Para tratar de reducir la presión democrática por la aprobación del proyecto de ley de comunicación por parte de los asambleístas de Gobierno, el presidente de la Asamblea, también de PAIS, Fernando Cordero, definió que el primer debate del texto en el pleno se dé el 10 de diciembre.
“La fecha es una estrategia de Alianza PAIS. Primero, para que entre ellos mismos se pongan de acuerdo y, segundo, para bajar los ánimos y coger desmovilizada a la opinión pública”, opina Fausto Cobo (PSP).
Pero, según Cordero, el motivo es que hay otras leyes que esperan ser debatidas, como la de deporte y cultura. Así, la de comunicación se tratará entre las fiestas de Quito y la Navidad.
El titular parlamentario se refirió ayer a las publicaciones de prensa sobre el proyecto de ley y las calificó como “una crónica de 60 días, llena de prejuicios y groseramente puesta en público”.
Al respecto también dijo que le parece “un abuso” que los medios hayan gastado millones de dólares “para confundir al Ecuador”. Por eso reiteró que este proyecto de corte oficialista es susceptible de cambios en el Pleno.
Decenas de analistas nacionales e internacionales han definido a la ley como un atentado a los derechos humanos y que la democracia no tiene futuros promisorios en el país, lo cual ha sido recogido por los medios las últimas semanas y no agradó a Cordero.
Por ejemplo, el legislador socialdemócrata Andrés Páez advirtió ayer que la creación del Consejo de Comunicación pone en peligro la libertad de expresión, al someter a los medios al control de contenidos de modo que nada que no se articule al discurso oficialista, pueda ser publicado. "No olvidemos que la prensa revela el lado oscuro de las actuaciones" precisó en un comunicado.
Sin embargo, el titular del Legislativo prometió que si el texto contiene algunos de los elementos denunciados por la prensa “yo seré el primero que pida que se lo bote a la basura”.
Tal afirmación causó el rechazo de su compañera de movimiento, la presidenta de la Comisión de Comunicación, Betty Carrillo, quien aseveró que aunque el documento podrá ser modificado, “jamás pondría el trabajo en el tacho de la basura”.
La Comisión entregará hoy a la Secretaría de la Asamblea el informe para primer debate. Sin embargo, aún está pendiente la aprobación de las disposiciones transitorias, derogatorias y generales.
El documento reposará hasta el día del debate, el 10 de diciembre, cuando PAIS calcula que las aguas se calmen. A partir de la culminación de la discusión habrá 45 días para que la mesa legislativa vuelva a revisar el texto e incorpore las observaciones de los asambleístas.
De allí surgirá el borrador para el segundo debate, el cual también podrá cambiarse según las propuestas que surjan en el Pleno. Ese mismo día los legisladores votarán para que la Ley sea aprobada o negada.
Ayer, la Comisión reconsideró la votación de cuatro artículos aprobados el miércoles, dos de los cuales quedaron eliminados: el 31 y el 103.
En cambio, los artículos modificados fueron el 40 y el 78. El primero establece que las radios de programación en español difundan el 50% de música nacional y el 50% de música extranjera.
El segundo descarta la obligación de que los tres miembros de la sociedad civil que conformarán el Consejo de Comunicación tengan título universitario. El miércoles se dispuso ese requisito, pero solo para los ciudadanos, pues los dos delegados del Ejecutivo no debían cumplir con
eso.
Sorpresivamente, la presidenta de la Comisión de Comunicación de la Asamblea, Betty Carrillo, convocó ayer a los periodistas que realizan la cobertura legislativa a una reunión para escuchar sus observaciones, pese a que el primer borrador ya fue aprobado casi en su totalidad.
Pocos se quedaron en la sala. Los que salieron advirtieron que el diálogo podría convertirse en una trampa para que, en el futuro, la Comisión señale que la ley es producto del consenso con los reporteros.
En cambio, quienes permanecieron, criticaron temas como la obligación de la profesionalización de los comunicadores.
“La fecha es una estrategia de Alianza PAIS. Primero, para que entre ellos mismos se pongan de acuerdo y, segundo, para bajar los ánimos y coger desmovilizada a la opinión pública”, opina Fausto Cobo (PSP).
Pero, según Cordero, el motivo es que hay otras leyes que esperan ser debatidas, como la de deporte y cultura. Así, la de comunicación se tratará entre las fiestas de Quito y la Navidad.
El titular parlamentario se refirió ayer a las publicaciones de prensa sobre el proyecto de ley y las calificó como “una crónica de 60 días, llena de prejuicios y groseramente puesta en público”.
Al respecto también dijo que le parece “un abuso” que los medios hayan gastado millones de dólares “para confundir al Ecuador”. Por eso reiteró que este proyecto de corte oficialista es susceptible de cambios en el Pleno.
Decenas de analistas nacionales e internacionales han definido a la ley como un atentado a los derechos humanos y que la democracia no tiene futuros promisorios en el país, lo cual ha sido recogido por los medios las últimas semanas y no agradó a Cordero.
Por ejemplo, el legislador socialdemócrata Andrés Páez advirtió ayer que la creación del Consejo de Comunicación pone en peligro la libertad de expresión, al someter a los medios al control de contenidos de modo que nada que no se articule al discurso oficialista, pueda ser publicado. "No olvidemos que la prensa revela el lado oscuro de las actuaciones" precisó en un comunicado.
Sin embargo, el titular del Legislativo prometió que si el texto contiene algunos de los elementos denunciados por la prensa “yo seré el primero que pida que se lo bote a la basura”.
Tal afirmación causó el rechazo de su compañera de movimiento, la presidenta de la Comisión de Comunicación, Betty Carrillo, quien aseveró que aunque el documento podrá ser modificado, “jamás pondría el trabajo en el tacho de la basura”.
La Comisión entregará hoy a la Secretaría de la Asamblea el informe para primer debate. Sin embargo, aún está pendiente la aprobación de las disposiciones transitorias, derogatorias y generales.
El documento reposará hasta el día del debate, el 10 de diciembre, cuando PAIS calcula que las aguas se calmen. A partir de la culminación de la discusión habrá 45 días para que la mesa legislativa vuelva a revisar el texto e incorpore las observaciones de los asambleístas.
De allí surgirá el borrador para el segundo debate, el cual también podrá cambiarse según las propuestas que surjan en el Pleno. Ese mismo día los legisladores votarán para que la Ley sea aprobada o negada.
Ayer, la Comisión reconsideró la votación de cuatro artículos aprobados el miércoles, dos de los cuales quedaron eliminados: el 31 y el 103.
En cambio, los artículos modificados fueron el 40 y el 78. El primero establece que las radios de programación en español difundan el 50% de música nacional y el 50% de música extranjera.
El segundo descarta la obligación de que los tres miembros de la sociedad civil que conformarán el Consejo de Comunicación tengan título universitario. El miércoles se dispuso ese requisito, pero solo para los ciudadanos, pues los dos delegados del Ejecutivo no debían cumplir con
eso.
Sorpresivamente, la presidenta de la Comisión de Comunicación de la Asamblea, Betty Carrillo, convocó ayer a los periodistas que realizan la cobertura legislativa a una reunión para escuchar sus observaciones, pese a que el primer borrador ya fue aprobado casi en su totalidad.
Pocos se quedaron en la sala. Los que salieron advirtieron que el diálogo podría convertirse en una trampa para que, en el futuro, la Comisión señale que la ley es producto del consenso con los reporteros.
En cambio, quienes permanecieron, criticaron temas como la obligación de la profesionalización de los comunicadores.
