QUITO. La deuda que el Estado mantiene con el IESS, por servicios médicos a los jubilados, asciende a $ 678 millones.Los incumplimientos en los convenios de pago firmados entre el Gobierno y el IESS, desde el 2008, no son objeto de control ni fiscalización de la Superintendencia de Bancos ni la Asamblea Nacional.
Ambos organismos no han tomado acciones sobre la falta de pago de servicios médicos al cual este Gobierno se comprometió en el 2008 y que entre enero del 2002 y septiembre del 2010 asciende a $ 678 millones y del establecimiento del déficit actuarial del IESS junto a un mecanismo de pago, que debía hacérselo hasta diciembre del 2008.
La asambleísta Nívea Vélez (municipalista), de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, denunció ayer que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) exoneró al presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González, de cualquier tipo de rendición de cuentas.
La asambleísta explicó que pidió la comparecencia de González, luego de que sistemáticamente se ha opuesto a entregar información sobre las deudas del Gobierno al IESS. Sin embargo, el 14 de febrero pasado, Andrés Segovia, procurador de la Asamblea, desechó el pedido de Vélez argumentando que González no está en la lista de funcionarios que pueden ser enjuiciados políticamente.
Para Vélez. este pronunciamiento “es una vergüenza”, pues el hombre que más dinero maneja en el país no tiene a quién rendir cuentas.
El asambleísta Línder Altafuya (MPD) criticó que la Superintendencia de Bancos no acató las normas legales, con respecto a un pedido que él hizo para que se destituyeran a las principales autoridades del IESS, por no cobrar las deudas al Estado.
Recordó que la exsuperintendenta Gloria Sabando “nunca movió un dedo” para ejercer su facultad controladora, inclusive, la Asamblea no dio paso al enjuiciamiento político que él propuso en ese momento.
De acuerdo con Carmen Corral, exintendenta de Seguridad Social, la Superintendencia debería pedir cuentas a los responsables sobre el porqué no se ha cumplido el acta de mayo del 2008, en la cual constaba que se cumpliría con el pago de los servicios médicos.
Sobre el déficit actuarial, Corral dijo que se conoce que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) realizó un informe hasta el 2007, pero este aún no se transparenta.
Entre tanto, González aseguró que el Gobierno está cumpliendo con sus obligaciones con la Seguridad Social. Aunque reconoció que hay un saldo de los servicios de salud, el cual se podrá cancelar luego de hacer un cruce de cuentas.
Aseguró que cuando tengan las cifras se sentarán con el Ministro de Finanzas para establecer los mecanismos de pago de la deuda.
