la seguridad, que amenace la paz de la nación y la tranquilidad del pueblo hondureño (...) reasumiré inmediatamente mis funciones" para "garantizar el orden".
Poco antes, Zelaya, depuesto en el golpe de Estado del 28 de junio, había pedido el aplazamiento de los comicios generales para poder "legitimarlos".
"Posponer las elecciones debe ser una condición que permita legitimarlas, que nos devuelva al estado de derecho, al orden constitucional y la credibilidad internacional con un acuerdo político", señaló Zelaya en un comunicado tras anunciar que impugnaría el proceso legalmente.
El mandatario depuesto, que este sábado cumple dos meses refugiado en la embajada de Brasil, estimó que "la convocatoria a elecciones generales ordinarias en un Estado de facto, sin que previamente se haya restaurado la democracia e instalado el gobierno de unidad y reconciliación, es una aberración jurídica, una burla y un engaño al pueblo".
Micheletti pidió "al ciudadano" Zelaya que "honre" los preceptos de la ley electoral, guardando "el más profundo silencio y respeto" así como "el acuerdo Tegucigalpa/San José que voluntariamente suscribimos". Poco antes le había pedido que evitara un "derramamiento" de sangre.
Zelaya no hizo esperar su respuesta ante el anuncio de Micheletti de dejar temporalmente el poder, al que ha tildado de "burda maniobra" para "tratar de disimular esta situación grave".
El gobierno de facto mantiene la celebración de las elecciones generales para el 29 de noviembre, contando para ello con el apoyo de Estados Unidos, mientras el resto de la comunidad internacional ha anunciado que no reconocerá los comicios si antes no se restituye a Zelaya en el poder.
Las Fuerzas Armadas, con unos 12.000 activos y 5.000 reservistas, más la policía, con 14.000 elementos, se declararon listos para garantizar la seguridad y enfrentar el boicot a las elecciones anunciado por los partidarios de Zelaya.
Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, dijo que la constitución de un gobierno de unidad nacional, previsto en el acuerdo suscripto, es clave para salir de la crisis política en Honduras, y criticó a ambas partes por no haber cumplido con ello.
"La formación de este gobierno de unidad nacional es importante, porque parte de todo este proceso tiene que ver con la reconciliación", declaró Kelly ante la prensa.
El Acuerdo de San José/Tegucigalpa, que se firmó bajo el auspicio de la diplomacia norteamericana el 30 de octubre, establecía el 5 de noviembre como fecha límite para el establecimiento de un nuevo gobierno de reconciliación.
Por otra parte, Kelly dijo que Estados Unidos está "preocupado por la situación de los derechos humanos" en Honduras, donde se ha informado de detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y restricciones a la libertad de expresión.
"Pretendo ausentarme del ejercicio de mis funciones públicas por un periodo que podría iniciar el 25 de noviembre y concluir el 2 de diciembre", dijo Micheletti en un mensaje por cadena de radio y televisión.
"Mi propósito con esta medida es que la atención de todos los hondureños y hondureñas esté concentrada en el proceso electoral y no en la crisis política", añadió.
El 2 de diciembre es la fecha prevista por el Congreso Nacional para pronunciarse sobre la restitución de Zelaya en el poder, según contempla el acuerdo San José/Tegucigalpa suscrito el pasado 30 de octubre bajo los auspicios de Estados Unidos.
Micheletti, quien no dijo quién le reemplazará durante el tiempo que permanezca apartado del poder, advirtió que si "lamentablemente ocurriere un trastorno general del orden y de la seguridad, que amenace la paz de la nación y la tranquilidad del pueblo hondureño (...) reasumiré inmediatamente mis funciones" para "garantizar el orden".
Poco antes, Zelaya, depuesto en el golpe de Estado del 28 de junio, había pedido el aplazamiento de los comicios generales para poder "legitimarlos".
"Posponer las elecciones debe ser una condición que permita legitimarlas, que nos devuelva al estado de derecho, al orden constitucional y la credibilidad internacional con un acuerdo político", señaló Zelaya en un comunicado tras anunciar que impugnaría el proceso legalmente.
El mandatario depuesto, que este sábado cumple dos meses refugiado en la embajada de Brasil, estimó que "la convocatoria a elecciones generales ordinarias en un Estado de facto, sin que previamente se haya restaurado la democracia e instalado el gobierno de unidad y reconciliación, es una aberración jurídica, una burla y un engaño al pueblo".
Micheletti pidió "al ciudadano" Zelaya que "honre" los preceptos de la ley electoral, guardando "el más profundo silencio y respeto" así como "el acuerdo Tegucigalpa/San José que voluntariamente suscribimos". Poco antes le había pedido que evitara un "derramamiento" de sangre.
Zelaya no hizo esperar su respuesta ante el anuncio de Micheletti de dejar temporalmente el poder, al que ha tildado de "burda maniobra" para "tratar de disimular esta situación grave".
El gobierno de facto mantiene la celebración de las elecciones generales para el 29 de noviembre, contando para ello con el apoyo de Estados Unidos, mientras el resto de la comunidad internacional ha anunciado que no reconocerá los comicios si antes no se restituye a Zelaya en el poder.
Las Fuerzas Armadas, con unos 12.000 activos y 5.000 reservistas, más la policía, con 14.000 elementos, se declararon listos para garantizar la seguridad y enfrentar el boicot a las elecciones anunciado por los partidarios de Zelaya.
Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, dijo que la constitución de un gobierno de unidad nacional, previsto en el acuerdo suscripto, es clave para salir de la crisis política en Honduras, y criticó a ambas partes por no haber cumplido con ello.
"La formación de este gobierno de unidad nacional es importante, porque parte de todo este proceso tiene que ver con la reconciliación", declaró Kelly ante la prensa.
El Acuerdo de San José/Tegucigalpa, que se firmó bajo el auspicio de la diplomacia norteamericana el 30 de octubre, establecía el 5 de noviembre como fecha límite para el establecimiento de un nuevo gobierno de reconciliación.
Por otra parte, Kelly dijo que Estados Unidos está "preocupado por la situación de los derechos humanos" en Honduras, donde se ha informado de detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y restricciones a la libertad de expresión.
