La denominada mayoría del Consejo de la Judicatura (CJ) intenta desacreditar y restar importancia al juicio político que se tramita en la Asamblea. Seis de sus vocales, liderados por el presidente del organismo, Benjamín Cevallos, cuestionaron el pasado martes el procedimiento, y ayer algunos decidieron no comparecer a la Comisión de Fiscalización.
A la mesa acudieron tres vocales de minoría: Ulpiano Salazar y Marco Tulio Cordero y Oswaldo Domínguez; y faltaron otros tres: Cevallos, Hernán Jaramillo, Luis Germán Vásquez. Hasta el cierre de esta edición el juez Homero Tinoco tampoco confirmó su presencia.
Cevallos justificó su ausencia en que su derecho a la defensa en este proceso fue limitado. Señaló que expondrá sus pruebas de descargo por escrito.
Las acusaciones se centran contra Cevallos y Vásquez por su supuesta interferencia en los procesos judiciales.
Las críticas no solo provienen del interpelante, que es el asambleísta Mauro Andino (AP), sino de los integrantes de minoría de la CJ.
Durante su comparecencia en la Comisión, Salazar enfatizó que Cordero, Domínguez y él solicitaron a sus colegas que se pronuncien frente a las denuncias de usura y estafa presentadas por el ciudadano Francisco Gallegos, pero que la mayoría armada por el presidente Cevallos no tomó resoluciones adecuadas en ese caso.
Salazar ratificó que el CJ no puede intervenir en investigaciones de declaraciones de bienes de los vocales, sino que esa es una labor de la Contraloría.
Resaltó que el organismo, pese a los problemas, sí realizó un proceso de depuración al destituir a 477 servidores, suspender sin sueldo a 277 funcionarios, imponer multas a 818 y amonestar por escrito a 586 funcionarios judiciales.
Domínguez denunció que en la CJ existe una mayoría que aplica la ley a su conveniencia y que en muchas ocasiones oculta información.
En tanto, el legislador Ramiro Terán (MPD) aseguró que el juicio es una venganza que inició el interpelante Andino porque su hermano Wilson no fue calificado en el 2006 para ser presidente de la Corte de Chimborazo.
A la mesa acudieron tres vocales de minoría: Ulpiano Salazar y Marco Tulio Cordero y Oswaldo Domínguez; y faltaron otros tres: Cevallos, Hernán Jaramillo, Luis Germán Vásquez. Hasta el cierre de esta edición el juez Homero Tinoco tampoco confirmó su presencia.
Cevallos justificó su ausencia en que su derecho a la defensa en este proceso fue limitado. Señaló que expondrá sus pruebas de descargo por escrito.
Las acusaciones se centran contra Cevallos y Vásquez por su supuesta interferencia en los procesos judiciales.
Las críticas no solo provienen del interpelante, que es el asambleísta Mauro Andino (AP), sino de los integrantes de minoría de la CJ.
Durante su comparecencia en la Comisión, Salazar enfatizó que Cordero, Domínguez y él solicitaron a sus colegas que se pronuncien frente a las denuncias de usura y estafa presentadas por el ciudadano Francisco Gallegos, pero que la mayoría armada por el presidente Cevallos no tomó resoluciones adecuadas en ese caso.
Salazar ratificó que el CJ no puede intervenir en investigaciones de declaraciones de bienes de los vocales, sino que esa es una labor de la Contraloría.
Resaltó que el organismo, pese a los problemas, sí realizó un proceso de depuración al destituir a 477 servidores, suspender sin sueldo a 277 funcionarios, imponer multas a 818 y amonestar por escrito a 586 funcionarios judiciales.
Domínguez denunció que en la CJ existe una mayoría que aplica la ley a su conveniencia y que en muchas ocasiones oculta información.
En tanto, el legislador Ramiro Terán (MPD) aseguró que el juicio es una venganza que inició el interpelante Andino porque su hermano Wilson no fue calificado en el 2006 para ser presidente de la Corte de Chimborazo.
