El gobernador de Bolívar, Carlos Villavicencio, deslindó relación alguna entre el reciente suicidio del armero Cristóbal Alarcón, con el reciente operativo que incautó maquinaria de fabricación clandestina de armas en Chimbo, ocurrido el pasado 24 de marzo.
Según algunas publicaciones de prensa, el suicidio del mencionado ciudadano, quien además mató a su esposa e hija, se produjo tras la crisis económica fruto del operativo legal que se produjo en Bolívar, en base las órdenes de allanamiento respectivas, con la participación de 14 fiscales e intervención de la Policía Nacional, en el que se incautó una importante cantidad de maquinaria para elaborar armas.
Para el gobernador de Bolívar, Carlos Villavicencio, quien dialogó con El Ciudadano, el operativo en cuestión se realizó en el barrio Susanga del cantón Chimbo, una localidad lejana al sitio donde el hoy occiso tenía su taller, es decir la parroquia Asunción. “El sitio está a varios kilómetros de distancia del lugar donde se produjo el operativo”, enfatizó, agregando que la Policía y los fiscales que efectuaron las incautaciones nunca llegaron ni al domicilio ni al taller de Alarcón.
“Esto que quede claro, aquí no hay vinculo alguno por más que quieran forzar la opinión pública y gente interesada en descalificar nuestras acciones frente a actos delincuenciales terribles”, expresó, al tiempo de informar que al armero fallecido se le removió su permiso de fabricación de armas, tras demostrarse que clonaba ilegalmente armamento.
En efecto, según información proveniente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (entidad encargada de legalizar la actividad) hace 1 año, el 25 de febrero de 2009, le fue retirado el correspondiente permiso.
“Es obligación del Estado intervenir donde haya ilegalidad”, explicó la autoridad, ratificando que el operativo realizado fue un deber del Gobierno, dado el riesgo que implica la producción de armamento ilegal en el Ecuador.
Según Villavicencio, entre las causas de la fatal decisión de Alarcón, podrían estar razones de orden económico, sentimental y de salud, lo que –según explicó el gobernador- consta en una carta que dejó el armero fallecido.
Incluso, el gobernador mencionó que “suena muy fuerte en el cantón Chimbo”, una posible vinculación de la producción de armas con grupos “del otro lado parece ser que se trata de grupos delincuenciales a los que se refieren los armeros, que venían a ofrecerles grandes sumas de dinero para que reparen armas y vayan a construir otro tipo de armas”, explicó, al tiempo de relatar que la carta dejada por Alarcón tiene visos de este tipo de relación. “Esta es otra de las causas que nos pone a pensar que también tuvo que ver con la fatal decisión”, finalizó. / Prensa Presidencial
Según algunas publicaciones de prensa, el suicidio del mencionado ciudadano, quien además mató a su esposa e hija, se produjo tras la crisis económica fruto del operativo legal que se produjo en Bolívar, en base las órdenes de allanamiento respectivas, con la participación de 14 fiscales e intervención de la Policía Nacional, en el que se incautó una importante cantidad de maquinaria para elaborar armas.
Para el gobernador de Bolívar, Carlos Villavicencio, quien dialogó con El Ciudadano, el operativo en cuestión se realizó en el barrio Susanga del cantón Chimbo, una localidad lejana al sitio donde el hoy occiso tenía su taller, es decir la parroquia Asunción. “El sitio está a varios kilómetros de distancia del lugar donde se produjo el operativo”, enfatizó, agregando que la Policía y los fiscales que efectuaron las incautaciones nunca llegaron ni al domicilio ni al taller de Alarcón.
“Esto que quede claro, aquí no hay vinculo alguno por más que quieran forzar la opinión pública y gente interesada en descalificar nuestras acciones frente a actos delincuenciales terribles”, expresó, al tiempo de informar que al armero fallecido se le removió su permiso de fabricación de armas, tras demostrarse que clonaba ilegalmente armamento.
En efecto, según información proveniente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (entidad encargada de legalizar la actividad) hace 1 año, el 25 de febrero de 2009, le fue retirado el correspondiente permiso.
“Es obligación del Estado intervenir donde haya ilegalidad”, explicó la autoridad, ratificando que el operativo realizado fue un deber del Gobierno, dado el riesgo que implica la producción de armamento ilegal en el Ecuador.
Según Villavicencio, entre las causas de la fatal decisión de Alarcón, podrían estar razones de orden económico, sentimental y de salud, lo que –según explicó el gobernador- consta en una carta que dejó el armero fallecido.
Incluso, el gobernador mencionó que “suena muy fuerte en el cantón Chimbo”, una posible vinculación de la producción de armas con grupos “del otro lado parece ser que se trata de grupos delincuenciales a los que se refieren los armeros, que venían a ofrecerles grandes sumas de dinero para que reparen armas y vayan a construir otro tipo de armas”, explicó, al tiempo de relatar que la carta dejada por Alarcón tiene visos de este tipo de relación. “Esta es otra de las causas que nos pone a pensar que también tuvo que ver con la fatal decisión”, finalizó. / Prensa Presidencial
