Las investigaciones por la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S) tienen cuatro sospechosos más. Rita Bravo, jueza encargada del juzgado Décimo de Garantías Penales de Pichincha, acogió el pedido del fiscal Jorge Cano.
Los nuevos vinculados en el caso son: el general Florencio Ruiz, excomandante de la Policía; el coronel José Rivadeneira, excomandante Provincial; el sargento Fausto Iza Pallo y el policía Jimmy Camisan.
Para Ruiz, Rivadeneira e Iza, la Jueza emitió una prohibición de salir del país y les conminó a presentarse en el juzgado todos los lunes. Sobre Camisan, en cambio, pesa una orden de prisión preventiva.
El fiscal Jorge Cano sustentó las vinculaciones con videos y versiones. En el caso del general en servicio pasivo, señaló que encontró contradicciones en dos versiones sin juramento que rindió el oficial.
Además presentó videos donde se ve a Ruiz con la tropa y entregando al presidente del Club de Clases de la Policía, Mesías de Jesús Ramón Chávez, un documento, que según Cano, contenía las peticiones de los policías en relación a la Ley de Servicio Público.
Ruiz asumió el cargo de Comandante a inicio de octubre de 2010, en reemplazo de Freddy Martínez.
El abogado de Ruiz, Ricardo Ibarra, dijo que se está haciendo creer que el oficial fue el autor del pliego de peticiones. Denunció, además, que la vinculación en los casos relacionados con el 30-S “es cada vez más politizada”. Además aclaró que su defendido se solidarizó con el Presidente de la República y fue el último en salir del Regimiento Quito No. 1, después del rescate del Jefe de Estado.
En los exteriores de la Fiscalía General, familiares y amigos de los imputados en los hechos del 30-S, realizaron ayer el segundo plantón para exigir transparencia en el proceso.
La asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán, convocó a familiares y abogados de los policías procesados para conformar una comisión y presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La asambleísta señaló que de ser necesario buscará el mecanismo para trasladarse a Costa Rica a la sede de la CIDH, en compañía de los abogados defensores.
También dijo que el presidente Rafael Correa debería reconocer a tiempo su error y poner en libertad a los detenidos.
Los nuevos vinculados en el caso son: el general Florencio Ruiz, excomandante de la Policía; el coronel José Rivadeneira, excomandante Provincial; el sargento Fausto Iza Pallo y el policía Jimmy Camisan.
Para Ruiz, Rivadeneira e Iza, la Jueza emitió una prohibición de salir del país y les conminó a presentarse en el juzgado todos los lunes. Sobre Camisan, en cambio, pesa una orden de prisión preventiva.
El fiscal Jorge Cano sustentó las vinculaciones con videos y versiones. En el caso del general en servicio pasivo, señaló que encontró contradicciones en dos versiones sin juramento que rindió el oficial.
Además presentó videos donde se ve a Ruiz con la tropa y entregando al presidente del Club de Clases de la Policía, Mesías de Jesús Ramón Chávez, un documento, que según Cano, contenía las peticiones de los policías en relación a la Ley de Servicio Público.
Ruiz asumió el cargo de Comandante a inicio de octubre de 2010, en reemplazo de Freddy Martínez.
El abogado de Ruiz, Ricardo Ibarra, dijo que se está haciendo creer que el oficial fue el autor del pliego de peticiones. Denunció, además, que la vinculación en los casos relacionados con el 30-S “es cada vez más politizada”. Además aclaró que su defendido se solidarizó con el Presidente de la República y fue el último en salir del Regimiento Quito No. 1, después del rescate del Jefe de Estado.
En los exteriores de la Fiscalía General, familiares y amigos de los imputados en los hechos del 30-S, realizaron ayer el segundo plantón para exigir transparencia en el proceso.
La asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán, convocó a familiares y abogados de los policías procesados para conformar una comisión y presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La asambleísta señaló que de ser necesario buscará el mecanismo para trasladarse a Costa Rica a la sede de la CIDH, en compañía de los abogados defensores.
También dijo que el presidente Rafael Correa debería reconocer a tiempo su error y poner en libertad a los detenidos.
