jueves, 1 de abril de 2010

Ecuador busca mecanismos legales para nulitar fallo ante la haya


El presidente Rafael Correa calificó como una retaliación al Ecuador el fallo del Tribunal de la Haya, conformado bajo las normas de las Naciones Unidas, en favor de la petrolera estadounidense Chevron-Texaco.

“Hemos tenido una muy mala noticia, el país perdió un juicio, un arbitraje por 700 millones de dólares, culpa de la lentitud de la administración de justicia y de la persecución que ha desencadenado Chevron contra el país. Nos están desprestigiando por todo lado”.

El Jefe de Estado dijo que parte de la campaña de desprestigio de ese “monstruo multinacional” son las publicaciones de The Economist. “La revista, que es de Chevron, en todas las ediciones saca que aquí hay lavado de dinero”.

El canciller Ricardo Patiño anunció una reunión del Ejecutivo con los asesores legales y la Procuraduría del Estado para conocer los detalles de la decisión arbitral del Tribunal. No obstante, dijo que el juicio no está perdido y que existen otras instancias de apelación.

Pero el procurador Diego García explicó que en este caso no cabe una apelación. “Estamos estudiando la posibilidad de una acción de anulación del laudo”, dijo. Según el funcionario, solo después de analizar las 265 páginas del fallo arbitral podrá decidir qué hará el país en este caso.

Mientras tanto, la defensa concentrará sus esfuerzos en el cálculo del monto que el Ecuador debería pagar a la petrolera, que pidió el arbitraje ante las supuestas violaciones al tratado de inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, por las demoras en la resolución de siete procesos judiciales que interpuso contra Petroecuador entre 1991 y 1993.

Ambas partes deberán acordar el monto a pagar hasta el 31 de mayo, cuando la propuesta deberá entregarse al tribunal.

El laudo habla de una compensación de 698,6 millones de dólares: de ellos, 354,5 millones corresponden a capital y 344 millones a intereses.

Pero el procurador García calcula una reducción de al menos 87,3% que correspondería a los impuestos que la petrolera debía cancelar por sus operaciones, especialmente por Impuesto a la Renta.