El 5 de junio de 2007, Día Mundial del Ambiente, mientras los propietarios de las industrias que más contaminan el mundo exigían a los Gobiernos actuar contra el calentamiento global, el presidente Rafael Correa, que tenía 140 días en el poder, anunció una propuesta inédita en el mundo: dejar bajo tierra cerca de 1 millón de barriles de petróleo de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), cuya explotación le generaría al Estado ingresos anuales por unos $700 millones.
El ITT está ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní (PNY), declarado por la UNESCO como una de las 17 últimas reservas ecológicas del pleistoceno.
Según datos oficiales, en una hectárea del Yasuní hay más diversidad de árboles que la existente en los EEUU y el Canadá juntos, además de que viven en esa zona los llamados pueblos no contactados, que están en proceso de extinción, como los Tagaeri, Taromenane y otras nacionalidades huaoranis.
Milagros Aguirre, estudiosa de esas nacionalidades afectadas ya por la explotación maderera, minera y por la colonización agresiva, asegura que la explotación del bloque ITT terminaría por cerrar el círculo de presión sobre esos pueblos, lo cual generaría graves conflictos e inclusive la desaparición de esas etnias.
Por ello, el Gobierno del Ecuador, uno de los países más pequeños y pobres de América Latina, lanzó su propio plan para contribuir con la protección del medio ambiente. Para no explotar ese crudo y evitar así la generación de unos 440 millones de toneladas métricas de CO², cuya limpieza demandaría una inversión de $8 800 millones, Correa pide desde hace tres años a la comunidad internacional financiar la creación de un fideicomiso por la mitad de ese valor, cuyos recursos serían destinados para obras de desarrollo prioritarias para el país, como proyectos hidroeléctricos, geotérmicos y eólicos, para producir electricidad y con ello declarar la moratoria en la extracción petrolera en esa zona.
Los inicios del proyecto. Alberto Acosta, uno de los principales ideólogos de la propuesta, era por entonces ministro de Energía y empezó a promocionar la novedosa idea en la Cumbre Energética de Sudamérica, realizada en Venezuela en abril de 2007.
Pese a su discurso de respaldo al plan, Correa le fijó a Acosta un plazo de ocho meses para concretarlo; de lo contrario, ha venido diciendo desde entonces que la segunda opción es una licitación internacional para la explotación de ese petróleo, proceso que la estatal Petroecuador lo ha venido preparando simultáneamente desde ese mismo año.
Para finales de 2007, se creó una Comisión Técnica a la que se le encargó la promoción de la iniciativa Yasuní-ITT. Hasta inicios de este año, esta estuvo integrada por los reconocidos ecologistas Yolanda Kakabadse, actual presidenta del WWF, y Roque Sevilla, principal de Metropolitang Touring, además del ex canciller Fander Falconí, también parte del grupo de ideólogos del plan antiextractivo.
Los tres renunciaron luego de que Rafael Correa no acudió a la reunión de Copenhague en diciembre pasado, evento en el cual se tenía previsto firmar el fideicomiso. El mandatario aseguró que desistió de suscribir el documento porque atentaba contra la soberanía del Ecuador y mandó a los países interesados en apoyar la propuesta "a meterse sus centavos por las orejas". Sevilla informó la semana pasada en la Asamblea Nacional que habían logrado que países como Alemania, España, Bélgica, Suecia e Italia confirmen una aportación de $ 1700 millones.
Sevilla denunció que la posición de Correa obedecía a presiones de funcionarios cercanos al jefe de Estado, entre los que mencionó al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera , afín a empresas petroleras interesadas en la explotación del ITT.
El fideicomiso. Luego de casi tres meses de ese incidente y de que varios sectores y analistas han denunciado que el plan extractivo estaría más avanzado que el conservacionista, la ministra de Patrimonio y coordinadora del nuevo equipo que impulsa la iniciativa Yasuní-ITT, informó la semana pasada que el nuevo fideicomiso había sido aprobado por el presidente Correa y remitido a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Nueva York, para su aprobación.
El organismo actuará como administrador del fideicomiso que se creará al amparo de un tratado internacional. Carlos Larrea, secretario técnico de la iniciativa, indicó que el Gobierno espera una respuesta rápida del PNUD, a fin de cumplir su objetivo de suscribir el documento en la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático, que se realizará en Cochabamba (Bolivia), el 22 de este mes, cita a la que el presidente Rafael Correa ya confirmó su asistencia.
