Viterbo Cevallos, abogado de los extrabajadores de Cervecería Nacional (CN), que exigen a esta empresa el pago de 90 millones de dólares, por utilidades, demandó ayer de los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, un fallo que incluya indemnizaciones a los familiares de los exempleados.
Esto, durante su intervención en la audiencia pública que busca resolver una acción de protección presentada ante el juez 12 de lo Civil, Pedro Iriarte López, contra el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza.
Roberto Guevera Elizalde, presidente de la Sala, receptó los testimonios de las partes junto a dos jueces suplentes, reemplazante de los titulares Carlos Hoyos Andrade y Camilo Intriago González, quienes se abstuvieron de actuar en la diligencia.
La defensa legal de CN no asistió, pero sí un grupo de abogados que se encargó de tomar nota de los argumentos de las partes a través de grabaciones de audio y video.
En primera instancia, la Sala concedió la palabra al representante del Ministerio de Relaciones Laborales, Juan Calos Quintana, quien demandó el rechazo de la acción por cuanto el ministro Richard Espinoza no estaba facultado para emitir un dictamen contra CN bajo el precedente de la empresa Holcim-Ecuador, que mantuvo un litigio parecido y que la condenó a pagar 35 millones de dólares a sus demandantes. De ahí que el Ministerio Laboral no discriminó a los ex trabajadores y tampoco dio un trato especial a CN.
Diego Romero Castro, delegado del director regional de la Procuraduría del Estado, detalló que en la legislación ecuatoriana no se debe actuar sobre antecedentes. También que el órgano estatal actúa en defensa de los intereses del Estado sin favoritismos a ninguna empresa.
Las tesis de ambos abogados arrancó pifias de los asistentes a la audiencia, por cuanto, según comentaron, defendían a CN y no a los trabajadores ecuatorianos.
Respecto de la versión que dio Patricio Pazmiño, de que Alfredo Larrea, que consta en su declaración de bienes como deudor de 35.000 dólares, no es el hermano del Secretario de la Corte Constitucional, sino otra persona, dijo que no estaba autorizado para hablar de ello.
Pazmiño dijo hace poco tiempo en una entrevista de televisión que su deudor es Alfredo Larrea Cuenca y no Alfredo Larrea Jijón, pero a día seguido los familiares de Larrea Cuenca desmintieron la versión y dijeron que incluso él falleció dos años atrás y que al Presidente de la Corte no lo conocían ni han mantenido ningún tipo de relación.
Esto, durante su intervención en la audiencia pública que busca resolver una acción de protección presentada ante el juez 12 de lo Civil, Pedro Iriarte López, contra el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza.
Roberto Guevera Elizalde, presidente de la Sala, receptó los testimonios de las partes junto a dos jueces suplentes, reemplazante de los titulares Carlos Hoyos Andrade y Camilo Intriago González, quienes se abstuvieron de actuar en la diligencia.
La defensa legal de CN no asistió, pero sí un grupo de abogados que se encargó de tomar nota de los argumentos de las partes a través de grabaciones de audio y video.
En primera instancia, la Sala concedió la palabra al representante del Ministerio de Relaciones Laborales, Juan Calos Quintana, quien demandó el rechazo de la acción por cuanto el ministro Richard Espinoza no estaba facultado para emitir un dictamen contra CN bajo el precedente de la empresa Holcim-Ecuador, que mantuvo un litigio parecido y que la condenó a pagar 35 millones de dólares a sus demandantes. De ahí que el Ministerio Laboral no discriminó a los ex trabajadores y tampoco dio un trato especial a CN.
Diego Romero Castro, delegado del director regional de la Procuraduría del Estado, detalló que en la legislación ecuatoriana no se debe actuar sobre antecedentes. También que el órgano estatal actúa en defensa de los intereses del Estado sin favoritismos a ninguna empresa.
Las tesis de ambos abogados arrancó pifias de los asistentes a la audiencia, por cuanto, según comentaron, defendían a CN y no a los trabajadores ecuatorianos.
Respecto de la versión que dio Patricio Pazmiño, de que Alfredo Larrea, que consta en su declaración de bienes como deudor de 35.000 dólares, no es el hermano del Secretario de la Corte Constitucional, sino otra persona, dijo que no estaba autorizado para hablar de ello.
Pazmiño dijo hace poco tiempo en una entrevista de televisión que su deudor es Alfredo Larrea Cuenca y no Alfredo Larrea Jijón, pero a día seguido los familiares de Larrea Cuenca desmintieron la versión y dijeron que incluso él falleció dos años atrás y que al Presidente de la Corte no lo conocían ni han mantenido ningún tipo de relación.
